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Venezuela acusó a República Dominicana de tratar de traspasar acciones de Refidomsa a aliados de Guaidó

Refidomsa negó hoy las graves aseveraciones del ministro de Venezuela

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El Ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó al Gobierno de la República Dominicana de ser parte de una trama que busca transferir las acciones de Refidomsa-PDVSA al presidente autoproclamado Juan Guaidó a través de la venta de las acciones.

La supuesta transacción iba a ser realizada por un supuesto aliado de Guaidó llamado Juan Planchart quien tendría conexiones en una empresa de generación eléctrica dominicana.

Rodríguez, en una alocución ocurrida el pasado lunes en Venezuela dijo que en esa transacción se iba a traspasar a un abogado 700 millones de dólares del valor del 49% de las acciones de PDVSA y una deuda por un monto de 240 millones de dólares.

“Lo que se buscaba era forzar la venta de esa empresa por parte de Venezuela, y después decirle cuesta tanto, 700 millones de dólares pero el Gobierno de Estados Unidos me impide que te lo pague. Y además hay 240 millones de dólares que República Dominicana debe a Venezuela por la compra de combustibles, y el monto hace aproximadamente mil millones de dólares”, djio Rodríguez al señalar que la compra de las acciones iba a ser por parte del Gobierno dominicano.

La operación, explicó Rodríguez, fue apropiarse de los recursos de Venezuela en el exterior mediante “lavadores de dinero, en este caso, con el señor Planchart”. El dinero, según la denuncia, sería enviado a Guaidó por intermedio de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) recién creadas.

Para ejecutar esa acción, la idea era que Guaidó “autorizara” la congelación del 49% de las acciones de PDVSA en la refinería Refidomsa, en República Dominicana. “El único facultado para tomar la decisión es él (Guaidó) y con reconocimiento del país que avale la operación”, dice Planchart en uno de los mensajes escritos mostrados por Rodríguez.

Precisamente, el país al que hace referencia Planchart es República Dominicana, donde está ubicada Refidomsa, una empresa mixta creada entre Venezuela y la isla antillana (con 51% de las acciones), en el marco del proyecto Petrocaribe.

Venezuela arrestó el sábado 23 de marzo a Juan Planchart a quien acusa de ser “una de las personas encargadas de recibir el dinero público que ha sido robado de las cuentas que posee el Estado venezolano en el exterior”.

Rodríguez sostiene además que Planchart es cuñado del vicepresidente de la Empresa de Generación Eléctrica de Haina, operadora del sector energético de República Dominicana. Y que los fondos de la transacción de Refidomsa

“Pretendían quedarse con Refidomsa, quedarse los mil millones de dólares”, dijo

Refidomsa respondió hoy
No fue hasta hoy que se dio la respuesta del presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, que un funcionario del Gobierno dominicano se refiere al tema, y no hay respuesta por parte de la Cancillería.

Félix Jiménez, presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, aseguró que esa empresa no debe ni un dólar a Venezuela por suministro de petróleo ni productos derivados.

Al desmentir declaraciones del ministro de Comunicación del gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez, el funcionario dominicano señaló que el último despacho de crudo proveniente de Venezuela fue recibido el 15 de diciembre de 2015 y pagado el 10 de enero de 2016.

Explicó que estas compras se han realizado siempre por vía del Ministerio de Hacienda, ya que Refidomsa PDV nunca ha comprado petróleo a Venezuela directamente, si no a través de esa entidad.

En cuanto a los productos terminados, aclaró que el último cargamento de gasoil y avtur proveniente de ese país, se recibió el 8 de marzo de 2017 y se pagó el 22 de marzo de ese mismo año.

Jiménez hizo esta aclaración en rueda de prensa en respuesta a recientes declaraciones ofrecidas por Rodríguez en las que habló de una supuesta deuda ascendente a 240 millones de dólares.

Indicó, además, que el valor del 49% de las acciones que tiene PDV Caribe, subsidiaria de PDVSA, sobre Refidomsa PDV, está muy lejos de alcanzar los 600 o 700 millones de dólares, como aseguró Rodríguez.

Explicó que las sanciones de los gobiernos de los Estados Unidos de Norte América y de la Unión Europea al gobierno de Nicolás Maduro, afectan el normal desenvolvimiento de las acciones comerciales de Refidomsa PDV.

“Por ese motivo el presidente Danilo Medina le planteó al presidente Maduro la necesidad del gobierno dominicano de comprar las acciones a Venezuela”, sostuvo Jiménez.

Reveló que los mandatarios acordaron realizar esta venta, durante un encuentro bilateral que sostuvieron en el evento de toma de posesión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el sábado 1ro de diciembre de 2018., oasión en la que hablaron concretamente de 200 millones de dólares.

“El presidente Maduro aseguró que el lunes siguiente enviaría un representante de PDVSA a negociar con nosotros y, sin embargo, habiendo pasado 17 lunes aún lo estamos esperando”.

Jiménez indicó, por otro lado, que la empresa Ege-Haina nunca ha manifestado deseo alguno de participar de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, y agregó que esta empresa tampoco está en venta.

“Por el contrario, ratificamos el interés de que la Refinería pase totalmente a manos del Estado dominicano, como forma de garantizar el abastecimiento de combustibles adecuado a las necesidades del país”.

Diario Libre

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Poder Ejecutivo somete préstamos por 465 millones de dólares para desarrollo vial y ambiental

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A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental

Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.

El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.

El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.

La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.

De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.

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Arrestan inspector migratorio que exigió un soborno de RD$100 mil a mujer

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Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.

La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.

El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).

La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.

La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.

La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.

El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del  momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.

El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

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