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Roberto Rodríguez dice que fue Hipólito Mejía el que contrató a Odebrecht
El exdirector del Instituto Nacional de aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez, mostró ayer al juez de la Instrucción Especial del caso Odebrecht, que quien adjudicó y le autorizó contratar al consorcio integrado por Odebrecht para el proyecto Acueducto de la Línea Noroeste fue el expresidente Hipólito Mejía.
Mostrando como elementos de prueba reportes del desaparecido periódico El Siglo así como decretos y poderes que le otorgó el entonces presidente Mejía, la defensa al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) negó que él haya recibido soborno para adjudicar el proyecto.
Claudio Stephen mostró que fue durante la primera administración del expresidente Leonel Fernández cuando se adjudicó en modalidad de contrato grado a grado a la también empresa brasileña Andrade Gutiérrez y su contra parte dominicana, Hidráulica Agrícola Civil (Haicivilca) pero que esa adjudicación directa generó muchas reacciones en contra, por lo que una vez Hipólito Mejía fue juramentado como presidente, el 12 se septiembre del 2000, lo anuló y convocó a una licitación.
La defensa mostró, además, que para tales fines, se emitió el decreto 154-01 que designa una comisión de asesores hidráulicos, quienes fueron los que recomendaron al Poder Ejecutivo contratar al consorcio formado por Odebrecht y Amina.
Luego de la recomendación de los asesores y de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el presidente le remite un poder a Roberto Rodríguez que le autoriza a firmar el contrato de adjudicación de la obra al consorcio.
“Esa es una responsabilidad mía, no ha sido pero va a ser asignado y yo soy quien voy a dar el punto final”, dijo el expresidente según relata la edición del periódico de fecha 24 de junio del año del 2001.
Resta crédito a las delaciones
El abogado Stephan quitó credibilidad a las declaraciones del exgerente de Odebrecht, Marco Vasconcelos Cruz, debido a que él no tuvo nada que ver con ese proyecto puesto que quien firmó o era gerente de la compañía en el país para entonces, era Marcelo Jardim. En referencia al cheque que la empresa Arma, propiedad del empresario Ángel Rondón Rijo, emitió a Esther Jiménez Cruz, cuñada del exfuncionario público, el abogado explicó que es insostenible afirmar que dicha transacción era producto de un soborno para la adjudicación del acueducto por dos razones
La primera de las razones por las que el abogado de Rodríguez restó credibilidad a las declaraciones del gerente de Odrebrecht es que, según dijo, los documentos mostrados y depositados al tribunal demuestran que Rodríguez no tuvo incidencia en la adjudicación y segundo, porque ese cheque se emitió en el año 2009 y el contrato con Odebrecht fue en 2002.
Argumentó que en ningún momento el Ministerio Público llamó a Jiménez Cruz a fin de interrogar o cuestionarle por qué o para qué fue la transacción y que tampoco pudo demostrar que ese dinero fue canjeado o depositado al exfuncionario.
“Magistrado, es decir que el Ministerio Público quiere que usted envíe a juicio a una persona que supuestamente se va a autoincriminar, cuando sabemos que esa testigo, aun fuera verdad todo eso, que no lo es, perfectamente puede decir ese día en juicio: yo hago uso de mi derecho a guardar silencio”, refirió el abogado.
Otro abogado cuestiona al Ministerio Público
Francisco Campo, quien también integra la barra de defensa, cuestionó que el órgano investigador impute de falsedad en declaración jurada el que Rodríguez omitiera colocar en su declaración jurada que tenía acciones en una empresa.
Explicó que esa situación no constituye un ilícito penal sino una falta que conlleva sanciones administrativas. De igual manera justificó, tomando las pruebas depositadas por el Ministerio Público, el incremento patrimonial de Rodríguez entre el año 2005 y 2010 con los ingresos que obtuvo como legislador y hombre de negocios.
Diario Libre
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Poder Ejecutivo somete préstamos por 465 millones de dólares para desarrollo vial y ambiental
A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental
Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.
El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.
El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.
La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.
De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.
Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.
La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.
El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).
La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.
El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.
El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
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