El tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó la tarde del martes a 30 años de prisión a Nicolás Suárez, de 83 años, tras hallarlo culpable de tentativa de asesinato, una decisión que será apelada por su defensa, que la considera desproporcionada e incompatible con sus condiciones de salud.

La información fue ofrecida por la defensora pública Milagros del Carmen, representante legal del condenado, quien explicó que el tribunal acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

No obstante, la defensa sostuvo que no se configuraban las agravantes necesarias para tipificar el hecho como tentativa de asesinato, por lo que propusieron una calificación menos grave que permitiera una pena suspendida.

La abogada indicó que Suárez presenta problemas de salud, incluyendo limitaciones visuales y auditivas, y recordó que actualmente cumple arresto domiciliario, medida obtenida meses atrás.

Advirtió que, de quedar firme la condena, el imputado tendría que ser trasladado a un centro penitenciario, lo que calificó como una “condena de muerte” por su avanzada edad.

La defensa anunció que apelará la sentencia ante la Corte de Apelación, buscando que se imponga una pena menor que pueda ser cumplida en

Gregory Adames, exempleado de la discoteca Jet Set y sobreviviente del colapso que el 8 de abril de 2025 dejó 236 muertos y más de un centenar de heridos, ejerció este lunes su derecho a declarar ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en la audiencia preliminar reanudada tras el receso del pasado 20 de abril.

Su testimonio, ofrecido en calidad de víctima —una figura procesal distinta a la de testigo, cuya presentación el juez Reymundo Mejía había rechazado en la sesión anterior—, fue uno de los más directos y detallados escuchados hasta ahora en el proceso contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del local.

«Él que está aquí no puede decir que no sabía»
Ante el magistrado Mejía, Adames fue categórico: los responsables del establecimiento tenían pleno conocimiento de las condiciones en que operaba la discoteca.

«El que está aquí no puede decir que no sabía lo que pasaba. Todas las situaciones se me comunicaban a mí y yo se las reportaba directamente», afirmó, en referencia a los propietarios del local.

Según su relato, las fallas estructurales —entre ellas filtraciones de agua y desprendimientos de plafones— eran una constante desde que ingresó a trabajar en el lugar, y se fueron agravando con el tiempo.

Cada incidencia, sostuvo, era notificada de manera reiterada a Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, sin que se tomaran medidas correctivas.

Instalaciones provisionales que nunca se corrigieron
Adames también describió un incendio ocurrido en la planta eléctrica del local, tras el cual técnicos especializados habrían advertido que el establecimiento no estaba en condiciones de operar.

Sin embargo, según su versión, se insistió en reabrir la discoteca recurriendo a instalaciones provisionales.

«Se colocaron cables temporales que permanecieron desde 2023 hasta el día del derrumbe», afirmó, a pesar de que las recomendaciones técnicas apuntaban en sentido contrario.

Meses antes del colapso, agregó, se reportaban desprendimientos de plafones y acumulación de agua que eran atendidos de forma improvisada: en lugar de corregir las fallas de raíz, se colocaban lonas para contener el agua.

«El problema no era una sola vez, era constante», puntualizó.

Adames, aseguró que la noche del incidente solicitó la suspensión de la actividad tras detectar estas situaciones de riesgo dentro del establecimiento.

De acuerdo con su declaración, él tomó la decisión luego de que se registrara un evento previo con un cliente y observar condiciones que consideró peligrosas.

Sin embargo, afirmó que su petición fue rechazada por los responsables del negocio, quienes alegaron que se trataba de una “buena fecha” desde el punto de vista comercial.

Un proceso marcado por tensiones y deserciones
La declaración de Adames se produce en un momento de alta tensión procesal. En la sesión del 20 de abril, el juez Mejía había rechazado la solicitud de una de las partes querellantes de presentarlo como testigo, argumentando que la etapa de instrucción no es el momento para la producción probatoria, sino el juicio de fondo.

El abogado Luis Aybar, representante de Adames, elevó la voz en sala para exigir que su defendido fuera escuchado.

Ese mismo día, alrededor de 50 querellantes se retiraron del proceso, aunque sus representantes legales aseguraron que quienes permanecen mantienen una postura firme.

El Ministerio Público, que en noviembre de 2025 presentó una acusación formal de 156 páginas, solicita la apertura a juicio por homicidio involuntario de 236 personas y golpes y heridas involuntarias a más de un centenar de víctimas.

Vía Acento.com.do