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Someten en TSA recurso contra requerimiento de la tarjeta vacuna

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Un recurso constitucional de amparo fue elevado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para pedir la nulidad de la resolución número 000048 del 8 de octubre, aunque otros abogados consultados defienden la legalidad de la disposición.

Como parte de las medidas que entraron en vigencia ayer, el Ministerio de Salud Pública mantiene en condición de epidémico todo el territorio nacional, a la vez que dispone el uso obligatorio de mascarillas, mantener distanciamiento físico y los establecimientos de uso público solo podrán recibir el 75 % de su capacidad.

Pero la resolución 000048 de Salud también establece que a partir del próximo lunes 18 de octubre, habrá que presentar cédula y la tarjeta de vacunación con al menos dos dosis para poder presentarse a los espacios de trabajo colectivos y cerrados, a los centros de estudios públicos y privados, al transporte y establecimientos públicos, como tiendas, discotecas o colmados.

La resolución motivó el recurso de amparo interpuesto motu proprio por los abogados Yan Carlos Martínez Segura y Eli Saúl Barbi Castro, quienes solicitaron que el procedimiento sea declarado de extrema urgencia y se conozca antes del 18 de este mes de octubre del presente año 2021.

Los abogados elevaron su instancia contra la Presidencia de la República, representada por Luis Abinader y el Ministerio de Salud Pública, en la persona de su titular Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes.

Argumentan que la disposición de Salud Pública atenta contra los artículos de la Constitución 38 (Dignidad humana); 39 (Derecho a la igualdad); 40 (Derecho a la libertad y seguridad personal); 42 (Derecho a la integridad personal); 62 (Derecho al trabajo) y 74 (principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales).

Además, los artículos 3 y 4 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

“En razón de que existe una seria amenaza a los derechos fundamentales de la colectividad, en consecuencia de los accionantes, una amenaza que supone la limitación de amplios derechos constitucionales, a millones de ciudadanos con consecuencias insospechadas y generadoras de consecuencias incluso que perturben la paz y el orden público, generando caos, violencia y desorden en las vías, transporte público y espacios de recreación”, aduce el documento con fecha 10 de octubre.

El abogado Marino Feliz, sin embargo, no advierte violaciones en la disposición del Ministerio de Salud, basado en el contenido marco de la Ley orgánica del propio Ministerio (42-01) que le da potestad para dictar resoluciones cuando tenga que ver con temas de salud, así como por el artículo 61 de la Constitución que establece la salud como derecho fundamental y al Estado como su garante. Indica que la capacidad normativa de la legislación orgánica tiene rango constitucional.

“Si es así, entonces se está avocando a una restricción de algunos derechos, pero la Constitución de la República establece en su artículo 61 que el Estado promoverá todas las cuestiones tendentes a que se provea de una buena salud e inclusive, las cuestiones preventivas de salud”.

Indica que esa responsabilidad puede entrar en contracción con el libre tránsito, libre albedrío o la libre determinación de los individuos, lo que confronta con el derecho a la salud. Sin embargo, entiende que el deber del Estado es proteger a la mayor cantidad de personas, por lo que no ve violación de derecho, siempre que se ampare en la prevención de la salud de todos.

“En un buen argumento de razonabilidad, no son contrarias a la Constitución esas medidas que el Estado puede tomar. No hay violación a derecho. El Estado no obliga a nadie (a vacunarse), lo que está diciendo es que, si tú no estás vacunado, no puedes entrar. Tú tienes un derecho, pero yo tengo que proteger a los demás”, planteó el abogado.

Mientras se decide la suerte jurídica de la resolución, ésta ya empieza a tener efectos entre los que quedaban indecisos frente a la vacuna anticovid. Ayer los centros de vacunación volvieron a experimentar un incremento de asistencia.

“Desde que anunciaron las medidas adoptadas por el Gobierno vinieron más personas a vacunarse”, expresó la encargada del centro de vacunación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

“Luego de las medidas anunciadas, las personas han venido por su segunda y tercera dosis, pero también muchos han venido, una gran mayoría, por la primera”, explicó Jennifer Maceo, una de las enfermeras a cargo del centro que opera en Plaza Lama de la avenida 27 de Febrero.

Algunos de los asistentes a los centros lo hacen porque “no les queda de otra” ante la exigencia del Ministerio de Salud, según lo expresó uno de los jóvenes que ayer acudieron a inocularse.

