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Más de 23 fiscales y 150 policías participan en allanamiento a la Cámara de Cuentas

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Más de 23 fiscales del Ministerio Público y 150 policías participan en estos momentos en el allanamiento realizado a la sede de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana la mañana de este lunes, en el marco de una investigación por obstrucción de la justicia y corrupción administrativa.

El operativo, encabezado por el director de la Procuraduría Especializada en Persecusión de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, inició a las 6:30 de la mañana de este inicio de semana y abarca los 10 pisos de la Cámara de Cuentas.

Se recuerda que la Pepca se encuentra investigando al pleno de la Cámara de Cuentas en el marco de una investigación por obstrucción de la justicia y corrupción.

El mes pasado, el Ministerio Público había informado que ampliaba las investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra la actual Cámara de Cuentas tras detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa.

Las indagatorias contra el órgano fiscalizador, que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.

“Las investigaciones han establecido que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas”, informó la Procuraduría General en ese entonces.

Las investigaciones que lideran la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidas por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, abarcan a todos los integrantes de la Cámara de Cuentas, así como a funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, como la Consultoría Jurídica y la Dirección de Auditoría.

El viernes 18 de diciembre del 2020 el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, y el secretario, Carlos Noés Tejada Díaz, fueron interrogados en la apertura de una investigación contra los miembros del organismo fiscalizador del Estado “por obstruir la justicia al entorpecer indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales”.

Los funcionarios fueron citados “a los fines de que declaren respecto a informaciones que posee el Ministerio Público sobre manejos irregulares por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas”, detalló la Procuraduría General en un comunicado.

En diciembre, la Pepca dijo que remitió reiteradas comunicaciones en las que solicitó información a la Cámara de Cuentas.

Sin embargo, sus miembros “han respondido con evasivas, teniendo además el Ministerio Público evidencias de que los mismos han incurrido en manejos irregulares, para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las indagatorias”, reveló la procuraduría entonces.

Añade que esta actitud de quienes integran la entidad superior externa de control fiscal de los recursos públicos “se constituye en obstrucción a la justicia y los convierte en objeto de investigación”.

La obstrucción de justicia está definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), que establece la obligación de los funcionarios públicos a ofrecer la información requerida, cuya desobediencia se castiga según indica el artículo 188 del Código Penal Dominicano.

El citado artículo señala: “La pena de la reclusión se impondrá: a los funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan, que requieren u ordenaren, hicieren requerir u ordenar la acción o el uso de la fuerza pública, para impedir la ejecución de una ley, la percepción de una contribución legal, la ejecución de un auto o mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de autoridad legítima.

El Día

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Alexis Villalona no se entregó porque pensaba que tenía Covid

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Alexis Villalona, quien agredió a Santa Arias, tras un accidente de tránsito ocurrido en Baní la noche del 31 de diciembre, pidió otra vez perdón a la sociedad y dijo que no se había entregado a las autoridades porque pensaba que tenía Covid-19.

“Fue un error, pido disculpas al país…tenía miedo… yo nunca había caído preso, me arrepiento, perdónenme. Tenía miedo y estaba enfermo… yo pensaba que tenía Covid-19”expresó Villalona mientras era conducido a la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Baní, donde se le conoce este lunes medida de coerción.

Villalona fue capturado en la comunidad de El Fundo, en el municipio de Baní, provincia Peravia.

Según la Policía Nacional, Alexis Villalona estaba oculto en un contenedor el la comunidad El Funco, municipio de Baní, donde se realizó un operativo para su captura.

Las autoridades realizaron un allanamiento en una finca donde se ocultaba e intentó evadir la persecución abordo de una motocicleta junto a otra persona. Fue capturado minutos después en el referido lugar.

Alexis Villalona tenía dos semanas huyendo tras agredir físicamente a Santa Arias, a quien abofeteó varias veces hasta dejarla tendida en el pavimento.

MP pide un año de prisión
El Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva contra Alexis Villalona «el abusador de Baní», acusado de agredir en varias ocasiones a Santa Arias luego de un accidente ocurrido en Baní, así lo informó este viernes el fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejada.

Vía El Día

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Motín en cárcel La Victoria: tres muertos y nueve heridos

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Un motín ocurrido esta madrugada en la cárcel La Victoria dejó un saldo de tres muertos y al menos nueve heridos.

De acuerdo a un primer informe ofrecido por las autoridades carcelarias, el hecho se produjo cuando dos grupos de privados de libertad se enfrentaron en una trifulca que dejó un saldo de al menos tres muertos y nueve heridos.

Las autoridades penitenciarias identificaron a los muertos como Juan Nicolás Ovalles Ferrán (el Mello), de 30 años de edad, Pedro Luis Moreno Díaz, de 31, y Rafael Batista (Rasputín), de 35.

Indica que el conflicto se originó en las áreas del patio 1 y 2. Seis de los heridos con armas, blanca y de fuego, fueron trasladados a un centro hospitalario mientras los otros tres recibieron atenciones en la unidad médica del mismo recinto.

La información provisional de los oficiales de la Policía Nacional que custodian la seguridad del recinto, indica que la trifulca se produjo alrededor de la 01:00 de la madrugada de este domingo.

Los tres fallecidos estaban condenados o acusados por violación a las leyes 36 sobre Porte y Tenencia de Armas y la 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Las autoridades penitenciarias informaron que continúan aplicando los protocolos para garantizar la seguridad de los que allí guardan prisión, y los agentes que custodian el recinto que alberga una población carcelaria de unas 7,200 personas.

LD

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