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Someten en TSA recurso contra requerimiento de la tarjeta vacuna

Un recurso constitucional de amparo fue elevado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para pedir la nulidad de la resolución número 000048 del 8 de octubre, aunque otros abogados consultados defienden la legalidad de la disposición.
Como parte de las medidas que entraron en vigencia ayer, el Ministerio de Salud Pública mantiene en condición de epidémico todo el territorio nacional, a la vez que dispone el uso obligatorio de mascarillas, mantener distanciamiento físico y los establecimientos de uso público solo podrán recibir el 75 % de su capacidad.
Pero la resolución 000048 de Salud también establece que a partir del próximo lunes 18 de octubre, habrá que presentar cédula y la tarjeta de vacunación con al menos dos dosis para poder presentarse a los espacios de trabajo colectivos y cerrados, a los centros de estudios públicos y privados, al transporte y establecimientos públicos, como tiendas, discotecas o colmados.
La resolución motivó el recurso de amparo interpuesto motu proprio por los abogados Yan Carlos Martínez Segura y Eli Saúl Barbi Castro, quienes solicitaron que el procedimiento sea declarado de extrema urgencia y se conozca antes del 18 de este mes de octubre del presente año 2021.
Los abogados elevaron su instancia contra la Presidencia de la República, representada por Luis Abinader y el Ministerio de Salud Pública, en la persona de su titular Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes.
Argumentan que la disposición de Salud Pública atenta contra los artículos de la Constitución 38 (Dignidad humana); 39 (Derecho a la igualdad); 40 (Derecho a la libertad y seguridad personal); 42 (Derecho a la integridad personal); 62 (Derecho al trabajo) y 74 (principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales).
Además, los artículos 3 y 4 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
“En razón de que existe una seria amenaza a los derechos fundamentales de la colectividad, en consecuencia de los accionantes, una amenaza que supone la limitación de amplios derechos constitucionales, a millones de ciudadanos con consecuencias insospechadas y generadoras de consecuencias incluso que perturben la paz y el orden público, generando caos, violencia y desorden en las vías, transporte público y espacios de recreación”, aduce el documento con fecha 10 de octubre.
El abogado Marino Feliz, sin embargo, no advierte violaciones en la disposición del Ministerio de Salud, basado en el contenido marco de la Ley orgánica del propio Ministerio (42-01) que le da potestad para dictar resoluciones cuando tenga que ver con temas de salud, así como por el artículo 61 de la Constitución que establece la salud como derecho fundamental y al Estado como su garante. Indica que la capacidad normativa de la legislación orgánica tiene rango constitucional.
“Si es así, entonces se está avocando a una restricción de algunos derechos, pero la Constitución de la República establece en su artículo 61 que el Estado promoverá todas las cuestiones tendentes a que se provea de una buena salud e inclusive, las cuestiones preventivas de salud”.
Indica que esa responsabilidad puede entrar en contracción con el libre tránsito, libre albedrío o la libre determinación de los individuos, lo que confronta con el derecho a la salud. Sin embargo, entiende que el deber del Estado es proteger a la mayor cantidad de personas, por lo que no ve violación de derecho, siempre que se ampare en la prevención de la salud de todos.
“En un buen argumento de razonabilidad, no son contrarias a la Constitución esas medidas que el Estado puede tomar. No hay violación a derecho. El Estado no obliga a nadie (a vacunarse), lo que está diciendo es que, si tú no estás vacunado, no puedes entrar. Tú tienes un derecho, pero yo tengo que proteger a los demás”, planteó el abogado.
Mientras se decide la suerte jurídica de la resolución, ésta ya empieza a tener efectos entre los que quedaban indecisos frente a la vacuna anticovid. Ayer los centros de vacunación volvieron a experimentar un incremento de asistencia.
“Desde que anunciaron las medidas adoptadas por el Gobierno vinieron más personas a vacunarse”, expresó la encargada del centro de vacunación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).
“Luego de las medidas anunciadas, las personas han venido por su segunda y tercera dosis, pero también muchos han venido, una gran mayoría, por la primera”, explicó Jennifer Maceo, una de las enfermeras a cargo del centro que opera en Plaza Lama de la avenida 27 de Febrero.
