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Gobierno desmiente que pretenda eliminar la cesantía

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Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en la rueda de prensa. (FUENTE EXTERNA)

El Gobierno desmintió este jueves que tenga intenciones de eliminar la cesantía a través del proyecto que sometió al Congreso Nacional para la disolución del Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS), como han afirmado algunos dirigentes sindicales.

Flavio Darío Espinal, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, explicó durante una rueda de prensa efectuada en el Palacio Nacional, que se mantiene el plan de eliminar el IDSS, debido a que se demostró que es obsoleto y “drena recursos que deben destinarse al bienestar de la sociedad”

“Ante las declaraciones infundadas por parte de algunos líderes del sector sindical de que el Gobierno dominicano pretende eliminar la cesantía en detrimento de los trabajadores a través del proyecto de ley de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), el gobierno aclara que la ley de disolución del IDSS tiene un único objetivo: evitar que la quiebra de la administración central y de las distintas dependencias del IDSS continúen drenando recursos que deben destinarse al bienestar de la sociedad dominicana”, explicó.

“Queremos enfatizar que el proyecto de ley no plantea en forma alguna la eliminación o modificación del esquema actual de cesantía como han señalado algunas centrales sindicales. Estas informaciones son completamente infundadas y cabe resaltar que el texto sometido al congreso no hace siquiera mención alguna al Código de Trabajo”, agregó.

El funcionario aclaró que con la decisión, el Gobierno también garantiza los derechos de los afiliados de la entidad y de los trabajadores que la conforman.

Garantizó que en el anteproyecto que mantiene en el Congreso Nacional no se hace mención en ningún momento al tema de la cesantía y leyó el artículo 4 de la referida pieza, que creará una institución que entiende es la que ha provocado una confusión.

“Se crea el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (INARIL) como una entidad pública autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Trabajo. El INARIL tendrá a su cargo la administración y pago de las prestaciones del Seguro de Riesgos Laborales, la contratación de servicios de salud para la atención de afiliados por enfermedades y accidentes laborales. El INARIL se ocupará de la promoción de la prevención y control de los riesgos laborales, así como la administración de cualquier fondo o seguro de protección laboral en caso de desempleo o desahucio”, expuso.

“No hay mención alguna al Código de Trabajo, ni a la cesantía, ni mucho menos a modificación o eliminación de ésta; ni en ese artículo ni en ningún otro”, agregó.

El funcionario dijo que el tema ha sido discutido con anterioridad en el diálogo tripartido que se efectúa con relación a la modificación al Código Laboral y que cualquier decisión que se tome en torno a la pieza será de común acuerdo.

Modificación del anteproyecto
Espinal también anunció que el Gobierno enviará al Congreso una modificación del anteproyecto.

“De todas formas, y en harás de zanjar cualquier malentendido, el Poder Ejecutivo enviará inmediatamente al Congreso una modificación al texto del proyecto de ley, que excluye explícitamente la mención del fondo de protección laboral, puesto que esto no variaría esencialmente la ley, me refiero a la última línea del artículo que les leí, el número 4 del proyecto de ley.

Además a solicitud, tanto del sector sindical, como del sector empresarial, el cambio incluiría un aumento de los representantes en el consejo del INARIL”, acotó.

Diario Libre

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Abinader designa a Carlos Pimentel como director de Alianzas Público-Privadas

El funcionario es el director de Contrataciones Públicas y continuará en ese cargo

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El presidente Luis Abinader designó a Carlos Pimentel como nuevo director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas mediante el Decreto no. 614-24.

Estas nuevas funciones se suman a las que ya ejerce al frente de la Dirección General de Contrataciones Públicas, cargo que de ahora en adelante desempeñará de manera honorífica.

El objetivo de esta nueva medida es seguir eficientizando y fortaleciendo la transparencia en los procesos de contratación bajo el modelo de alianzas público-privadas.

Así se evidencia en el artículo 2 del mismo decreto, que establece la presentación, ante el Poder Ejecutivo y en un plazo de 12 meses, de una propuesta detallada para la readecuación estructural y normativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).

Esta propuesta tendrá como finalidad la optimización de los procesos operativos y regulatorios, alineando ambas instituciones bajo los objetivos estratégicos del Estado dominicano, a fin de garantizar la eficacia, transparencia y coherencia en la implementación de las contrataciones públicas y las alianzas público- privadas.

*_Dirección de Prensa del Presiente_*

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Diputados aprueban préstamos por US$625 millones para enfrentar apagones y el cambio climático

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En su sesión ordinaria de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó tres contratos de préstamos que totalizan los 625 millones de dólares para programas de acción climática y de combate a los apagones en la República Dominicana.

El primer préstamo que aprobaron los legisladores suma los 100 millones de dólares, reseña el periódico Listín Diario.

El dinero será usado como un «apoyo presupuestario» al Programa de Acción Climática para un desarrollo económico sostenido.

De acuerdo con el contrato, el objetivo del proyecto es acompañar al Gobierno en sus reformas climáticas y de crecimiento sostenible para reforzar la resistencia del territorio dominicano frente al cambio climático.

El segundo préstamo que aprobaron los diputados tiene un total de 300 millones de dólares y, de acuerdo con los argumentos de la pieza, el dinero servirá para completar otra fase del primer endeudamiento que se aprobó.

De hecho, la pieza tiene el mismo objetivo que el primer préstamo y busca proteger al país de los daños y pérdidas que el cambio climático puede causar y así aprovechar las mejoras de competitividad y productividad asociadas con las medidas de mitigación.

Préstamo contra los apagones
El último préstamo que aprobaron los congresistas suma 225 millones de dólares que serán usados para mejorar la gobernanza y la sostenibilidad financiera en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes).

El dinero se utilizará para reducir las pérdidas eléctricas en el sistema, mejorar el suministro eléctrico en el país y la capacidad para satisfacer la demanda de distribución eléctrica de las Edes.

También, los fondos servirán para construir nuevas subestaciones eléctricas, rehabilitar las existentes y aplicar un fortalecimiento institucional para dar seguimiento al programa.

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