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Tribunal condena a Claro a pagar 47 millones de pesos por violación derechos de autor

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La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional sentenció a la empresa telefónica Claro al pago de 47 millones de pesos por la difusión de películas en su canal de televisión por cable Claro TV, sin realizar los pagos que corresponden por concepto de derechos de autor.

La querella fue presentada por la empresa Gestión de Derechos Audiovisuales (EGEDA).

El documento acusatorio señala que en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2015, la empresa telefónica difundió sin obtener los derechos los filmes 800 Balas (de Alex de la Iglesia, Pánico Films), Los ojos de Julia (Guillén Morales, Rodar y Rodar Cine y Televisión), Lucía y el Sexo (Julio Meden, Sogecine) y La Gran vida (Antonio Cuadri, Video Mercury Films)

Los abogados de la empresa EGEDA plantearon que Claro violentó los derechos de autor por transmisiones, y que el costo es de 47 millones 105,988.98 pesos, indica El Nuevo Diario.

“Se condena a la cable operadora Claro a pagar la suma de 47 millones 105,988 con 98 centavos, más el 1% de interés mensual computado hasta la fecha de intimación de pago hasta la ejecución final de la presente decisión, bajo reserva de aquella exigir a esta última, el pago de cualquier diferencia que en lo adelante se genere en el supuesto de que el proceso de impugnación que en la actualidad cursa por ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, arroje alguna disminución de la tarifa aplicable”, indica la sentencia del tribunal.

La querella señala, además, que la compañía Claro no pudo demostrar que tiene las licencias del uso no exclusivo para la difusión y comunicación pública de las citadas películas.

El tribunal también condenó a Claro al pago de las costas a favor de los juristas, Hansel Durán Pérez, Pedro Durán Bello y Alicia Subero Cordero.

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Ministerio Público rescata a más de 40 mujeres en operación contra redes de trata

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El Ministerio Público informó el rescate de más de 40 mujeres durante la Operación Begonias, puesta en marcha este sábado con allanamientos en la provincia Santo Domingo.

La intervención es el resultado de una extensa investigación iniciada hace varios meses, para desarticular redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra ocho imputados (cuatro hombres y cuatro mujeres) colombianos y dominicanos.

La operación, en conjunto con la Fiscalía de Santo Domingo Este, cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional.

También participaron fiscales de la fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

La investigación contra las redes contó con el apoyo de Anti Trafficking Bureau (ATB).

Un equipo de diez fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.

Durante la operación, los equipos de fiscales ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.

De igual forma, se incautaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.

La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, resaltó la importancia de la nueva operación contra las redes de trata de personas.

“Estás operaciones, que son antecedidas de un amplio trabajo de investigación, responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso contra el crimen transnacional”, dijo Bejarán Álvarez.

Explicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente.

Los imputados ofertaban trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles. Después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerles daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían liberarlas

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Ministro de Agricultura revela se probaron los primeros 15 mil permisos de trabajo transitorios para inmigrantes

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El ministro de Agricultura, Limber Cruz, reveló que el Gobierno ejecuta un plan para otorgar permisos transitorios de trabajo a los inmigrantes que laboran en el sector agropecuario y que ya comenzaron con los bananeros, a quienes le aprobaron 15 mil extranjeros, según reseña el periódico Diario Libre.

«Los bananeros le hicieron una propuesta de permiso transitorio al Gobierno para que aquellos trabajadores que hayan tenido un tiempo asistiendo diariamente a su trabajo, ya conocidos, y que habían tenido también su registro, su regulación, se les diera el permiso transitoriamente hasta que puedan renovar sus documentos oficiales desde su país», informó el ministro.

A los beneficiarios se les entregará un carné con sus datos biométricos y un código QR (código de respuesta rápida, por sus siglas en inglés) que servirá a las autoridades para identificar al sector al que pertenecen si los encuentran en otras áreas.

«Te puedo asegurar que se aprobó a los bananeros, por ahí se comenzó, porque también ellos tenían algunos pasos ya más avanzados. Se les va a aprobar a la avicultura, al arroz, a los plátanos, a todos aquellos que ya hayan tenido una experiencia de regulación», detalló.

Todos los sectores
Afirmó que otros grupos de trabajadores foráneos serán aprobados a la construcción y «a todos los sectores».

«Es una combinación de cosas que se van a mezclar para que el productor, el contratista y quien los contrate esté seguro de que tiene a un hombre con las condiciones mínimamente necesarias para que pueda estar en nuestro país», agregó.

Cruz no precisó el tiempo de vigencia que tendrá el documento.

En cuanto al proceso, dijo que los empleadores estarían a cargo de seleccionar a los trabajadores y pasar los datos a la Dirección General de Migración (DGM) y que serán elegibles solamente los que tengan algún tipo de identificación de su país de origen, aunque esté vencida.

«Tú vas y le das la información a Migración, porque ya el proceso oficial lo va a hacer el Estado», remarcó.

El ministro estima que la necesidad total de mano de obra extranjera, sobre todo haitiana, que tiene la agricultura supera los 100 mil.

Solución práctica

Esta medida se corresponde con la postura que ha sostenido Cruz, como funcionario y como empresario agropecuario, a favor de un plan para regular y organizar la mano de obra que requiere la economía dominicana.

«Eso es parte de la solución práctica que yo le he hablado a ustedes. Tenemos que tener soluciones prácticas, porque la agricultura no puede esperar. Los productos se dañan en la finca, tú tienes que buscar medidas rápidas y prácticas», defiende.

El ministro considera que la República Dominicana debe pensar en soluciones pragmáticas al tema migratorio frente a la realidad de una economía que emplea la mano de obra haitiana en todas partes.

«Nosotros podemos ir pasando de una etapa y acercarnos a la otra, que es la definitiva, que es la que yo propongo, una regularización real y efectiva. Eso es lo que yo propongo», remachó.

Dice que los jornaleros haitianos en su finca personal rondan los 30, de una nómina total de más de 100 personas.

«Aquí se habla de la agricultura y la construcción, pero vayan a los hoteles y métanse a la cocina de los hoteles para que ustedes vean. Vayan a las casas de familias. Métanse a una torre de esas y vean quién es que amanece cuidando las torres», argumentó.

Negó que a esos inmigrantes  se les pague un menor salario que a los dominicanos ya que a sus ingresos se suman, en su caso particular, las comidas y otros beneficios que reciben.

 

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