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Venezuela acusó a República Dominicana de tratar de traspasar acciones de Refidomsa a aliados de Guaidó

Refidomsa negó hoy las graves aseveraciones del ministro de Venezuela

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El Ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó al Gobierno de la República Dominicana de ser parte de una trama que busca transferir las acciones de Refidomsa-PDVSA al presidente autoproclamado Juan Guaidó a través de la venta de las acciones.

La supuesta transacción iba a ser realizada por un supuesto aliado de Guaidó llamado Juan Planchart quien tendría conexiones en una empresa de generación eléctrica dominicana.

Rodríguez, en una alocución ocurrida el pasado lunes en Venezuela dijo que en esa transacción se iba a traspasar a un abogado 700 millones de dólares del valor del 49% de las acciones de PDVSA y una deuda por un monto de 240 millones de dólares.

“Lo que se buscaba era forzar la venta de esa empresa por parte de Venezuela, y después decirle cuesta tanto, 700 millones de dólares pero el Gobierno de Estados Unidos me impide que te lo pague. Y además hay 240 millones de dólares que República Dominicana debe a Venezuela por la compra de combustibles, y el monto hace aproximadamente mil millones de dólares”, djio Rodríguez al señalar que la compra de las acciones iba a ser por parte del Gobierno dominicano.

La operación, explicó Rodríguez, fue apropiarse de los recursos de Venezuela en el exterior mediante “lavadores de dinero, en este caso, con el señor Planchart”. El dinero, según la denuncia, sería enviado a Guaidó por intermedio de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) recién creadas.

Para ejecutar esa acción, la idea era que Guaidó “autorizara” la congelación del 49% de las acciones de PDVSA en la refinería Refidomsa, en República Dominicana. “El único facultado para tomar la decisión es él (Guaidó) y con reconocimiento del país que avale la operación”, dice Planchart en uno de los mensajes escritos mostrados por Rodríguez.

Precisamente, el país al que hace referencia Planchart es República Dominicana, donde está ubicada Refidomsa, una empresa mixta creada entre Venezuela y la isla antillana (con 51% de las acciones), en el marco del proyecto Petrocaribe.

Venezuela arrestó el sábado 23 de marzo a Juan Planchart a quien acusa de ser “una de las personas encargadas de recibir el dinero público que ha sido robado de las cuentas que posee el Estado venezolano en el exterior”.

Rodríguez sostiene además que Planchart es cuñado del vicepresidente de la Empresa de Generación Eléctrica de Haina, operadora del sector energético de República Dominicana. Y que los fondos de la transacción de Refidomsa

“Pretendían quedarse con Refidomsa, quedarse los mil millones de dólares”, dijo

Refidomsa respondió hoy
No fue hasta hoy que se dio la respuesta del presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, que un funcionario del Gobierno dominicano se refiere al tema, y no hay respuesta por parte de la Cancillería.

Félix Jiménez, presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, aseguró que esa empresa no debe ni un dólar a Venezuela por suministro de petróleo ni productos derivados.

Al desmentir declaraciones del ministro de Comunicación del gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez, el funcionario dominicano señaló que el último despacho de crudo proveniente de Venezuela fue recibido el 15 de diciembre de 2015 y pagado el 10 de enero de 2016.

Explicó que estas compras se han realizado siempre por vía del Ministerio de Hacienda, ya que Refidomsa PDV nunca ha comprado petróleo a Venezuela directamente, si no a través de esa entidad.

En cuanto a los productos terminados, aclaró que el último cargamento de gasoil y avtur proveniente de ese país, se recibió el 8 de marzo de 2017 y se pagó el 22 de marzo de ese mismo año.

Jiménez hizo esta aclaración en rueda de prensa en respuesta a recientes declaraciones ofrecidas por Rodríguez en las que habló de una supuesta deuda ascendente a 240 millones de dólares.

Indicó, además, que el valor del 49% de las acciones que tiene PDV Caribe, subsidiaria de PDVSA, sobre Refidomsa PDV, está muy lejos de alcanzar los 600 o 700 millones de dólares, como aseguró Rodríguez.

