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Roberto Rodríguez dice que fue Hipólito Mejía el que contrató a Odebrecht

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El exdirector del Instituto Nacional de aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez, mostró ayer al juez de la Instrucción Especial del caso Odebrecht, que quien adjudicó y le autorizó contratar al consorcio integrado por Odebrecht para el proyecto Acueducto de la Línea Noroeste fue el expresidente Hipólito Mejía.

Mostrando como elementos de prueba reportes del desaparecido periódico El Siglo así como decretos y poderes que le otorgó el entonces presidente Mejía, la defensa al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) negó que él haya recibido soborno para adjudicar el proyecto.

Claudio Stephen mostró que fue durante la primera administración del expresidente Leonel Fernández cuando se adjudicó en modalidad de contrato grado a grado a la también empresa brasileña Andrade Gutiérrez y su contra parte dominicana, Hidráulica Agrícola Civil (Haicivilca) pero que esa adjudicación directa generó muchas reacciones en contra, por lo que una vez Hipólito Mejía fue juramentado como presidente, el 12 se septiembre del 2000, lo anuló y convocó a una licitación.

La defensa mostró, además, que para tales fines, se emitió el decreto 154-01 que designa una comisión de asesores hidráulicos, quienes fueron los que recomendaron al Poder Ejecutivo contratar al consorcio formado por Odebrecht y Amina.

Luego de la recomendación de los asesores y de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el presidente le remite un poder a Roberto Rodríguez que le autoriza a firmar el contrato de adjudicación de la obra al consorcio.

“Esa es una responsabilidad mía, no ha sido pero va a ser asignado y yo soy quien voy a dar el punto final”, dijo el expresidente según relata la edición del periódico de fecha 24 de junio del año del 2001.

Resta crédito a las delaciones
El abogado Stephan quitó credibilidad a las declaraciones del exgerente de Odebrecht, Marco Vasconcelos Cruz, debido a que él no tuvo nada que ver con ese proyecto puesto que quien firmó o era gerente de la compañía en el país para entonces, era Marcelo Jardim. En referencia al cheque que la empresa Arma, propiedad del empresario Ángel Rondón Rijo, emitió a Esther Jiménez Cruz, cuñada del exfuncionario público, el abogado explicó que es insostenible afirmar que dicha transacción era producto de un soborno para la adjudicación del acueducto por dos razones

La primera de las razones por las que el abogado de Rodríguez restó credibilidad a las declaraciones del gerente de Odrebrecht es que, según dijo, los documentos mostrados y depositados al tribunal demuestran que Rodríguez no tuvo incidencia en la adjudicación y segundo, porque ese cheque se emitió en el año 2009 y el contrato con Odebrecht fue en 2002.

Argumentó que en ningún momento el Ministerio Público llamó a Jiménez Cruz a fin de interrogar o cuestionarle por qué o para qué fue la transacción y que tampoco pudo demostrar que ese dinero fue canjeado o depositado al exfuncionario.

“Magistrado, es decir que el Ministerio Público quiere que usted envíe a juicio a una persona que supuestamente se va a autoincriminar, cuando sabemos que esa testigo, aun fuera verdad todo eso, que no lo es, perfectamente puede decir ese día en juicio: yo hago uso de mi derecho a guardar silencio”, refirió el abogado.

Otro abogado cuestiona al Ministerio Público
Francisco Campo, quien también integra la barra de defensa, cuestionó que el órgano investigador impute de falsedad en declaración jurada el que Rodríguez omitiera colocar en su declaración jurada que tenía acciones en una empresa.

Explicó que esa situación no constituye un ilícito penal sino una falta que conlleva sanciones administrativas. De igual manera justificó, tomando las pruebas depositadas por el Ministerio Público, el incremento patrimonial de Rodríguez entre el año 2005 y 2010 con los ingresos que obtuvo como legislador y hombre de negocios.

Diario Libre

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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