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Panorama

La frontera del país al borde de la extinción sin la Ley 28-01

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En Santiago Rodríguez como en otras localidades existe el temor de que esa y otras provincias retrocedan a los niveles de pobreza que tenía en el pasado, si no se extienden los beneficios contemplados en la Ley 28-01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, y que finaliza en 2020.

“Hay una parte importante del empresariado de la capital interesada en que los beneficios se eliminen. No vamos a entrar en detalles, pero hay unos amigos de grandes empresas empeñados claramente en eso”, le asegura a un equipo de periodistas que visitó varios pueblos de Santiago Rodríguez, el presidente de la empresa Guaraguanó Foods, Nicolás Almonte. No es el único que se refiere así al tema.

La 28-01 es una normativa con la que mucha gente no estuvo de acuerdo desde sus inicios.

Consiguió oposición temprana, en cuanto fue promulgada en el año 2001.

Pero conversaciones sostenidas con personas de distintos estratos sociales de los pueblos donde las inversiones llegaron, fruto de esa ley, resaltan el cambio de vida que han alcanzado, especialmente, gracias a que lograron emplearse en alguna actividad económica, por las industrias que surgieron.

Indica El Caribe que la Ley 28-01 fue un instrumento jurídico creado con el propósito de abrir oportunidades para siete provincias fronterizas de la República Dominicana, especialmente vía los empleos.

Sin embargo, por facilidades impositivas que ofrece para las empresas que se instalen en los puntos geográficos cercanos a la frontera, generó recelos de otros sectores, entre ellos, de la industria.

Y ese sector no se guarda la forma cuando tiene que hacer las críticas sobre la cuestión.

Las provincias beneficiarias son: Montecristi, Dajabón, la propia Santiago Rodríguez, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales y Elías Piña.

 

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La frontera del país al borde de la extinción sin 28-01. La ley 28-01 que beneficia a las provincias fronterizas, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, ayudando al crecimiento económico de la frontera así también como la creación de miles de empleos puede estar en peligro, poniendo en riesgo el sustento de miles de Dominicanos. La extensión inmediata de esta ley es una imperiosa y urgente necesidad para garantizar la continuidad de la misma que beneficia a las provincias, situadas en la frontera, caracterizadas por la marginalidad, el atraso y la pobreza. ¿Estás a favor que se extienda esta ley que beneficia nuestra frontera?

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En Santiago Rodríguez, el pedido para que las facilidades de la ley se extiendan viene de diversos lados.

El representante de la empresa Guaraguanó Foods asegura que para empresas como la suya la normativa ha sido positiva, porque no se tiene que pagar Impuestos Sobre la Renta, pero sí tiene que retenerle al fisco el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios (ITBIS).

Calcula que su empresa ha pagado RD$10 millones en lo que lleva funcionando la ley -por concepto de ITBIS-.

“Y veo que Industrias San Miguel ha pagado una cantidad mucho mayor. Pero no es solo eso. Lo que pasa es que nosotros disciplinamos las demás empresas. Para comprar cualquier cosita tenemos que quedarnos con el recibido del RNC. Eso va disciplinando a las otras empresas y todo el mundo tiene que ir a la renta, quiera o no. Eso va motivando”, indica.

Desde el punto de vista de Nicolás Almonte “no nos podemos dar el lujo de quitar la 28-01 porque algunas personas pudientes de Santo Domingo quieran que se elimine”.

“Son empresarios que merecen nuestro respeto, cariño y amor también. Con una empresa como la mía tú no puedes comprar dos vehículos nuevos, porque el poder adquisitivo no es tan grande. No es una cosa del otro mundo como se cree. La ley no prohíbe que gente de Santo Domingo venga a la Línea Noroeste a invertir su dinero. Si usted desea, deje la capital y ruédese para acá, para las provincias fronterizas del Noroeste. Y deje que la ley camine otra vez y la renueven”, dice Almonte, mientras sonríe.

Planteó que el tema de la Ley 28-01 debe incluirse como número uno en el debate económico, para pasar revista y analizar el impacto que ha tenido en construcción, fortalecimiento y preservación de las empresas en los pueblos noroestanos que colindan con puntos fronterizos.

