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Procuraduría solo realiza interceptaciones telefónicas legales y autorizadas por jueces

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La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó hoy que todas las interceptaciones telefónicas que realiza son bajo estricto apego a la ley, autorizadas por los jueces competentes y recordó que representan un valioso medio de prueba habitual en su misión de persecución del delito.

La PGR manifestó que durante la investigación del caso Odebrecht se realizaron decenas de solicitudes de órdenes judiciales de interceptación a número telefónicos de diversas personas vinculadas a los imputados y que en este proceso fueron investigadas decenas de personas.

La institución explicó que debido a que los imputados del caso Odebrecht han hecho de público conocimiento documentos confidenciales que forman parte del expediente instrumentado por el Ministerio Público y depositado ante la Suprema Corte de Justicia, es oportuno aclarar a la ciudadanía una vez más, que la solicitud y autorización de interceptación telefónica de un juez no significa ni que se haya ejecutado, ni que las personas propietarias de dichos números estén involucrados penalmente en el caso.

Destacó que por tratarse del caso de corrupción más grande del país, ello conllevó la realización de una amplia investigación en el transcurso de la cual la solicitud de interceptación telefónica representó una de las tantas diligencias investigativas llevada a cabo por el Ministerio Público en estricto cumplimiento a lo establecido en la ley, todo lo cual puede ser demostrado a cualquier ciudadano interesado o que se sienta afectado.

De manera particular, la Procuraduría General de la República confirmó que todos y cada uno de los teléfonos interceptados pertenecen a los imputados o a personas vinculadas a los mismos, ya sea por familiaridad, sociedad, vínculos cercanos, alto tráfico de llamadas o porque durante el período de investigación prestaban estos teléfonos a los imputados, siendo este el caso de varios de los números que han salido a la luz pública.

En ese orden, la institución del sistema de justicia hizo un llamado a la población en el sentido de no dejarse confundir con falsas teorías de espionaje, y explicó que las interceptaciones telefónicas han sido realizadas con la debida autorización de un juez, ya que representan un medio de prueba utilizado en todas partes del mundo que pudiera ser determinante para llegar a la verdad y procurar las sanciones que pide la sociedad dominicana.

Ese nivel de meticulosidad y profundidad en la investigación de los vínculos ha sido también una respuesta a un reclamo de la sociedad. Destacó que la población debe tener en cuenta que los imputados cuentan con amplios recursos económicos para poder sustentar sofisticadas estructuras de propagandas y cuentan con la colaboración de personas que se prestan a maniobras de desinformación, cuya misión es entorpecer e incidentar el proceso con el objetivo de restar credibilidad al expediente que los implica y evadir la justicia con trucos mediáticos de redes sociales y propagandas maliciosas que no hacen ningún servicio al país.

La Procuraduría General de la República recordó que Odebrecht es el caso más grande de corrupción en toda la historia del país, ameritando agotar todas las técnicas legales de investigación, y que fruto de una exhaustiva y minuciosa investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, hoy se puede contar con un expediente con más de 1,700 pruebas que comprometen la responsabilidad penal de siete imputados.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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Periodista dominicana y su madre fallecen en un incendio en Nueva York

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La periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua, fallecieron la madrugada del lunes tras un incendio registrado en un edificio de apartamentos en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan, Nueva York.

Díaz, quien trabajó para People en Español durante varios años, perdió la vida junto a su progenitora mientras intentaban escapar de las llamas.

En el siniestro también murió una tercera persona, mientras que al menos 14 resultaron heridas y cerca de un centenar de residentes quedaron desplazados.

Según las autoridades, el fuego se originó en el primer piso del edificio de seis niveles y se propagó rápidamente a través de la escalera interior hasta alcanzar el techo. Para sofocar el incendio, fue necesario desplegar a unos 200 bomberos.

De acuerdo con reportes, madre e hija quedaron atrapadas por la humareda mientras intentaban huir por la escalera interna del inmueble, lo que les impidió ponerse a salvo.

Trayectoria y origen
Yolaine Díaz era oriunda de Bonao, en la República Dominicana, y emigró a Nueva York durante su adolescencia.

Se formó en periodismo en Lehman College y desarrolló una carrera de más de 15 años en People en Español, donde inició como pasante hasta convertirse en editora digital en las áreas de moda y belleza.

«Yolaine fue una viajera incansable, una mujer que supo abrazar cada oportunidad que la vida le ofreció», expresó Kika Rocha, exdirectora de Moda y Belleza de People en Español.

Investigación en curso
Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York, el fuego se desató poco antes de las 12:30 de la madrugada de este lunes, en la residencia ubicada en la calle Dyckman, cerca de Broadway.

El jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, explicó que el fuego avanzó por la única escalera del edificio desde la planta baja, lo que complicó las labores de evacuación de los residentes.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido determinadas y permanecen bajo investigación.

No obstante, según reportes de The New York Times, la ciudad había emitido más de un centenar de infracciones contra el propietario del edificio, la empresa SB Dyckman LLC, incluyendo al menos 15 en el último año.

Vía Diario Libre

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