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Falcón: Apresan al presunto jefe operativo de red narcotráfico

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Las autoridades detuvieron anoche a Juan Carlos Mosquea, presunto jefe operativo de la red de narcotráfico y lava­do de activos desmante­lada durante la denominada Operación Falcón.

Juan Carlos Mosquea es hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco, el cabecillas de la red, según el Ministerio Público.

Mosquea fue apresado en Puerto Plata en medio de un amplio operativo realizado por el Ministerio Público con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). En el operativo también fue apresado el joven Waldo Wilfre Musa.

Waldo Wilfre Musa y Juan Carlos Mosquea.

Permanecen prófugos: Erick Randhiel Mosquea Polanco, supuesto cabecilla, y sus hermanos Harington José Mosquea Núñez y Claritza Andreina Mosquea Eduardo. También Kelvin Alexander Torres Bueno, Osiris Medina Díaz, así como de los hermanos Alberto de Jesús Polanco y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco.

Más de 10 mil millones
La red del crimen organizado desmantelada durante la Operación Falcón, que operaba principalmente desde Santiago, llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.

Esta red para el 2012 ya traficaba hasta 2,500 kilos de cocaína a la semana, según el Ministerio Público.

Según estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales, los miembros de la red lavaron cuantiosas sumas de dinero dentro de y “traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, y movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal”.

Así consta en expediente depositado por el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, en la solicitud de medida de coerción contra los imputados que apresaron durante el operativo.

Las informaciones preliminares del Ministerio Público apuntan a que la red de narcotráfico operaba incluso antes de 2012 y que existen evidencias de que a partir de 2017 incrementó sus operaciones.

“Entre República Dominicana y Puerto Rico se le decomisaron aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas”, dice la solicitud de coerción.

La red portaba y traficaba armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado.

Para su desmantelación, las autoridades dominicanas cuentan con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

También, José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco: Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.

FUENTE: Eldia.com.do

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Faride Raful manda a ‘rodar’ a manipuladores mediáticos y a los defensores del caos

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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lanzó un fuerte mensaje en su cuenta de X, haciendo un llamado a la prudencia y al respeto de las normas durante el fin de semana de Semana Santa. Al mismo tiempo, mandó a «rodar» a aquellos que buscan «extorsión, caos o manipulación mediática».

En su publicación, Raful expresó su apoyo al esfuerzo de las autoridades que trabajaron durante estos días festivos y a los que aún están laborando, exhortando a la ciudadanía a respetar las señales viales.

«Favor retornar de manera prudente y segura (no tomen la marginal a menos que sea una emergencia…). Respeten las señales. Gracias al personal que laboró y que aún labora. Las puertas del Ministerio de Interior y Policía están abiertas para colaborar, denunciar excesos o para dialogar en favor del orden», escribió la ministra.

Sin embargo, en el mismo mensaje, Raful se refirió a los «manipuladores mediáticos», diciendo: «Para la extorsión, defensa del caos o manipulación mediática, no cuenten conmigo, rueden».

Feriado por Semana Santa
Raful también destacó el propósito detrás de los feriados de Semana Santa, señalando que estos días son una conmemoración del sacrificio y la resurrección de Jesús, no un espacio para fomentar el desorden o el ruido.

«Hoy concluimos la Semana Santa comprometidos con la seguridad y el orden», expresó.


«Para la extorsión, defensa del caos o manipulación mediática, no cuenten conmigo, rueden»
Faride Raful
Ministra de Interior y Policía

Asimismo, dijo que «el Estado declara estos días feriados para conmemorar el sacrificio y la resurrección de Jesús, no para enaltecer el desorden y el ruido. Trabajamos dentro del marco legal vigente, el mismo de años anteriores, para una sociedad más organizada, donde la libertad de uno no viole la de los demás».

Vía Diario Libre

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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