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Asaltan Punta Catalina toman el mando de control y la desconectan del sistema

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Un asalto armado se habría producido la mañana de este miércoles en Punta Catalina, protagonizado por trabajadores indignados luego de que se les anunciara que el consorcio constructor Odebrecht-Tecnimont-Estrella en sus operaciones fiscales del 2018 obtuvo pérdidas, y por tanto no habría pagos de bonificaciones.

La grabación a la que tuvo acceso el diario digital Acento.com.do habla de un “asalto armado a la sala de control” de Punta Catalina, y de inmediato se produjo la salida del sistema de la planta, que estaba aportando en ese momento 126 megavatios.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, llama a todos los medios de comunicación del país, a cubrir de inmediato los acontecimientos que están ocurriendo en la termoeléctrica Punta Catalina, en Catalina, Provincia Peravia.

Desde tempranas horas de esta mañana, los trabajadores de Punta Catalina se apoderaron de la sala de control, apagaron la unidad número uno, sacándola del sistema nacional de electricidad interconectado, y cerraron todos los accesos a la planta.

Numerosos y fuertemente armados contingentes de la Policía Nacional están tratando de asaltar la planta, registrándose enfrentamientos entre policías y trabajadores.

Ayer el Sindicato de Trabajadores de Punta Catalina recibió una comunicación de Odebrecht, a nombre del Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, en la que informa que no pagará los bonos por participación de utilidades.

Esta carta está firmada por Nuno de Moraís Serra. El CNLCC publicó anoche esta comunicación en sus páginas de Facebook y en su cuenta de Twitter.

El colectivo les solicita a todos los medios que acudan a cubrir estos incidentes para además de informar a la población sobre estos graves acontecimientos, impidan con su presencia los abusos de las fuerzas policiales contra los trabajadores desarmados.

Calificó de provocación la negativa del Consorcio que encabeza de Odebrecht de negarse a pagar los bonos por utilidades que está amparado por el artículo 223 del Código de Trabajo, y comunicar esta decisión sin una discusión previa con los trabajadores y su sindicato. Adjuntamos a esta nota, una foto de la carta remitida por Odebrecht al Sindicato de Trabajadores de Punta Catalina.

Responsabilizamos a Odebrecht y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), especialmente a su 1er. Vicepresidente, Rubén Jiménez Bichara, por lo que pueda suceder a los trabajadores y a los equipos de esta planta.

Exigimos el retiro inmediato de la Policía Nacional y de cualquier cuerpo de seguridad y se establezca un mecanismo de diálogo y negociación entre la empresa y los trabajadores.

Igualmente convocamos a las comunidades aledañas a Punta Catalina a acudir a los alrededores de la planta en solidaridad y apoyo a los trabajadores que luchan por sus derechos.

Autoridades advierten
Ante los hechos ocurridos en la mañana de este miércoles, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) advierten que no tolerarán ningún acto de vandalismo o acción en general que atente contra la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y, en particular, contra la oferta energética de la Unidad 1 de la central.

A través de un comunicado, ambas entidades reafirman su compromiso con la continuidad de las operaciones de la Central Termoeléctrica y anuncian que se han tomado las medidas de lugar a los fines de garantizar que actos de esa naturaleza no vuelvan a suceder.

De la misma forma, tanto la Cdeee como la CTPC declinan cualquier responsabilidad en el conflicto, que atañe exclusivamente a los miembros del Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella y a sus trabajadores.

Exigen, asimismo, que los trabajadores y el consorcio alcancen a la brevedad posible un acuerdo, apegado a la normativa vigente en materia laboral y que permita la continuidad inmediata de los trabajos de construcción, en absoluta paz y normalidad.

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) se asegurarán, a su vez, que las acciones cometidas sean sancionadas de conformidad con las leyes de la República Dominicana, en resguardo del orden público.

Finalmente, agradecen a las fuerzas de seguridad y a los responsables de la planta su eficiente intervención para restablecer la normalidad en las instalaciones.

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Poder Ejecutivo somete préstamos por 465 millones de dólares para desarrollo vial y ambiental

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A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental

Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.

El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.

El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.

La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.

De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.

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Arrestan inspector migratorio que exigió un soborno de RD$100 mil a mujer

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Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.

La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.

El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).

La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.

La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.

La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.

El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del  momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.

El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

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