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Indotel informa sanción a la empresa ALTICE, tras interrupción servicios a clientes

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El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), por órgano de su Dirección Ejecutiva, ha notificado a la empresa de telecomunicaciones ALTICE DOMINICANA, S. A., el Acta Inicial de Infracción y las demás piezas que hasta la fecha integran el expediente administrativo en su contra.

A partir de la notificación del acto administrativo, se declara formalmente abierto el Procedimiento Sancionador Administrativo iniciado contra ALTICE DOMINICANA, S. A., el cual se sustenta en los indicios razonables de comisión de las faltas administrativas consistentes en el incumplimiento a la obligación esencial de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos, y en la falta en la entrega de informaciones requeridas por el órgano regulador a través de la Norma de Calidad del Servicio de Telefonía y Acceso a Internet.

Esta actuación se encuentra originada en la avería general de los servicios móviles de voz y de datos provistos a través de la red de ALTICE que fueron afectadas desde tempranas horas del día 27 de marzo de 2019 y se extendió durante treinta y seis (36) horas, en el que esa prestadora no proveyó tales servicios, conforme fuera denunciado por los usuarios.

Con esta medida INDOTEL busca sancionar la falta de información ya que ALTICE debió suministrar información al órgano regulador a partir de la interrupción del servicio y sanciona además el no establecer medidas de seguridad en la infraestructura de su red que permitiera garantizar la continuidad en la provisión de los servicios de voz y datos móviles.

Indotel reiteró que a la fecha, ALTICE no ha hecho efectiva la entrega completa del informe detallado del evento ocurrido, obligación que ha debido cumplir dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la detección de la avería el pasado 27 de marzo.

El órgano regulador se encuentra vigilante para asegurar que los usuarios que vieron afectado su derecho a la continuidad y calidad del servicio contratado reciban la correspondiente compensación por la interrupción injustificada sufrida, el cual deberá corresponderse con el tiempo total que permaneció la avería, conforme dispone la reglamentación.

INDOTEL reafirmó que continúa trabajos de supervisión hasta tanto los usuarios de ALTICE sean compensados.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Una joven muere al caer desde el cuarto piso de Ágora Mall

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Una joven de 20 años de edad falleció tras precipitarse desde el cuarto nivel de Ágora Mall, cayendo en el área de estacionamiento de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El hecho se produjo cuando la occisa se encontraba en el área de la torre de parqueos colindante con Aduanas.

Al lugar acudieron unidades de la Cruz Roja Dominicana y de la Policía Nacional, quienes activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

La zona fue acordonada por el equipo de seguridad del centro comercial, que restringió el acceso mientras se realizaban los procedimientos de rigor y se esperaba información oficial de las autoridades competentes.

Mediante un comunicado, la administración de Ágora Mall expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de la persona involucrada, y solicitó respeto y discreción en el manejo de la información relacionada con el hecho.

Asimismo, agradeció la rápida actuación de las autoridades y del personal de seguridad, quienes intervinieron de manera inmediata para preservar la integridad y el orden en el lugar.

Las circunstancias del suceso se encuentran bajo investigación oficial.

No es la primera vez que este tipo de hechos ocurre en Ágora Mall. Al menos tres personas ya habían fallecido en circunstancias parecidas.

El último hecho ocurrió en julio del pasado año cuando un hombre murió tras lanzarse desde uno de los pisos del edificio de parqueos del citado centro comercial.

 

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Rafael Santos y Geraldo Espinosa, los nuevos incumbentes de la Mescyt y Contraloría

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El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 84-26, mediante el cual realizó nuevas designaciones en áreas estratégicas del Estado, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión pública.

La disposición presidencial designa a Rafael Evaristo Santos Badia como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Santos Badía, se desempeñaba actualmente como director general del Infotep, es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE), técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU, y posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la UASD, así como en Relaciones Internacionales por la UTE.

El decreto no especifica quien ocupará la titularidad del Infotep.

Docente y experto del sector sindical y del tripartismo dominicano, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito legislativo, educativo y de la concertación social.

Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, participó en el Plan Decenal de Educación y ha sido miembro de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social magisterial.

Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, grado Caballero, entre otras distinciones.

El decreto también establece la designación de Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República.

Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con especialidad de posgrado en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la PUCMM. Posee más de 24 años de experiencia en el sector público, destacándose por la creación e impulso de importantes sistemas de control, gestión financiera y supervisión del gasto público.

La disposición deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.

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