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Procuraduría solo realiza interceptaciones telefónicas legales y autorizadas por jueces

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó hoy que todas las interceptaciones telefónicas que realiza son bajo estricto apego a la ley, autorizadas por los jueces competentes y recordó que representan un valioso medio de prueba habitual en su misión de persecución del delito.
La PGR manifestó que durante la investigación del caso Odebrecht se realizaron decenas de solicitudes de órdenes judiciales de interceptación a número telefónicos de diversas personas vinculadas a los imputados y que en este proceso fueron investigadas decenas de personas.
La institución explicó que debido a que los imputados del caso Odebrecht han hecho de público conocimiento documentos confidenciales que forman parte del expediente instrumentado por el Ministerio Público y depositado ante la Suprema Corte de Justicia, es oportuno aclarar a la ciudadanía una vez más, que la solicitud y autorización de interceptación telefónica de un juez no significa ni que se haya ejecutado, ni que las personas propietarias de dichos números estén involucrados penalmente en el caso.
Destacó que por tratarse del caso de corrupción más grande del país, ello conllevó la realización de una amplia investigación en el transcurso de la cual la solicitud de interceptación telefónica representó una de las tantas diligencias investigativas llevada a cabo por el Ministerio Público en estricto cumplimiento a lo establecido en la ley, todo lo cual puede ser demostrado a cualquier ciudadano interesado o que se sienta afectado.
De manera particular, la Procuraduría General de la República confirmó que todos y cada uno de los teléfonos interceptados pertenecen a los imputados o a personas vinculadas a los mismos, ya sea por familiaridad, sociedad, vínculos cercanos, alto tráfico de llamadas o porque durante el período de investigación prestaban estos teléfonos a los imputados, siendo este el caso de varios de los números que han salido a la luz pública.
En ese orden, la institución del sistema de justicia hizo un llamado a la población en el sentido de no dejarse confundir con falsas teorías de espionaje, y explicó que las interceptaciones telefónicas han sido realizadas con la debida autorización de un juez, ya que representan un medio de prueba utilizado en todas partes del mundo que pudiera ser determinante para llegar a la verdad y procurar las sanciones que pide la sociedad dominicana.
Ese nivel de meticulosidad y profundidad en la investigación de los vínculos ha sido también una respuesta a un reclamo de la sociedad. Destacó que la población debe tener en cuenta que los imputados cuentan con amplios recursos económicos para poder sustentar sofisticadas estructuras de propagandas y cuentan con la colaboración de personas que se prestan a maniobras de desinformación, cuya misión es entorpecer e incidentar el proceso con el objetivo de restar credibilidad al expediente que los implica y evadir la justicia con trucos mediáticos de redes sociales y propagandas maliciosas que no hacen ningún servicio al país.
La Procuraduría General de la República recordó que Odebrecht es el caso más grande de corrupción en toda la historia del país, ameritando agotar todas las técnicas legales de investigación, y que fruto de una exhaustiva y minuciosa investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, hoy se puede contar con un expediente con más de 1,700 pruebas que comprometen la responsabilidad penal de siete imputados.

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.
La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.
La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.
Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.
Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.
FUENTE: Listín Diario
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