Explicó que las sanciones de los gobiernos de los Estados Unidos de Norte América y de la Unión Europea al gobierno de Nicolás Maduro, afectan el normal desenvolvimiento de las acciones comerciales de Refidomsa PDV.

“Por ese motivo el presidente Danilo Medina le planteó al presidente Maduro la necesidad del gobierno dominicano de comprar las acciones a Venezuela”, sostuvo Jiménez.

Reveló que los mandatarios acordaron realizar esta venta, durante un encuentro bilateral que sostuvieron en el evento de toma de posesión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el sábado 1ro de diciembre de 2018., oasión en la que hablaron concretamente de 200 millones de dólares.

“El presidente Maduro aseguró que el lunes siguiente enviaría un representante de PDVSA a negociar con nosotros y, sin embargo, habiendo pasado 17 lunes aún lo estamos esperando”.

Jiménez indicó, por otro lado, que la empresa Ege-Haina nunca ha manifestado deseo alguno de participar de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, y agregó que esta empresa tampoco está en venta.

“Por el contrario, ratificamos el interés de que la Refinería pase totalmente a manos del Estado dominicano, como forma de garantizar el abastecimiento de combustibles adecuado a las necesidades del país”.

Diario Libre

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Alcalde habría autorizado a hacendado a emplear 250 haitianos en finca

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La autorización se da en momentos en que el Gobierno a través de la Dirección de Migración realiza esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país.

Gran sorpresa ha causado la revelación de una comunicación del alcalde de Villa Isabela, Ruddy Leandro Gómez, mediante la cual este emite una autorización para que 250 obreros haitianos trabajen en la finca del hacendado Persio Alejandro Polanco Reyes.

De acuerdo al documento dado a conocer por el periodista Simón Peña, Ruddy Leandro Gómez Popoters, autoriza al empresario Polanco Reyes, “para realizar trabajo con 250 haitianos por 3 días a partir de la fecha, para la recogida de ajies picantes en La Cieneja, Estero Hondo, Municipio de Villa Isabela, Puerto Plata, República Dominicana” en una comunicación con fecha 23 de octubre.

Reseña Listín Díario que la autorización se da en momentos en que el Gobierno a través de la Dirección de Migración realiza esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país.

El documento ha causado sorpresa porque los alcaldes no están supuestos a emitir este tipo de permisos ya que la permanencia o no de extranjeros está normada por la ley de migración y corresponde a la Dirección General de Migración su cumplimiento.

El alcalde Gómez habría increpado al periodista Simón Peña por la publicación del documento, ante quien alegó que no eran 250 trabajadores, sino una cantidad menor pero no especificó cuántos, y alegó que se trataba de un error según explicó Peña a este corresponsal.

Ruddy Leandro Gómez agota su segundo período en la alcaldía de Villa Isabela, fue postulado en la alianza del PRSC y el PRM.

El Listín estuvo tratando de contactar a al alcalde Gómez para consultarle sobre la autorización pero no fue posible localizarlo.

Siguen repatriaciones

Ante los operativos migratorios que se llevan a cabo en todo el país, del 1 al 23 de octubre la Dirección General de Migración ha repatriado 11,329 haitianos indocumentados y deportado a 19, 592 para un total de 30, 921 extranjeros reconducidos.

Al menos 10,105 haitianos han retornado demanera voluntaria hacia Haití ha contabilizado la dirección de Migración desde el 1 al 23 de presente mes para un total de 41,026 entre repatriados, deportados y retornados.

Desde el mes de enero al 23 de octubre de 2024 La Dirección General de Migración a deportado 131,741 y repatriado a 81,384 para un total de 213,125 reconducidos a su país, mientras que 173,800 han retornado demanera voluntaria.

De enero al 23 de octubre migración a contabilizado 386,925 haitianos entre deportados, repatriados y retorno voluntario.

Cesfront

Los operativos migratorios que realiza el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre CESFRONT del 1 al 24 de octubre han detenidos 4,078 entre ellos 2,588 hombres, 1,296 mujeres, 167 niños y 27 niñas informó la entidad.

Ejército

En operaciones realizadas en Azua, Puerto Plata, Valverde, Independencia y San Juan de la Maguana, el Ejército detuvo a 37 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular.