“Debe incluirse no solo por la ley, sino también por la Constitución de la República… que se establezca que las provincias que están en la zona fronteriza debe tener algún privilegio. Aquí hay que trabajar por el bienestar de los que se están quedando aquí en la frontera, en estos pueblos y de los que están viniendo para acá”, apuntó.

Sostuvo que en un país donde hace falta la inversión, eso es un punto bueno.

“Eso no puede estar parado porque hay un Consejo de Fronteras integrado por más de 30 personas que no se reúne”, advirtió. ¿Qué no se reúne? le pregunta el periodista Alex Jiménez, director del periódico Primicias. “No, ese consejo no se reúne”, responde.

Aseguró que hay 33 empresas interesadas en invertir y no han conseguido aprobación para entrar bajo Ley 28-01 en la zona fronteriza. “Por eso no han podido. Ese consejo lo hicieron tan ampliado y para colmo no se reúne. Ellos saben cómo lo hacen”, reiteró.

Desde su punto de vista, es importante reunir a los grandes actores que tienen que ver con el tema, porque de ahí pueden surgir grandes ideas para hacer lo que se requiere.

“Santiago Rodríguez ha crecido, pero siempre hace falta algo. Hay que mejorar puntitos y cuando nos juntamos grupos, mejoramos y hacemos cosas”, dice Almonte.

Advirtió que si de Santiago Rodríguez se marcharan las empresas que se instalaron bajo el amparo de la Ley 28-01, eso tendría un fuerte impacto en la zona.

“Tú sabes que cuando se produce más, las agencias de viajes venden más vuelos y lo propio ocurre con el que vende aretes u otras mercancías”, le dijo a los periodistas el diálogo se da a media mañana frente al establecimiento de Almonte, donde la actividad es intensa. La empresa genera empleos directos e indirectos.

“Si esa ley se quita, Santiago Rodríguez pasaría de ser una provincia donde la delincuencia está en cero, a posiblemente igualarse a otras regiones del país”, advirtió.

Rememoró que empresas pequeñas quebraban dos y tres veces en el pasado, cuando las políticas económicas no les favorecían mucho, hasta que eso cambió.

“El riesgo es que volvamos atrás”, se lamenta.

Datos ofrecidos por diversas instituciones en la Expo Santiago Rodríguez 2019 indican que en esa provincia de la Línea Noroeste de República Dominicana hay 51 queserías y dulcerías e industria de yogurt y una planta de procesamiento lácteo que pertenece a la Federación de Ganaderos del Noroeste.

A Santiago Rodríguez se le considera la capital de la leche en el país.

A través de ese producto la provincia recibe anualmente unos RD$2,000 millones, que dinamizan el entorno, de acuerdo con datos del empresario Carlos Marino Almonte, propietario de la Industria de Lácteos Almonte.

Se producen alrededor de 225 mil litros diarios y el 60% lo maneja la industria láctea local. Una parte de esa leche se extrae del ganado de Carlos Marino, que es de raza europea.

Las reses se mantienen o alimentan con el sistema silvopastoril implementado por el ganadero.

Concretamente, ese modelo (el silvopastoril) consiste en conservar todas plantas de un determinado tipo en una propiedad para que bajo la sobrilla de éstas se desarrolle pasto para ganado.

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Interponen recurso contra designación de Juan Manuel Méndez en el Intrant

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Será este miércoles cuando formalmente sea sometido a la justicia la designación del mayor general retirado Juan Manuel Méndez al frente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por considerarse irregular.

La acción legal será depositada a la 1:00 de la tarde ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), informó el consultor vial y comunicador Dary Terrero, quien insistió en que el funcionario carece de las condiciones técnicas requeridas para dirigir dicha institución.

Terrero explicó que el recurso había sido presentado la mañana de ayer a través de su abogado, Víctor Eddy Mateo Vásquez, pero debió ser retirado temporalmente debido a un error de redacción que lo catalogaba como general activo, cuando en realidad Méndez se encuentra en condición de retiro como miembro del Ejército de la República Dominicana.

El 16 de agosto pasado, el Poder Ejecutivo designó a Méndez al frente del Intrant mediante el decreto 551-26, nombramiento que según Terrero no se corresponde con el perfil del funcionario, partiendo de que este no cumple los requisitos de ley que son necesarios para ocupar dicha posición, incluyendo títulos universitarios.

