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Mira lo que dice el director del DNI de turista agredida en Punta Cana
Por su parte la Policía dice hubo contradicciones en declaraciones de mujer y esposo
El presidente de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), Sigfrido Pared Pérez, definió como hechos aislados los casos de delincuencia y muertes de extranjeros en territorio dominicano.
Pared Pérez dijo que en los casos lamentables de asesinatos en los que se han visto envueltos venezolanos, holandeses y norteamericanos obedecen a personas que residen en el país y se desconoce sus andanzas.
“Estos casos, se tratan de hechos aislados de personas que viven aquí y sabrá Dios en qué tipo de situaciones están metidas”, indicó a N Digital.
El director del DNI consideró que en el país no existe una actitud hostil contra extranjeros y que hay casos que han sido manipulados con intensiones de hacer daño.
Explicó que la norteamericana Tammy Lawrence-Daley, quien denunció que fue agredida brutalmente por un empleado durante su estadía en el resort de Punta Cana, Majestic Elegance, se trató de una manipulación total.
Indicó a N digital que los indicios apuntan a que ella fue víctima de violencia de género por arte de su esposo.
“En ese caso se armó la conjetura desde el principio ya que ocurrió en enero, ni ella, ni los familiares quisieron poner la denuncia y dijo que fue violada y los médicos que la atendieron, que realizaron la investigación, dijeron que no fue violada. Ya hay una serie de mentiras manipuladas”, afirmó.
Definió como un extraño que siendo alegadamente agredida de una manera tan brutal, regresa a su país y es cuatro meses después que hace la denuncia pública.
“Las autoridades de Higuey le dijeron que pusiera la denuncia para abrir una investigación formal y dijo que no. Los familiares también dijeron que no y desde que salió del hospital se fue del país. No puso la denuncia y por eso se presume hay violencia de género”, consideró.
Pared Pérez explicó que de haber hecho la denuncia se tendría que investigar a su marido y a todos los que andaban con ella.
Explicó que al investigarse a todo el personal del hotel, tas ella haber dicho que había arañado y mordido a su agresor y que aparentemente era empleado del hotel, resultó que no había nadie ni arañado, ni mordido.
“También se dice allá que ella le pedía al hotel 200 mil dólares para no poner la denuncia y le dijeron que no, que era preferible investigar”, manifestó.
Respecto a la pareja de esposo norteamericanos Edward Nathael Holmes, de 63 años, y Cynthia Ann Day, de 49. Hallados muertos en el hotel Bahía Príncipe del complejo turístico Playa Nueva Romana, se trata aparentemente de un suicidio.
Dijo que ambos sufrían de la presión y se encontraron pastillas para la presión en el lugar y no hay signos de violencia.
Respecto a la muerte de las venezolanas Keila Pernia Álvarez, Virginia Rojas Collado, indicó que si hubo violencia, pero habría que determinar enlos enredos que podrían estar en el país.
PN dice hay contradicciones
La Policía Nacional informó que realizó todas las indagatorias a tiempo con respecto al caso de una turista estadounidense que fue atacada salvajemente, supuestamente por desconocidos en un hotel de Punta Cana, donde estuvo hospedada durante su visita a la República Dominicana.
No obstante, Frank Félix Durán Mejía, vocero de la institución del orden, resaltó que hubo contradicciones entre las declaraciones de Lawrence-Daley, de 51 años y su esposo.
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Poder Ejecutivo somete préstamos por 465 millones de dólares para desarrollo vial y ambiental
A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental
Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.
El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.
El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.
La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.
De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.
Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.
La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.
El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).
La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.
El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.
El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
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