Algunos de los asistentes a los centros lo hacen porque “no les queda de otra” ante la exigencia del Ministerio de Salud, según lo expresó uno de los jóvenes que ayer acudieron a inocularse.
En total suman 4.9 millones las personas que han completado su esquema de dos dosis de vacunación en el país, que ya alcanzó el 58.3 % de su población meta. Los que tienen una dosis suman 6.1 millones, según el reporte hasta este 10 de octubre.
Solo las provincias Monseñor Nouel y San Cristóbal presentan a la fecha un 49.3 % y un 49.0 % de vacunados con dos dosis, respectivamente, según el registro actual que presenta el Ministerio de Salud Pública.
Para ayer, las autoridades de salud reportaron 633 nuevos casos de COVID-19, que para la fecha tuvo una positividad de 14.75 %, con una tendencia al alza. No se reportaron fallecidos.
Dudan de la logística
Dirigentes choferiles de la capital y de Santiago están de acuerdo con la exigencia de la tarjeta de vacunas contra el COVID-19 a todos los pasajeros, pero creen que el Estado no tiene la logística para hacerla cumplir. El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) William Pérez Figuereo, consideró que nunca es bueno imponer, pero entiende que ello va a contribuir a bajar la incidencia del COVID-19. Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) cree que para cumplir con la medida se requieren dos cosas: que se instalen centros de vacunación en todas las terminales de autobuses del país y que se cree una institución represiva con militares, “de lo contrario no se cumplirá”, dijo.
FUENTE: Diario Libre

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A menos de un mes de la tragedia del Jet Set la familia Espaillat firmó el primer acuerdo económico con víctimas

Mediante un comunicado, los abogados de la familia Espaillat informaron el jueves que se han firmado 40 «acuerdos de compensación económica y apoyo humano» con las personas heridas y los familiares de las víctimas mortales del colapso del techo en la discoteca Jet Set.
En dicho documento se detallan los nombres de las víctimas y de los allegados de los fallecidos que, hasta la fecha de la publicación, han suscrito acuerdos con la empresa Inversiones E y L, S. R. L., propietaria del Jet Set. Sin embargo, no se especificó el monto acordado con ninguna de las partes.
2 de mayo: primeros acuerdos
El primero en concretar un acuerdo fue Simeón Mueses. La firma tuvo lugar el 2 de mayo, 25 días después del colapso, reseña el periódico Listín Diario.
Mueses fue el primer afectado en firmar acuerdo con el fin de “cubrir y solventar gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura”, según establece el documento suministrado por los abogados de los Espaillat.
Ese mismo día, también suscribieron acuerdos tres personas más que resultaron heridas: Epifania López Sánchez, Aura Rosario Soriano y Winelys Medina Marte.
28 de mayo: Acuerdos con orquesta
Posteriormente, el 28 de mayo (27 días después de esas primeras firmas) se procedió con los acuerdos de compensación de los músicos que integraban la orquesta del merenguero Rubby Pérez, quien falleció en la tragedia.
En total, 15 músicos firmaron: Aníbal Arodi Albuerme Rosa, Deivis Alberti Antigua Paulino, Esdras Hernández Segura, Jean Carlos Ubiera Payano, Jordy Ramírez Matos, Juan Luis Gómez Espinal, Junior Radhaméz Sánchez Pérez, Manuel de Jesús Tatis, Martín José Encarnación Pineda, Misael Abreu Cruz, Máximo Leonardo Núñez Díaz, Raúl Andrés Castro Valerio, Teosaris Miguel Báez Polanco, Teófilo Blas Dimil Reyes Céspedes y Félix Fernando Soto Rodríguez.
Ese mismo día también firmó Zulinka Yadhira Pérez Lizardo, hija del artista Rubby Pérez, quien confirmó haber recibido de parte de la empresa Inversiones E & L, S. R. L. una ayuda económica orientada a «cubrir gastos médicos, personales y cualquier otro tipo de daño derivado del incidente».
