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Someten en TSA recurso contra requerimiento de la tarjeta vacuna

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Un recurso constitucional de amparo fue elevado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para pedir la nulidad de la resolución número 000048 del 8 de octubre, aunque otros abogados consultados defienden la legalidad de la disposición.

Como parte de las medidas que entraron en vigencia ayer, el Ministerio de Salud Pública mantiene en condición de epidémico todo el territorio nacional, a la vez que dispone el uso obligatorio de mascarillas, mantener distanciamiento físico y los establecimientos de uso público solo podrán recibir el 75 % de su capacidad.

Pero la resolución 000048 de Salud también establece que a partir del próximo lunes 18 de octubre, habrá que presentar cédula y la tarjeta de vacunación con al menos dos dosis para poder presentarse a los espacios de trabajo colectivos y cerrados, a los centros de estudios públicos y privados, al transporte y establecimientos públicos, como tiendas, discotecas o colmados.

La resolución motivó el recurso de amparo interpuesto motu proprio por los abogados Yan Carlos Martínez Segura y Eli Saúl Barbi Castro, quienes solicitaron que el procedimiento sea declarado de extrema urgencia y se conozca antes del 18 de este mes de octubre del presente año 2021.

Los abogados elevaron su instancia contra la Presidencia de la República, representada por Luis Abinader y el Ministerio de Salud Pública, en la persona de su titular Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes.

Argumentan que la disposición de Salud Pública atenta contra los artículos de la Constitución 38 (Dignidad humana); 39 (Derecho a la igualdad); 40 (Derecho a la libertad y seguridad personal); 42 (Derecho a la integridad personal); 62 (Derecho al trabajo) y 74 (principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales).

Además, los artículos 3 y 4 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

“En razón de que existe una seria amenaza a los derechos fundamentales de la colectividad, en consecuencia de los accionantes, una amenaza que supone la limitación de amplios derechos constitucionales, a millones de ciudadanos con consecuencias insospechadas y generadoras de consecuencias incluso que perturben la paz y el orden público, generando caos, violencia y desorden en las vías, transporte público y espacios de recreación”, aduce el documento con fecha 10 de octubre.

El abogado Marino Feliz, sin embargo, no advierte violaciones en la disposición del Ministerio de Salud, basado en el contenido marco de la Ley orgánica del propio Ministerio (42-01) que le da potestad para dictar resoluciones cuando tenga que ver con temas de salud, así como por el artículo 61 de la Constitución que establece la salud como derecho fundamental y al Estado como su garante. Indica que la capacidad normativa de la legislación orgánica tiene rango constitucional.

“Si es así, entonces se está avocando a una restricción de algunos derechos, pero la Constitución de la República establece en su artículo 61 que el Estado promoverá todas las cuestiones tendentes a que se provea de una buena salud e inclusive, las cuestiones preventivas de salud”.

Indica que esa responsabilidad puede entrar en contracción con el libre tránsito, libre albedrío o la libre determinación de los individuos, lo que confronta con el derecho a la salud. Sin embargo, entiende que el deber del Estado es proteger a la mayor cantidad de personas, por lo que no ve violación de derecho, siempre que se ampare en la prevención de la salud de todos.

“En un buen argumento de razonabilidad, no son contrarias a la Constitución esas medidas que el Estado puede tomar. No hay violación a derecho. El Estado no obliga a nadie (a vacunarse), lo que está diciendo es que, si tú no estás vacunado, no puedes entrar. Tú tienes un derecho, pero yo tengo que proteger a los demás”, planteó el abogado.

Mientras se decide la suerte jurídica de la resolución, ésta ya empieza a tener efectos entre los que quedaban indecisos frente a la vacuna anticovid. Ayer los centros de vacunación volvieron a experimentar un incremento de asistencia.

“Desde que anunciaron las medidas adoptadas por el Gobierno vinieron más personas a vacunarse”, expresó la encargada del centro de vacunación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

“Luego de las medidas anunciadas, las personas han venido por su segunda y tercera dosis, pero también muchos han venido, una gran mayoría, por la primera”, explicó Jennifer Maceo, una de las enfermeras a cargo del centro que opera en Plaza Lama de la avenida 27 de Febrero.

Algunos de los asistentes a los centros lo hacen porque “no les queda de otra” ante la exigencia del Ministerio de Salud, según lo expresó uno de los jóvenes que ayer acudieron a inocularse.

En total suman 4.9 millones las personas que han completado su esquema de dos dosis de vacunación en el país, que ya alcanzó el 58.3 % de su población meta. Los que tienen una dosis suman 6.1 millones, según el reporte hasta este 10 de octubre.

Solo las provincias Monseñor Nouel y San Cristóbal presentan a la fecha un 49.3 % y un 49.0 % de vacunados con dos dosis, respectivamente, según el registro actual que presenta el Ministerio de Salud Pública.

Para ayer, las autoridades de salud reportaron 633 nuevos casos de COVID-19, que para la fecha tuvo una positividad de 14.75 %, con una tendencia al alza. No se reportaron fallecidos.

