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Claro dice que no puede participar en recolección de datos de teléfonos intervenidos
La empresa de telecomunicaciones Claro aclaró este jueves que como prestadora solo está autorizada a realizar interceptaciones telefónicas por orden de un juez y que no puede participar en la recolección de “ningún tipo de registro resultante del proceso”.
Dijo, igualmente, que no le corresponde como prestadora validar la titularidad del número interceptado.
“Una vez recibida la instrucción judicial, el procedimiento establece que las telefónicas solo deben facilitar la conexión técnica al organismo de investigación encargado de realizar la interceptación. Por lo tanto, no corresponde a las prestadoras validar la titularidad del número interceptado, ni participar en la recolección de ningún tipo de registro resultante de ese proceso”, adujo Claro en un breve comunicado.
Agregó que de acuerdo a la ley y un precedente del Tribunal Constitucional, las telefónicas están obligadas a “mantener el secreto y la confidencialidad de las solicitudes de interceptaciones que se hacen amparadas en órdenes judiciales, así como de todos los datos relacionados con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público”.
La compañía emitió su postura luego de que ayer miércoles, la Octava Sala Penal del Distrito Nacional le diera un plazo de 10 días para que entregara a la magistrada Miriam Germán Brito, jueza de la Suprema Corte de Justicia, la documentación resultante de la interceptación de que fue objeto su teléfono por orden del Ministerio Público. No obstante, en el documento, la prestadora no hace mención al nombre de la jueza ni se refiere al caso ni a la orden judicial emitida en su contra.
El dictamen fue emitido acogiendo un recurso de hábeas data que interpuso Germán, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La intervención de que fue objeto el teléfono de la jueza se dio a conocer durante las evaluaciones a que fue sometida por el Consejo Nacional de la Magistratura para ser sustituida o ratificada en el alto tribunal.
Posteriormente, Bolívar Sánchez, inspector de la Procuraduría General de la República, reveló en una rueda de prensa que la interceptación fue ordenada por él mismo luego de que durante una investigación que hacía a un presunto narcotraficante notaron una comunicación con ese número.
DL
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Abinader destituye al rector del ITLA, Rafael Féliz García
El presidente de la República, Luis Abinader, destituyó al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, mediante el decreto 39-26.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del decreto, queda derogado el artículo 13 del decreto 390-24, del 17 de julio de 2024, mediante el cual se designó a Féliz García como rector de esa institución de educación superior.
«La disposición forma parte de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y se enmarca dentro de los procesos de evaluación y fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno dominicano», leía parte de un comunicado emitido por la Dirección de Prensa del presidente.
La destitución ocurrió luego de que la periodista Nuria Piera presentó el resultado de una de sus investigaciones, en la que afirmaba que el ahora exrector del ITLA supuestamente realizaba deducciones salariales a empleados del instituto, dinero que era destinado a los fondos del movimiento político «Jóvenes Unidos por el Cambio», fundado por el propio Féliz García.
Tras la publicación del reportaje, en la cuenta de la red social Instagram del ITLA fue publicado un comunicado en el que negó la existencia de una «disposición institucional, instrucción administrativa o procedimiento de nómina que autorice descuentos, retenciones o deducciones salariales destinados a movimientos políticos o a cualquier actividad distinta a los fines del instituto».
Vía Listín Diario
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Especialista ve “descuido” de autoridades en registro privado del Himno Nacional
Un reporte elaborado por un experto contratado por el empresario Santiago Matías alerta sobre una aparente negligencia de las autoridades dominicanas en el registro, supervisión y protección del Himno Nacional Dominicano en plataformas digitales como YouTube y otros servicios de streaming musical.
Según el documento, se evidenció una “ausencia de vigilancia institucional”, particularmente por parte del Ministerio de Cultura, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y las entidades de gestión colectiva, situación que habría permitido que terceros monetizaran un símbolo patrio, reclamaran derechos que no les corresponden y obtuvieran beneficios económicos privados a partir de un bien de dominio público.
El informe detalla que el Himno Nacional figura registrado bajo el proyecto denominado “Glocal Orchestra”, con el código ISRC ITC471801192, asignado a José Rufino Reyes Siancas, lo que —de acuerdo con el análisis— constituye un uso irregular con fines comerciales.
Frente a este escenario, el especialista recomienda una serie de acciones concretas, entre ellas:
Revisar y deshabilitar el ISRC en cuestión.
Informar formalmente a la IFPI y a las empresas distribuidoras.
Activar la intervención directa del Ministerio de Cultura y la ONDA.
Suprimir cualquier mecanismo de monetización privada del Himno Nacional.
Estas recomendaciones están respaldadas por evidencias obtenidas de plataformas como Music Report, Sounddeck y SoundExchange.
Posición de Santiago Matías
En un audiovisual compartido a través de sus redes sociales, Santiago Matías criticó la falta de control y determinación de las autoridades competentes, señalando que recurrió a un especialista con el propósito de proteger los símbolos patrios.
Recordó que estos no pueden ser apropiados, registrados ni explotados comercialmente como obras privadas, al estar amparados por la Constitución y la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.
“Este es el informe del especialista. Como dominicano, me duele ver cómo se descuidan asuntos tan fundamentales como la protección del Himno Nacional de la República Dominicana. Aquí estoy señalando los pasos que debe seguir el Estado para que esta situación sea corregida, atendiendo también el reclamo de muchos ciudadanos que utilizan nuestros símbolos patrios para exaltar a nuestros libertadores y preservar nuestra identidad, la cual está siendo indebidamente apropiada por un tercero”, expresó.
El empresario reiteró que su intención es que el Estado asuma su rol y elimine cualquier forma de explotación comercial privada del Himno Nacional Dominicano, instando a las autoridades a utilizar el informe como herramienta para subsanar esta irregularidad.
FUENTE: Deultimominuto.net
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