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Asaltan Punta Catalina toman el mando de control y la desconectan del sistema

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Un asalto armado se habría producido la mañana de este miércoles en Punta Catalina, protagonizado por trabajadores indignados luego de que se les anunciara que el consorcio constructor Odebrecht-Tecnimont-Estrella en sus operaciones fiscales del 2018 obtuvo pérdidas, y por tanto no habría pagos de bonificaciones.

La grabación a la que tuvo acceso el diario digital Acento.com.do habla de un “asalto armado a la sala de control” de Punta Catalina, y de inmediato se produjo la salida del sistema de la planta, que estaba aportando en ese momento 126 megavatios.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, llama a todos los medios de comunicación del país, a cubrir de inmediato los acontecimientos que están ocurriendo en la termoeléctrica Punta Catalina, en Catalina, Provincia Peravia.

Desde tempranas horas de esta mañana, los trabajadores de Punta Catalina se apoderaron de la sala de control, apagaron la unidad número uno, sacándola del sistema nacional de electricidad interconectado, y cerraron todos los accesos a la planta.

Numerosos y fuertemente armados contingentes de la Policía Nacional están tratando de asaltar la planta, registrándose enfrentamientos entre policías y trabajadores.

Ayer el Sindicato de Trabajadores de Punta Catalina recibió una comunicación de Odebrecht, a nombre del Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, en la que informa que no pagará los bonos por participación de utilidades.

Esta carta está firmada por Nuno de Moraís Serra. El CNLCC publicó anoche esta comunicación en sus páginas de Facebook y en su cuenta de Twitter.

El colectivo les solicita a todos los medios que acudan a cubrir estos incidentes para además de informar a la población sobre estos graves acontecimientos, impidan con su presencia los abusos de las fuerzas policiales contra los trabajadores desarmados.

Calificó de provocación la negativa del Consorcio que encabeza de Odebrecht de negarse a pagar los bonos por utilidades que está amparado por el artículo 223 del Código de Trabajo, y comunicar esta decisión sin una discusión previa con los trabajadores y su sindicato. Adjuntamos a esta nota, una foto de la carta remitida por Odebrecht al Sindicato de Trabajadores de Punta Catalina.

Responsabilizamos a Odebrecht y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), especialmente a su 1er. Vicepresidente, Rubén Jiménez Bichara, por lo que pueda suceder a los trabajadores y a los equipos de esta planta.

Exigimos el retiro inmediato de la Policía Nacional y de cualquier cuerpo de seguridad y se establezca un mecanismo de diálogo y negociación entre la empresa y los trabajadores.

Igualmente convocamos a las comunidades aledañas a Punta Catalina a acudir a los alrededores de la planta en solidaridad y apoyo a los trabajadores que luchan por sus derechos.

Autoridades advierten
Ante los hechos ocurridos en la mañana de este miércoles, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) advierten que no tolerarán ningún acto de vandalismo o acción en general que atente contra la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y, en particular, contra la oferta energética de la Unidad 1 de la central.

A través de un comunicado, ambas entidades reafirman su compromiso con la continuidad de las operaciones de la Central Termoeléctrica y anuncian que se han tomado las medidas de lugar a los fines de garantizar que actos de esa naturaleza no vuelvan a suceder.

De la misma forma, tanto la Cdeee como la CTPC declinan cualquier responsabilidad en el conflicto, que atañe exclusivamente a los miembros del Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella y a sus trabajadores.

Exigen, asimismo, que los trabajadores y el consorcio alcancen a la brevedad posible un acuerdo, apegado a la normativa vigente en materia laboral y que permita la continuidad inmediata de los trabajos de construcción, en absoluta paz y normalidad.

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) se asegurarán, a su vez, que las acciones cometidas sean sancionadas de conformidad con las leyes de la República Dominicana, en resguardo del orden público.

Finalmente, agradecen a las fuerzas de seguridad y a los responsables de la planta su eficiente intervención para restablecer la normalidad en las instalaciones.

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Una joven muere al caer desde el cuarto piso de Ágora Mall

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Una joven de 20 años de edad falleció tras precipitarse desde el cuarto nivel de Ágora Mall, cayendo en el área de estacionamiento de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El hecho se produjo cuando la occisa se encontraba en el área de la torre de parqueos colindante con Aduanas.

Al lugar acudieron unidades de la Cruz Roja Dominicana y de la Policía Nacional, quienes activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

La zona fue acordonada por el equipo de seguridad del centro comercial, que restringió el acceso mientras se realizaban los procedimientos de rigor y se esperaba información oficial de las autoridades competentes.

Mediante un comunicado, la administración de Ágora Mall expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de la persona involucrada, y solicitó respeto y discreción en el manejo de la información relacionada con el hecho.

Asimismo, agradeció la rápida actuación de las autoridades y del personal de seguridad, quienes intervinieron de manera inmediata para preservar la integridad y el orden en el lugar.

Las circunstancias del suceso se encuentran bajo investigación oficial.

No es la primera vez que este tipo de hechos ocurre en Ágora Mall. Al menos tres personas ya habían fallecido en circunstancias parecidas.

El último hecho ocurrió en julio del pasado año cuando un hombre murió tras lanzarse desde uno de los pisos del edificio de parqueos del citado centro comercial.

 

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Rafael Santos y Geraldo Espinosa, los nuevos incumbentes de la Mescyt y Contraloría

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El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 84-26, mediante el cual realizó nuevas designaciones en áreas estratégicas del Estado, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión pública.

La disposición presidencial designa a Rafael Evaristo Santos Badia como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Santos Badía, se desempeñaba actualmente como director general del Infotep, es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE), técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU, y posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la UASD, así como en Relaciones Internacionales por la UTE.

El decreto no especifica quien ocupará la titularidad del Infotep.

Docente y experto del sector sindical y del tripartismo dominicano, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito legislativo, educativo y de la concertación social.

Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, participó en el Plan Decenal de Educación y ha sido miembro de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social magisterial.

Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, grado Caballero, entre otras distinciones.

El decreto también establece la designación de Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República.

Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con especialidad de posgrado en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la PUCMM. Posee más de 24 años de experiencia en el sector público, destacándose por la creación e impulso de importantes sistemas de control, gestión financiera y supervisión del gasto público.

La disposición deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.

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