Tras darse a conocer la pasada semana su sometimiento, el director del Intrant publicó en sus redes sociales una serie de diplomas universitarios que avalan su preparación académica.

“Aunque hace unos añitos que me gradué de abogado, a los 22 años, luego, hace 23 años, hice una especialidad. Creo que ni mis hijos lo sabían, pero gracias a Dios, aunque si muero y vuelvo a nacer me engancho a la guardia”, escribió el funcionario.

Todo el mundo conoce que, en la República Dominicana, a partir de la ley que crea el Ministerio de Administración Pública, ningún dominicano puede ocupar una posición técnica para la cual no esté formado”, subrayó Terrero al conversar con El Nacional esta mañana.

Agregó que el artículo 13 de dicha legislación establece que quien aspire a dirigir la entidad debe poseer no solo un título universitario, sino también formación específica en el área.

Vía El Nacional

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Eduardo Hidalgo pide auditar RD$1,251 millones destinados al Bono a Mil

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El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, pidió este martes que sean auditados los RD$1,251 millones destinados al programa Bono a Mil, al tiempo que reclamó una explicación pública sobre quiénes son los beneficiarios y cuáles son los criterios utilizados para incluir a las familias en esa iniciativa.

Durante una entrevista en el prograna El Despertador, Hidalgo expresó preocupación por el manejo del programa y consideró necesario que las autoridades rindan cuentas sobre el destino de esos recursos y el impacto que ha tenido la iniciativa entre las familias con estudiantes del sistema público.

“Necesitamos que eso se audite. Que se audite. Y necesitamos que se rinda cuentas”, expresó Hidalgo.

El dirigente magisterial sostuvo que se trata de una inversión superior a los mil millones de pesos, por lo que entiende que debe explicarse a la ciudadanía quiénes reciben el beneficio y bajo cuáles condiciones son seleccionados.

Cuestiona impacto del programa
Hidalgo manifestó que la ADP ha expresado preocupación desde hace tiempo sobre la forma en que se manejan este tipo de ayudas y planteó que, además de conocer a los beneficiarios, debe evaluarse el impacto que tiene el incentivo en el acompañamiento de los padres a sus hijos.

El presidente de la ADP señaló que existen situaciones en las que los estudiantes dejan de asistir a clases, principalmente después de días feriados, por lo que consideró necesario analizar también el compromiso de las familias beneficiadas con la asistencia escolar.

Reclama explicación sobre aulas para niños de tres años
Durante la entrevista, Hidalgo también pidió al Ministerio de Educación rendir un informe sobre las 300 aulas para niños y niñas de tres años anunciadas en 2022 como parte de un plan piloto.

Recordó que la ADP respaldó la iniciativa porque permitiría reducir la brecha existente desde la educación inicial entre estudiantes del sistema público y aquellos que pueden ingresar desde edades más tempranas a centros privados.

Según explicó, proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística situaban en alrededor de 153 mil la cantidad de niños de tres años para 2026, lo que representaría una necesidad cercana a 7,000 aulas, tomando como referencia grupos de aproximadamente 20 estudiantes.

Hidalgo sostuvo que las 300 aulas anunciadas no resolverían completamente el déficit, pero sí representarían un avance, por lo que reclamó información sobre su estado actual.

“¿Qué pasó con esas 300 aulas que se anunciaron?”, cuestionó.

ADP estima unos 300 mil estudiantes sin cupo
El
presidente del gremio informó además que un estudio de la ADP establece que alrededor de 300 mil estudiantes de primaria y secundaria no encontraron cupo por falta de aulas.

Explicó que el sindicato no se opone a que los centros inscriban a todos los estudiantes que soliciten un espacio, pero advirtió que esa medida ha provocado sobrepoblación en diferentes planteles.

De acuerdo con Hidalgo, aulas diseñadas para 25 estudiantes están recibiendo entre 35 y 40, mientras que en algunos liceos existen cursos con 50 y hasta 55 alumnos, situación que, según planteó, afecta la calidad de la enseñanza.

Centros no iniciaron clases por problemas de infraestructura
Hidalgo indicó que varios planteles no pudieron iniciar el año escolar debido a trabajos de infraestructura pendientes.

