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MP acusa a coronel Mariñez de alterar escena del crimen cometido por policías contra pareja cristiana

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La pareja de esposos Joel Díaz y Elisa Muñoz, acribillados por una patrulla policial en Villa Altagracia.

El coronel César Maríñez Lora habría ordenado hacerle dos disparos a una camioneta de la Policía Nacional para simular un supuesto “intercambio de disparos” y justificar el asesinato de la pareja de esposos Joel Díaz y Elisa Muñoz Marte, ocurrida la noche del 30 de marzo de 2021.

La Fiscalía de Villa Altagracia acusa al coronel Maríñez Lora de destruir la escena del crimen en el caso de la pareja de evangélicos, asesinados por un equipo policial bajo su mando en el kilómetro 45 de la Autopista Duarte, en el municipio Villa Altagracia.

Indica Listin Diario que las investigaciones de los fiscales establecen que el coronel destruyó parte de la escena del crimen para decir que el asesinato había sido el resultado de un intercambio de disparos y de una confusión de los agentes actuantes.

Las acusaciones contra el coronel incluyen haber ordenado a una parte de sus agentes llevar la camioneta de la Policía Nacional usada en el operativo hasta orillas del río La Represa, en el kilómetro 40 de la Autopista Duarte, para hacerle dos disparos y así simular el supuesto intercambio de disparos.

Los fiscales señalan que el coronel comandó los trabajos del equipo policial y que estuvo presente todo el tiempo en el lugar del asesinato, y que sin embargo mintió a las autoridades intentando excluirse del proceso.

“El coronel Marínez eligió quiénes eran los policías que se iban a procesar por el hecho, poniendo a disposición del Ministerio Público solo a los acusados Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez, Ángel de los Santos, Juan Samuel Ogando Solís y Anthony Castro, excluyéndose él del proceso y excluyendo a los acusados Guillermo Rosario Melo y Emil Alexander Rincón Martes”, dice la acusación contra el grupo, copia de la cual conoció este diario.

A los acusados que eligió para ser sometidos a la justicia le habría ordenado decir que él no se encontraba en la escena del crimen al momento del asesinato y que ellos habían “repelido una acción recibida de un carro Hyundai blanco que había pasado y que por error, en esas circunstancias, había resultado impactado 33 veces el carro de las víctimas”.

Una ficha clave en el proceso judicial lo será el testimonio del mayor Heriberto Muñoz, quien se desempeñaba como subcomandante policial en Villa Altagracia, el segundo al mando tras el coronel Maríñez.

Fue a esta persona a la que el coronel le dio las instrucciones para hacerle los disparos a la camioneta de la Policía Nacional y así poder simular el supuesto intercambio de disparos, según el testimonio del mayor de la Policía, citado en la acusación contra el grupo.

La Fiscalía de Villa Altagracia depositó acusación formal contra nueve personas el pasado viernes 4 de febrero, donde solicita la fijación de la audiencia preliminar, paso previo a llevar a los implicados a juicio de fondo.

Los acusados en el caso son el coronel César Maríñez Lora y los agentes policiales Guillermo Rosario Melo, Emil Alexander Rincón Martes, Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez Jiménez, Ángel de los Santos, Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.

Todos guardan prisión preventiva por el caso.

Elisa Muñoz Marte, de 32 años de edad y Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35 años, fueron asesinados cuando regresaban a Santo Domingo de un culto evangélico celebrado en Villa Altagracia. Con ellos viajaban Carlos José Pérez Báez y Claudio Alberto Ramírez Lamais, quien resultó con heridas de bala.

El asesinato
Alrededor de las 10:50 de la noche del martes 30 de marzo de 2021 (martes santo) las cuatro víctimas se trasladaban en un vehículo marca Kia, modelo K5, color blanco, por la Autopista Duarte y a nivel del kilómetro 45 fueron atacados a tiros por el equipo policial sin mediar palabra alguna.

Elisa, Joel, Carlos José y Claudio Alberto regresaban a Santo Domingo tras participar en un evento religioso en el paraje Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia.

El documento de acusación contra los nueve agentes policiales indica que el coronel Maríñez Lora tras escuchar a través de la radio de comunicación de la Policía Nacional que ocupantes de un carro blanco, marca Hyundai, “habían cometido varios atracos en el municipio Bonao y que se desplazaban en dirección a Santo Domingo, se dirigió al kilómetro 45, junto a los acusados Reyes Navarro, De los Santos, Rosario Melo (quien no estaba de servicio) y Rincón Martes”.

La acusación indica que unos minutos después llegaron al lugar dos unidades motorizadas compuestas por Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez, Juan Samuel Ogando Solís y Anthony Castro.

Los fiscales cuentan con vídeos de la zona donde se improvisó el retén para probar la participación de todos los agentes policiales.

“Los procesados improvisaron un retén y obstaculizaron la vía a los fines de detener los vehículos que se desplazaban en sentido norte-sur. En esas circunstancias, al momento de notar la llegada del Kia color blanco de los esposos, realizaron ráfagas de disparos con armas de varios calibres y desde distintas direcciones, sin una requisa previa del automóvil y sus ocupantes”, indica la acusación.

Los policías dispararon con un fusil M-16, marca Colt, asignado al coronel Maríñez, también con una metralleta marta Tauros, 9 milímetros y seis pistolas marcas Taurus.

El asesinato de esa pareja de esposos produjo la molestia del presidente de la República, Luis Abinader, quien en declaraciones desde el Palacio Nacional dijo que su administración no toleraría este tipo de comportamientos, que nadie estaba por encima de la Ley.

Dijo que en República Dominicana no cabía ya la impunidad.

“He dado instrucciones inmediatas al ministro de Interior para la cancelación inmediata a los agentes y que preste todo el apoyo a la familia de las víctimas”, dijo el presidente de la República, indignado, la tarde del miércoles 31 de marzo de 2021.

Sus palabras:
“Aun con el dolor en el alma y la indignación que siento, les puedo asegurar que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley, ni que pueda usarla a su antojo.

Esta triste noticia me reafirma aún más en mi compromiso irrenunciable de una reforma policial que sea integral, que se rija por protocolos éticos, y que la lleve a ser un cuerpo que cuide y proteja a todos los ciudadanos dominicanos.

Una actuación policial desproporcionada y fuera de los márgenes de la ley daña la convivencia pacífica y erosiona la credibilidad de nuestras instituciones”.

El asesinato de la pareja de esposo llevó al presidente de la República a crear una comisión especial multidisciplinaria, compuesta por 21 personas, para trabajar en la reforma a la Policía Nacional.

La decisión está contenida en el decreto 211-21.

En el acto de juramentación de la comisión especial, el presidente dijo que él ni se cansa, ni lo iban a cansar en su propósito de cambiar a la Policía dominicana.

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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