En total suman 4.9 millones las personas que han completado su esquema de dos dosis de vacunación en el país, que ya alcanzó el 58.3 % de su población meta. Los que tienen una dosis suman 6.1 millones, según el reporte hasta este 10 de octubre.

Solo las provincias Monseñor Nouel y San Cristóbal presentan a la fecha un 49.3 % y un 49.0 % de vacunados con dos dosis, respectivamente, según el registro actual que presenta el Ministerio de Salud Pública.

Para ayer, las autoridades de salud reportaron 633 nuevos casos de COVID-19, que para la fecha tuvo una positividad de 14.75 %, con una tendencia al alza. No se reportaron fallecidos.

Dudan de la logística
Dirigentes choferiles de la capital y de Santiago están de acuerdo con la exigencia de la tarjeta de vacunas contra el COVID-19 a todos los pasajeros, pero creen que el Estado no tiene la logística para hacerla cumplir. El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) William Pérez Figuereo, consideró que nunca es bueno imponer, pero entiende que ello va a contribuir a bajar la incidencia del COVID-19. Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) cree que para cumplir con la medida se requieren dos cosas: que se instalen centros de vacunación en todas las terminales de autobuses del país y que se cree una institución represiva con militares, “de lo contrario no se cumplirá”, dijo.

FUENTE: Diario Libre

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Presidente Luis Abinader advierte a dominicanos que no vayan a Haití

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El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió hoy a todos los dominicanos que no vayan a Haití debido a la inseguridad y la violencia que existe en el vecino país.

Abinader informó que han reforzado la seguridad en las zonas fronterizas a fin de evitar que la violencia que se vive en Haití pase a República Dominicana, pero insistió en que los dominicanos no deben pasar al otro lado de la isla.

“Le hemos advertido a los dominicanos que no vayan a Haití, que no vayan, que no hay seguridad”, enfatizó el mandatario.

El presidente habló sobre unos camioneros dominicanos que están retenidos en Haití y que , según dijo, están coordinando acciones desde la vía diplomática para lograr su regreso al territorio nacional.

Recordó además que desde su puesto en las Naciones Unidas, República Dominicana, ha demandado que se le dé acompañamiento internacional a Haití para manejar su crisis.

FUENTE: Diario Libre

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Diputado dice relaciones sexuales no consentidas en matrimonio ‘no es violación’

Eugenio Cedeño admite que es suya la propuesta de disminuir penas por este caso

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El diputado perremeísta Eugenio Cedeño, miembro de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley del Código Penal, afirmó que el “consentimiento sexual está previamente establecido en el acto del matrimonio”, razón por la que entiende no se debe considerar las mismas penas que la establecida por una violación sexual.

El legislador reveló que la controversial disminución de la sanción, entre uno a cuatro años de prisión, fue una propuesta suya, la cual defendió.

“Ese es un tipo penal que para mí no existe. Cuando una mujer y un hombre se casan la primera motivación para casarse esta implícitamente establecido que es para tener relaciones sexuales. Aquí nadie se casa para poner una fábrica de ropa. Nadie se casa aquí para poner un negocio. La gente se casa para vivir en pareja y el consentimiento sexual esta previamente establecido en ese acto de matrimonio”, argumentó.

Sin embargo, manifestó que todo lo que ocurra en lo adelante en una relación de pareja, en un lecho, podría ser denominado como violencia de género o maltrato físico, pero no violación sexual.

Para justificar su criterio afirmó que para él la violación sexual “es la que se da en un asalto a una persona en la calle con la cual no tiene ningún tipo de relación y se llegó a una actividad no consentida con otra persona”.

Añadió que el maltrato físico o lo que le llaman relación sexual no consentida debe ser castigado, pero no con las mismas penas que una violación sexual.

“Ningún hombre debe tener relación sexual con su esposa, relación sexual con su pareja a la mala ni con violencia ni con intimidación ni con amenazas y eso debe ser castigado. No me van a decir a mí que me van a castigar a una persona porque se quite el condón con la esposa a 20 años de prisión”, analizó.

Cedeño considera que se ha producido mucha confusión sobre el tema por las “manipulaciones mediáticas” y las posiciones irresponsables de algunos legisladores que han querido vender la idea de que los comisionados le quitaron el castigo “a lo que han querido llamar como violación sexual entre pareja”.

Minutos antes de sus declaraciones la comisión bicameral que estudia el Código Penal había decidido retomar la redacción de ese proyecto de ley como estaba originalmente sancionada la relación sexual no consentida en pareja con 10 a 20 años de prisión.

FUENTE: Diario Libre

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