Dudan de la logística
Dirigentes choferiles de la capital y de Santiago están de acuerdo con la exigencia de la tarjeta de vacunas contra el COVID-19 a todos los pasajeros, pero creen que el Estado no tiene la logística para hacerla cumplir. El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) William Pérez Figuereo, consideró que nunca es bueno imponer, pero entiende que ello va a contribuir a bajar la incidencia del COVID-19. Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) cree que para cumplir con la medida se requieren dos cosas: que se instalen centros de vacunación en todas las terminales de autobuses del país y que se cree una institución represiva con militares, “de lo contrario no se cumplirá”, dijo.

FUENTE: Diario Libre

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Dictan tres meses de prisión preventiva a supuesta cirujana venezolana

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La presunta cirujana Karla María Moya Boada. (Foto del Listín Diario)

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra la pseudo cirujana venezolana Karla María Moya Boada, acusada por el Ministerio de Salud Pública de ejercer ilegalmente en el país.

El magistrado Rigoberto Sena dispuso que la imputada cumpla la medida impuesta en la cárcel de Najayo – Mujeres. En la audiencia, el Ministerio Público había planteado al tribunal que la medida más idónea era la prisión prevenida, debido a que la imputada representa peligro de fuga.

Reseña el Listín Diario que a la salida del tribunal la imputada, bajo estricta medida de seguridad, rehusó hablar con los medios de comunicación en momento en que era conducida por el apoderado de la instancia a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

A principios del mes de junio, el Ministerio de Salud Pública apoderó al MP de la querella contra Moya Boada, a los fines de realizar una amplia investigación sobre el ejercicio ilegal de la falsa “doctora estética”.

Los inspectores de la Dirección de Habilitación de Salud Pública también procedieron al cierre del “Ki Centro Médico Integral del Caribe”, por violación a la Ley General de Salud 42-01.

Las autoridades actuaron tras un reportaje de investigación de la periodista Nuria Piera, en el que se muestra que Moya Boada no está avalada para ejercer cirugía estética.

La imputada fue arrestada por orden judicial en su contra, que fue ejecutada por agentes de la Dirección General de Migración, cuando ésta intentó salir del país por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

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Gobierno flexibilizaría medidas en la frontera cuando asegure aguas del río Masacre

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El presidente Luis Abinader mantiene el cierre de la frontera y solo contempla flexibilizar las medidas tomadas contra Haití cuando culminen los trabajos de reactivación del canal La Vigía, obra hídrica que permitirá a la República Dominicana garantizar la irrigación de los cultivos de los agricultores de Dajabón que serían afectados con la construcción de un canal en el lado haitiano.

La información la sirvió el mandatario durante La Semanal con La Prensa, un encuentro con representantes de los medios de comunicación que realiza todos los lunes.

En la rueda de prensa, Abinader indicó que la reactivación de La Vigía le tomará al gobierno dos o tres semanas. Destacó que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indri) comenzó la semana pasada con la limpieza del canal, que dejó de operar desde el año 2007 por conflictos con haitianos.

Esta obra, según la ponencia del mandatario, será la «salvadora» del caudal del río Masacre ante la «desafiante» intención de Haití de construir un canal de manera «inconsulta y violatoria» de los acuerdos con su país vecino.

Aunque la misma supone la desviación de las aguas del Masacre, el presidente recalcó que la construcción de la misma fue consensuada con el Gobierno haitiano en su momento en 1966.

La frontera lleva 10 días cerrada, impactando negativamente la economía de ambos países. Aunque flexibilice las medidas en unas semanas, Abinader advirtió que la frontera «nunca va a ser la misma».

«Después de tener en funcionamiento el canal de La Vigía, salvando el caudal del río, veremos la posibilidad de flexibilizar las medidas en ese sentido. La frontera no será la misma a partir de ahora y a partir de muchos hechos que vendrán en ese país», enfatizó.

Ariel Henry: no hay marcha atrás
Contrario a lo que había expresado el presidente dominicano Luis Abinader sobre la posición de Henry Ariel respecto al canal, de que la obra era una «iniciativa privada», el primer ministro sorprendió el pasado viernes apoyando la captación de agua sobre el polémico río e incluso hizo hincapié en que la República Dominicana respete el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 y la declaración conjunta de 2021 durante a la 78va Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este lunes, Henry reiteró que la obra no retrocederá y planteó al Gobierno dominicano la vía diplomática para resolver las diferencias. República Dominicana también recalcó que está abierta al diálogo, pero solo si la obra es detenida, aspecto al que los haitianos no han querido ceder avanzando la obra en más de un 90 %.

Haití está unido en la construcción del polémico canal, las bandas haitianas, políticos de oposición, artistas, productores agropecuarios y finalmente el gobierno de Ariel Henry, quien fue nombrado interinamente en Haití para convocar a elecciones tras el asesinato de Jovenel Moise hace dos años.

FUENTE: Diario Libre

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