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Dictan un año de prisión preventiva a profesor implicado en muerte de Esmeralda Richiez

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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia dictó un año de prisión preventiva contra el profesor John Kelly Martínez, acusado de la muerte de la adolescente Esmeralda Richiez, de 16 años.

Martínez, fue imputado por la violación de los artículos 265, 266, 295, 303 y 331 del Código Penal Dominicano, los dos últimos modificados por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, cumplirá la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, de Higüey.

Por el caso también recibió medida de coerción, consistente en presentación periódica, Rubiel Morrillo Martínez, primo del imputado, quien enfrenta cargos por su complicidad y fue sometido a la justicia por la violación de los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 302 y 331 de dicho código.

La instancia con la solicitud de medida de coerción detalla que Martínez, de forma voluntaria, le provocó a la víctima laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte, según consta en el informe de autopsia.

Respecto al caso, la investigación indica que en horas de la noche, del pasado 12 de febrero, la adolescente salió desde el hogar donde residía con sus padres en Vista Alegre, en compañía del maestro, así como de Morrillo Martínez y otras tres alumnas menores de edad.

Indica que, al retornar a su hogar, alrededor de las 12:00 de la noche, la joven llegó pálida y sangrando, por lo que sus padres la ayudaron y quedó en su habitación.

Al día siguiente los padres de la adolescente la encontraron muerta en el baño de su residencia.

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Presidente Abinader reafirma ecompromiso del Gobierno con SeNaSa y garantiza su estabilidad y cobertura

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Ante versiones que han circulado en torno a la sostenibilidad financiera del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el presidente de la República ofreció este lunes un respaldo categórico a la institución, destacando su rol esencial como garante de salud para millones de dominicanos.

“SeNaSa no es un negocio, SeNaSa es una misión; parte de la política pública de servicio. Es una institución con un profundo compromiso social, dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos. Su vocación y objetivo no es el lucro, sino el bienestar de quienes confían en ella. Y está garantizado el pago a todas las prestadoras de servicio relacionadas con la salud», expresó el mandatario, reafirmando que todos los servicios vinculados a la salud están garantizados.

“Nunca le faltará cobertura a SeNaSa, ni en el contributivo ni en el subsidiado, mientras yo sea presidente”, aseguró.

El presidente también enfatizó que SeNaSa ha ampliado sus servicios a lo largo de los últimos años, llegando a nuevos afiliados y extendiendo beneficios de salud sin importar la afiliación política o condición social de las personas.

“Se ha dado cobertura a todos los dominicanos, sin importar su materia política. Si esto es política, entonces es la política de la salud”, declaró.

Con más de 7.6 millones de afiliados — el 73% de la población dominicana—, SeNaSa es la mayor aseguradora de salud del país y un componente clave del sistema de protección social.

Este respaldo presidencial reafirma su estabilidad, legitimidad y el compromiso del Estado con el acceso universal a la salud

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Intrant se querella contra la empresa Dekolor por supuesto ‘soborno y chantaje’

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director, Milton Morrison, anunciaron este domingo que presentaron una querella contra la empresa Dekolor por supuestos intentos de sobornos, amenazas personales y otros delitos.

La querella penal con constitución en actor civil fue incoada el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e incluye al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña y a la gerente general de la empresa, Sandra Oruña.

Según un comunicado del Intrant, la acción obedece a supuestos intentos de soborno de un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant.

El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país, señala el comunicado.

El contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias.

«A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional», dijo el Intrant.

Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley 448-06; asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley 155-1;, estafa contra el Estado, y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

El Intrant dijo que su querella está respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, «lo que subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos».

Además, se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el Ministerio Público.

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