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Piden 10 años de prisión para Rondón y Díaz Rúa por caso Odebrecht

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El Ministerio Público solicitó hoy penas que van desde 5 a 10 años para todos los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht, así como la imposición de multas, el decomiso de bienes en favor del Estado dominicano, y el pago de las costas del proceso.

En la conclusión de la presentación de sus presupuestos en el juicio de fondo ante el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión contra el empresario Ángel Rondón Rijo, considerado  cabeza del presunto entramado, e igual pena para Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas.

Mientras que contra Tommy Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal; Juan Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, Inapa, y Andrés Bautista García, expresidente del Senado, fue solicitada una condena de cinco años de prisión, respectivamente.

En el caso de Conrado Pittaluga Arsena, abogado notario vinculado a Díaz Rúaz,  el Ministerio Público demandó del tribunal una condena de 7 años de reclusión, por sus supuestos vínculos en los contratos hechos en el Ministerio de Obras Públicas para favorecer el proceso vinculado a la multinacional.

Además, contra todos los implicados se pidió el pago de  200 salarios de multa, el decomiso en favor del Estado dominicano de los bienes presentados previamente en audiencia, así como el pago de las costas del proceso.

Medida de coerción. En su petición ante el tribunal, el Ministerio Público aprovechó para solicitar, además, al variación de la medida de coerción de cada uno de los imputados por la imposición de la prisión preventiva, tras considerar que es la «única medida capaz de hacer cumplir y garantizar el cumplimiento de la sentencia que ha de intervenir».

Justificó esta última medida al considerar que en el pronunciamiento y ejecución de la sentencia «hay un plazo en todo el proceso, el cual en muchas ocasiones da pie a la evasión por parte de los condenados, para evitar el cumplimiento de la sentencia».

Tras la conclusión del Ministerio Público, la jueza presidenta del tribunal, Giselle Méndez, decidió aplazar el juicio por razones de horario, para el próximo 29 de este mes, momentos en que le tocará a la defensa técnica de Rondón Rijo exponer su presentación de clausura.

FUENTE: Periódico Hoy

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Faride Raful manda a ‘rodar’ a manipuladores mediáticos y a los defensores del caos

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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lanzó un fuerte mensaje en su cuenta de X, haciendo un llamado a la prudencia y al respeto de las normas durante el fin de semana de Semana Santa. Al mismo tiempo, mandó a «rodar» a aquellos que buscan «extorsión, caos o manipulación mediática».

En su publicación, Raful expresó su apoyo al esfuerzo de las autoridades que trabajaron durante estos días festivos y a los que aún están laborando, exhortando a la ciudadanía a respetar las señales viales.

«Favor retornar de manera prudente y segura (no tomen la marginal a menos que sea una emergencia…). Respeten las señales. Gracias al personal que laboró y que aún labora. Las puertas del Ministerio de Interior y Policía están abiertas para colaborar, denunciar excesos o para dialogar en favor del orden», escribió la ministra.

Sin embargo, en el mismo mensaje, Raful se refirió a los «manipuladores mediáticos», diciendo: «Para la extorsión, defensa del caos o manipulación mediática, no cuenten conmigo, rueden».

Feriado por Semana Santa
Raful también destacó el propósito detrás de los feriados de Semana Santa, señalando que estos días son una conmemoración del sacrificio y la resurrección de Jesús, no un espacio para fomentar el desorden o el ruido.

«Hoy concluimos la Semana Santa comprometidos con la seguridad y el orden», expresó.


«Para la extorsión, defensa del caos o manipulación mediática, no cuenten conmigo, rueden»
Faride Raful
Ministra de Interior y Policía

Asimismo, dijo que «el Estado declara estos días feriados para conmemorar el sacrificio y la resurrección de Jesús, no para enaltecer el desorden y el ruido. Trabajamos dentro del marco legal vigente, el mismo de años anteriores, para una sociedad más organizada, donde la libertad de uno no viole la de los demás».

Vía Diario Libre

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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