En el municipio Padre las Casas, en Azua, fueron detenidos Ronny Aquino Moreta y Luis Uridi, quienes transportaban a bordo de un vehículo Marca Honda, Modelo Cívic, a 4 nacionales haitianos indocumentados.

En el distrito municipal El Mamey, de Los Hidalgos en Puerto Plata, miembros del Ejército detuvieron a 11 haitianos, quienes se trasladaron a pie desde las zonas montañosas de Dajabón hasta esta demarcación.

Mientras que en el sector de Cana Chapetón en la provincia de Valverde, fue detenido un carro marca Toyota, cuyo conductor emprendió la huida y dejó el vehículo abandonado con la cantidad de 14 nacionales haitianos quienes no portaban la debida documentación, el grupo estaba compuesto por 11 hombres y 03 mujeres.

Como parte de estas acciones, un hombre identificado como Gabriel Tila, fue sometido a la justicia por trasladar a 4 extranjeros en estatus migratorio irregular, en los Pinos del Edén, provincia Independencia .

Asimismo, el Ejército de República Dominicana también sometió a la acción de la justicia al dominicano Daviser Taveras Javier, detenido por una patrulla militar cuando trasladabas 4 indocumentados por el puesto de chequeo Guanito, en San Juan de la Maguana.

Con estos y otros operativos suman 751 los haitianos en estatus migratorio irregular detenidos en los últimos días por miembros de las brigadas del Ejército en diferentes operativos en provincias de la región fronteriza.

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Consultor jurídico Poder Ejecutivo advirtió de los “conflictos de intereses” en doble función de Carlos Pimentel

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El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, advirtió sobre los posibles conflictos de intereses que generaría la designación de una misma persona como director de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) y de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

A través de un carta de fecha tres de octubre, revelada por el abogado y comunicador Federico Jovine, columnista diario de este periódico, el consultor le señaló a Carlos Pimentel que una persona al ocupar ambas direcciones podría generar “conflictos de intereses” debido a las funciones que tienen las entidades.

En su misiva, Peralta explica que de conformidad con el numeral cinco del artículo 15 de la Ley 47-20, de Alianzas Público Privadas, el director general de Contrataciones Públicas tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alanzas Público-Privadas exclusivamente en lo que respecta al diseño y estructuración de los procesos competitivos de selección de adjudicatario, mientras que el director ejecutivo de la Dgapp tiene solo voz, pero sin voto.

“Si una sola persona ocupa ambos cargos, podría influir en las decisiones del Consejo, afectando la objetividad en la toma de decisiones, ya que estaría participando en los procesos de votación que luego debe ejecutar como director de la Dgapp”, señala Peralta.

El funcionario detalla que la Ley núm. 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, establece que la DGCP es responsable de supervisar y regular los procesos de contratación pública en toda la administración estatal, incluyendo aquellos relacionados con los procesos de compras de Dgapp.

“Designar a una misma persona como director de ambas entidades significa que esa persona estaría supervisando los mismos procesos de compras y contrataciones que ejecuta, lo que claramente pudiera comprometer su imparcialidad e independencia necesarias para procesos de adjudicación y ejecución de contratos”, manifiesta el comunicado.

Peralta resalta que la Ley 247-12, Orgánica de la Administración Pública, indica en su artículo nueve que debe haber una “separación de funciones” entre los órganos que supervisan y aquellos que operan.

“El hecho de que una persona supervise (como director de la DGCP) y ejecute (como director la Dgapp) podría crear una situación que vulnere el principio del de rendición de cuentas y debilitar la confianza en la transparencia del sistema”, exclama.

Desde que la tarde del jueves se emitiera el decreto de la designación de Pimentel como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público – Privadas, que establecía que Pimentel se mantendría como titular honorifico de la Dirección General de Contrataciones Públicas, múltiples sectores han señalado que este seria “juez y parte” en los procesos de adjudicación de los proyectos conjuntos entre el Estado y empresas privadas.

Justo este viernes, Pimentel emitió un comunicado defendiendo la legalidad de la designación y dijo que estará designando un oficial de cumplimiento regulatorio en Compras y Contrataciones en la dirección de Alianzas Público-Privadas para no dar lugar a malas interpretaciones.

FUENTE: Listín Diario

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