Entre los casos mencionó el Liceo Unión Panamericana, donde los trabajos de mantenimiento se realizaron próximo al comienzo de las clases, pese a que, a su juicio, debieron ejecutarse durante junio o julio.

También citó la situación de un liceo de Blanco Arriba, Tenares, cuyos estudiantes han recibido docencia en espacios improvisados mientras esperan la terminación de su centro educativo.

Asimismo, aseguró que más de 40 centros en Higüey no pudieron comenzar las clases por problemas de infraestructura y que en San Pedro de Macorís entre 25 y 30 planteles enfrentaron dificultades similares.

Cuestiona ejecución de recursos
Sobre los problemas de infraestructura, Hidalgo descartó inicialmente que la principal causa sea la falta de recursos económicos y cuestionó que cada año queden partidas sin ejecutar pese a las necesidades existentes en las escuelas.

Indicó que las autoridades deben explicar si los retrasos responden a dificultades burocráticas u otros factores, debido a que existen centros que permanecen con trabajos pendientes al inicio de cada período escolar.

Solo 43 % recibiría agua los cinco días
Otro de los problemas señalados por Hidalgo fue el suministro de agua en las escuelas.

Según explicó, alrededor del 43 % de los centros recibe agua durante los cinco días de la semana, mientras que el resto enfrenta diferentes niveles de interrupción.

Algunos planteles reciben agua dos o tres días, mientras que otros pueden permanecer sin el servicio, afectando baños, lavamanos y cocinas.

Hidalgo planteó que en esos casos deben buscarse alternativas, como reparación de bombas, construcción de cisternas o pozos y contratación de camiones de agua cuando sea necesario.

Rechaza cobros en escuelas públicas
El presidente de la ADP aseguró que la organización se opone al cobro de inscripción o reinscripción en escuelas públicas.

Explicó que esta práctica se estaría produciendo en algunos centros educativos administrados mediante convenios con iglesias u otras entidades, pese a que reciben recursos del Ministerio de Educación.

Según afirmó, en algunos centros se estarían cobrando cuotas de RD$200 y RD$500.

Hidalgo pidió al Ministerio de Educación investigar esos casos y sostuvo que esos planteles reciben transferencias precisamente para cubrir sus gastos de funcionamiento.

Denuncia retrasos en transferencias
Hidalgo también denunció retrasos en la entrega de las transferencias económicas que reciben las escuelas para cubrir gastos operativos.

Afirmó que, pese a encontrarse ya en agosto, los centros habían recibido solo una transferencia, aunque estas deberían realizarse trimestralmente.

Esos recursos son utilizados para comprar materiales gastables y productos de limpieza, reparar puertas, ventanas y tuberías, así como adquirir agua cuando los planteles enfrentan dificultades con el suministro.

El dirigente explicó que la falta de esos fondos puede dejar deudas en manos de los directores y las juntas de centro, dificultando el acondicionamiento de las escuelas.

Técnicos mantienen pagos pendientes
Sobre los incentivos por evaluación del desempeño correspondientes a técnicos del sistema educativo, Hidalgo aseguró que todavía existe un grupo que no ha recibido esos recursos.

Reconoció que otros técnicos sí fueron pagados, aunque aclaró que la ADP no maneja la cantidad exacta de personas pendientes debido a que ese personal pertenece a otra organización sindical.

ADP se desvincula de protesta
Hidalgo también aclaró que la protesta realizada durante el acto oficial de apertura del año escolar no fue organizada por la ADP.

Indicó que la persona vinculada a la manifestación estuvo anteriormente contratada por el sindicato, pero no está nombrada como maestro en el Ministerio de Educación y, por tanto, no forma parte actualmente de la ADP.

Según explicó, la organización emitió un comunicado para desautorizarlo a hablar en nombre del gremio.

Pide mejorar salarios del personal de apoyo
Aunque rechazó la forma en que se produjo la protesta, Hidalgo afirmó que la ADP sí ha planteado en varias ocasiones la necesidad de mejorar las condiciones salariales del personal de apoyo de las escuelas.

Cuestionó que trabajadores encargados de la vigilancia y limpieza de los centros educativos devenguen alrededor de RD$14,000 mensuales y aseguró que el gremio ha llevado ese reclamo ante las autoridades educativas.

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