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DGII adopta sistema de alta tecnología para control de evasión e ilícitos en alcoholes, cervezas y cigarrillos
Impuestos Internos presentó recientemente el Sistema de Control y Trazabilidad Fiscal de Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos, un proyecto que actualiza en forma estructural, por primera vez en 50 años, los mecanismos de gestión tributaria en esos sectores, en los que existe un nivel de incumplimiento promedio de 40.23%.
En el primer año de aplicación del sistema –basado en alta tecnología- se espera un aumento del recaudo en esas áreas de la economía de entre RD$3,500 y RD$4,500 millones, reduciendo el incumplimiento entre 6 y 8 puntos porcentuales, comunicó el director general de Impuestos Internos, Ing. Magín J. Díaz.
El mecanismo, utilizado en más de 30 países, permitirá la identificación única de cada producto con el objetivo de controlar y rastrear sus etapas, desde el origen (producción /importación) hasta el destino final (consumo), basado en el uso de las tecnologías de la información de alta seguridad (física y digital).
Asimismo, a través de una aplicación móvil los consumidores serán parte activa en la fiscalización de la autenticidad de las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, gracias a los componentes del sistema, que le proveerán la información de cada producto con la posibilidad de hacer denuncias en línea sobre mercancías de dudoso origen, con lo cual protegen derechos.
Aunque la actual gestión de la DGII, en coordinación con otras instancias del Estado ha aplicado mecanismos de control que elevaron la recaudación en 24% en cigarrillos, 15.4% en ron y 11.8% en cerveza al cierre de 2018 se registraba todavía una tasa de incumplimiento promedio general que sigue siendo alta.
Cada punto porcentual de incumplimiento –explicó el director de Impuestos Internos- fue equivalente en 2018 a RD$556 millones y agregó: “Si el incumplimiento hubiera sido 30% en promedio en los últimos 5 años, en lugar de 42.4%, el Gobierno hubiera recaudado casi RD$7,000 millones más cada año y RD$35,000 millones adicionales durante ese período.”
Durante un encuentro con medios de comunicación, Díaz informó que para la ejecución del proyecto se organizó un proceso de licitación pública internacional, dirigida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la actuación de un comité técnico y otro de adjudicación integrado por representantes de la Iglesia Católica, la sociedad civil y de la prensa.
La aplicación de sistemas de trazabilidad constituye uno de los mecanismos previstos en la Ley No. 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito, manifestó Díaz, quien estuvo acompañado en la actividad por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero; el director de Aduanas, Enrique Ramírez, la directora de Pro Consumidor, Anina del Castillo, así como Pura Hernández y Paola Caram, oficiales del PNUD; Edgar Morales, Gerente de Grandes Contribuyentes y Jorge Daniel Miñoso, Encargado del Departamento de Impuesto Selectivo al Consumo de la DGII.
Explicó que debido a las distorsiones que el ilícito en alcohol y cigarrillos representa en el mercado, con su impacto negativo en las empresas formales, la cúpula industrial del país ha identificado por escrito a la DGII la necesidad de un sistema de trazabilidad en la industria del ron.
“El fenómeno del fraude en alcoholes y cigarrillos ha tenido carácter de burla desde hace muchos años y eso no se puede seguir permitiendo en un país que quiera ser organizado,” proclamó el director de Impuestos Internos y agregó que el sistema integral de identificación, marcación, autentificación y trazabilidad ayudará a resolver el problema.
Ilustró que la aplicación de mecanismos de trazabilidad en otros países y estados han tenido en sus inicios estos resultados: aumento de 15% de las recaudaciones en Ecuador; 20% en Brasil, 22% en California, Michigan y Massachusetts; 53% en Kenia, 46.7% en Marruecos y 31.5% en Turquía, mientras en Kosovo el contrabando cayó 61%.
“Estamos ante la puesta en marcha del proyecto más importante de la Administración Tributaria para mejorar las recaudaciones y combatir los ilícitos en alcoholes y cigarrillos. Este es un proyecto país que requiere el apoyo de todos,” subrayó.
Detalles de licitación
Díaz sostuvo que el Sistema de Control y Trazabilidad Fiscal de Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos no sólo tendrá impacto en un aumento de las recaudaciones, sino que reducirá la competencia desleal causada por el comercio ilícito y la evasión y reducirá el consumo de productos nocivos para la salud.
Asimismo, indicó que el modelo de control empoderará al consumidor y a la cadena de suministro de una herramienta eficiente para reconocer el origen de los productos, detectando aquellos que son de dudosa procedencia. También protegerá las marcas legales diferenciándolas de las ilegales.
El oferente adjudicado en la licitación internacional fue la empresa suiza SICPA, con presencia en 35 países, fundada en 1927 y reconocida por proveer productos y servicios de seguridad de impresión, autenticación y trazabilidad a los sectores financiero, farmacéutico, combustibles, bebidas alcohólicas y cigarrillos, marcando 80 mil millones de productos al año.
La comisión técnica evaluadora estuvo compuesta por tres representantes del PNUD, dos de la DGII y un experto internacional en trazabilidad del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
La comisión de adjudicación estuvo representada por Monseñor Agripino Núñez Collado, en representación de la Iglesia Católica; Rolando Guzmán, rector de INTEC, en representación de la sociedad civil y un miembro de la prensa, Fausto Rosario Adames, director de Acento.
El funcionario informó que la empresa seleccionada ofertó el mejor precio relativo por marcación a nivel internacional sobre sistemas de control y trazabilidad de bebidas alcohólicas y cigarrillos, representando un ahorro de 13.7% o RD$85 millones anuales, partiendo de lo presupuestado.
“El monto adjudicado es variable de acuerdo a cantidad de marcaciones, un rango de RD$ 500 a RD$600 millones anuales. Será el sistema de control y trazabilidad mas completo e integral implementado en la región¨, afirmó Díaz.
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Poder Ejecutivo somete préstamos por 465 millones de dólares para desarrollo vial y ambiental
A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental
Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.
El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.
El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.
La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.
De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.
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Arrestan inspector migratorio que exigió un soborno de RD$100 mil a mujer
Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.
La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.
El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).
La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.
El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.
El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
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