Panorama
Pagar multas para renovar el marbete será obligatorio a partir del próximo año
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre decidieron posponer la medida que impide la renovación del marbete para el año 2020 al admitir que se necesita “de un proceso más amplio de difusión previa en beneficio de los ciudadanos para que sea fluido, en lo cual trabaja con mucha atención la Procuraduría General de la República”.
La decisión, según indica el comunicado, es adoptada temporalmente hasta agotar un proceso de socialización hasta el próximo año 2020, a fin de facilitarles a los ciudadanos que puedan renovar el marbete y disponer de un plazo mayor para regularizar su estatus en caso de tener multas por infracciones de tránsito.
Sin embargo, en el comunicado no se refleja ninguna decisión sobre el tema de las multas fantasmas de las que ciudadanos se ha quejado desde que se anunció la decisión de bloquear la renovación del marbete si los ciudadanos tienen el pago pendiente de multas.
Mientras tanto, cada día surgen más quejas de ciudadanos a los que le han generado multas de tránsito por no tener el casco de motociclista, a pesar de que nunca se han subido a una motocicleta.
Otros que tienen años en condición de discapacidad que les impide conducir y salen con multas en el período de la discapacidad.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Tránsito Terrestre (Digesett) solo en 2018 se impusieron 812,930 multas de tránsito, que arroja un promedio de 2,227 multas diarias en un parque vehículo que rondaba los 1,346, 852 de vehículos a los que se les esperaba emitir un marbete.
En tanto, entre los meses de enero a julio de 2019 se realizaron unas 515,900 multas de tránsito. Esto coloca el promedio de multas diarias en 2,443 multas en los primeros 212 días del año.
Comparando con el mismo período de tiempo con el año anterior, que fueron unos 453,783 multas entre enero y julio de 2018, se percibe un incremento de poco más del 12 %. El promedio de multas de los primeros 212 días del año anterior fue de 2,140 multas diarias.
Cabe recalcar que en comparación con la cantidad de vehículos circulando, la Dirección General de Impuestos Internos tiene un estimado de 1 millón 374 mil 321 vehículos, solo un 2% más que el año pasado.
Sin embargo, en diversas instancias, la directora del Intrant, Claudia Franchesca de los Santos, y el director de la Digesett, Ernesto R. Rodríguez García, han llamado a la población a que vayan a los juzgados de tránsito a aclarar la situación que evidentemente es un problema del sistema internos de multas, reseña Diario Libre.
De los Santos defendió que “el Procurador nos ha externado que ha triplicado el personal para aquellas personas que no reconocen una multa, pues que puedan ir a la fiscalía y que se revise su caso y eso se está haciendo de forma muy eficiente, ya no es como antes que las personas iban, pasaban mucho trabajo, tratando de resolver esto, ahora la Procuraduría se ha encargado de que este proceso sea eficiente”.
Eficiente no, es el ciudadano en el que carga con un problema generado por el Estado.
Panorama
Pese a proceso judicial en curso, demuelen restaurante El Navío en Pedernales
Autoridades del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) demolieron el restaurante El Navío, considerado uno de los principales centros de atracción para los miles de cruceristas y vacacionistas que llegan semanalmente al puerto de Cabo Rojo, en esta provincia fronteriza.
El establecimiento, construido con un permiso temporal otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente, se había convertido en un punto de referencia turística donde, además de los visitantes extranjeros, acudían funcionarios y empresarios para disfrutar de un ambiente recreativo frente al mar.
Según las autoridades, el área donde operaba el restaurante El Navío, propiedad del joven empresario Odalis Grullón, obstaculizaba los trabajos de construcción del frente marino o malecón que actualmente se desarrolla en la zona.
No obstante, la demolición se produjo en medio de un proceso judicial, debido a que existe una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Pedernales que prohíbe cualquier tipo de desalojo.
El abogado Juan Carlos Acosta precisó que una sentencia del Tribunal Administrativo no autoriza a ningún órgano del Estado ni a entidades privadas a desalojar bienes inmuebles sin que previamente exista una decisión definitiva emitida por el tribunal competente de Barahona y se autorice su ejecución.
De acuerdo con el propietario Odalis Grullón, durante una reciente visita a esta frontera del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recibió garantías sobre su propiedad, por lo que incluso fue invitado al Palacio Nacional, ya que el tema era de conocimiento del presidente Luis Abinader.
Sin embargo, el jurista Juan Carlos Acosta sostuvo que la demolición ejecutada constituye un acto ilegal, tomando en cuenta el proceso judicial que se encuentra en curso.
Panorama
Fijan para este jueves medida de coerción contra militar acusado en muerte de adolescente en SFM
Las autoridades judiciales de San Francisco de Macorís conocerán este jueves la medida de coerción contra un militar acusado de presuntamente provocar la caída de una motocicleta en la que se desplazaba el adolescente Ángel Manuel Luna, de 16 años, quien falleció a consecuencia del hecho.
La audiencia se llevará a cabo en el Palacio de Justicia de esta ciudad, donde familiares de la víctima, así como representantes de organizaciones populares y comunitarias, han anunciado que darán seguimiento al proceso judicial.
El caso ha generado indignación en distintos sectores de San Francisco de Macorís, donde ciudadanos han realizado vigilias, encendidos de velas y manifestaciones para exigir justicia por la muerte del menor.
Desde que ocurrió el incidente, grupos populares, estudiantiles y comunitarios han demandado una investigación transparente y que los responsables sean sometidos a la acción de la justicia.
Asimismo, han reiterado su llamado a que el caso sea esclarecido y sancionado conforme a la ley.
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