El 30 de mayo se sumaron las firmas de todos los familiares directos de César Mariñez Mariñez, quien perdió la vida en el colapso. Entre ellos figuran su madre, Francisca Mariñez Rosario; su padre, Elpidio Mariñez Ramírez; sus hijos, Jhonelyn Manuel Mariñez Mojica y Jianny Cesarina Mariñez Mojica; así como su pareja, Juana Francisca Mojica.
César Mariñez Mariñez, víctima mortal del Jet Setfuente externa
Ese mismo día también firmó un acuerdo de compensación Yira Hernández Martínez, otra de las sobrevivientes del derrumbe.
El 4 de junio se registró una única firma, correspondiente a Ángel Alberto Franco Fuentes, otro de los sobrevivientes del colapso.
Junio
Dos días más tarde, el 6 de junio, se formalizaron ocho nuevas firmas de sobrevivientes. Entre ellos: Miguel Antonio Brito Valentín, Kirssy Guillermina Pérez Cruz de Álvarez, Ramón de Jesús Álvarez Guerrero, Johanna Franceli Pérez Hernández, Luis Alberto Saavedra Alvarado, Luis Javier Saavedra Martín, Yanitza Carolina Marín de Saavedra y Fredzaid del Carmen Tovar Santana.
Acuerdos con familiares de fallecidos
El 12 de junio, Ronny Darinel Taveras Minaya, hijo de Daniel Taveras Polanco, uno de los empleados fallecidos en el colapso del Jet Set, integró su firma.
Ese mismo día también se sumó al acuerdo Kelvin Sterling Peralta Delgado, actuando en representación de sus cuatro hermanos, todos hijos de Francis Lilibeth Delgado López, otra de las víctimas fatales del accidente.
Además, se unió la familia completa de Johnny Humberto García Abreu, fallecido en el suceso. Firmaron sus hijas, Jhoana García Reyes y Rosa Irania García Reyes; su esposa, Neury Elizabeth Lora Morel; y Neufris Yovannis Pérez Volquez, quien figura como representante legal de la familia y de la hija menor del fallecido.
El 12 de junio constituye la última fecha de firmas incluidas en el documento presentado por los abogados de los hermanos Espaillat, a quienes se les impuso como medida de coerción una compensación económica o fianza de 50 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
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Dejan en libertad a Antonio Espaillat y su hermana; les dictan fianza de RD$50 millones e impedimento de salida

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, quedaron en libertad este jueves al lograr que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional descartara la prisión preventiva como medida de coerción y en cambio le impusiera una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódico.
La juez Fátima Veloz anunció su decisión en la madrugada de este jueves, luego de una audiencia que duró más de 12 horas de exposición de las partes.
El Minsiterio Público había solicitado prisión preventiva contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat a quienes acusa de homicidio involuntario por las atribuidas negligencias que derivaron en el desplome del techo del Jet Set y la muerte de 236 personas y más de 180 heridos.
El director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que apelará la decisión de la jueza en el entendido de que los imputados pueden incidir en la afectación del proceso ya que también se le acusa de intentar intimidar a uno de los testigos que era empleado de la discoteca Jet Set.
Miguel Valerio, abogado de los hermanos Espaillat, consideró adecuada la medida al señalar que sus representados han colaborado con la justicia, los peritos que han realizado las investigaciones y han estado dispuesto a ayudar a los familiares de las víctimas y sobrevivientes.
Explicó que las medidas de coerción buscan la preservación del proceso y en este caso, afirmó, los imputados han colaborado y se han presentado cada vez que han sido llamados.
Además de los representes del Ministerio Público, en la audiencia estaban presentes abogados de unos 80 afectados en calidad de querellantes.
Éstos insisten en que se cambié la calificación de la acusación que hasta ahora ha sido la de homicidio involuntario y piden que en cambio se le acuse de homicidio voluntarios por dolo, alegando que éstos fueron negligentes a conciencia de las faltas que estaban cometiendo al obviar acciones para evitar una tragedia porque previamente habían sido advertidos y no hicieron nada.
Los imputados, que estaban detenidos, fueron beneficiados con su puesta en libertad por disposición de la jueza, pero deberán presentarse todos los meses ante el Ministerio Público y acudir a los llamados que se le hagan para continuar con el proceso judicial.
FUENTE: Eldia.com.do
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