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Vuelven a aplazar conocimiento coerción imputados Calamar
La audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados en el caso Calamar, que inició este día a las 9:00 a. m., fue aplazada para el próximo miércoles a esa misma hora.
Se trata de otra ocasión en que aplazan la audiencia, ya que el martes de esta semana lo hicieron con el objetivo de que darle la oportunidad a la defensa de los imputados de preparar su medio de defensa.
En el caso figuran como imputados exministros de Obras Públicas, Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta,respectivamente.
También el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
¿Por qué se aplazó?
La jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tomó la decisión luego de que al tribunal acudieran abogados, quienes representan a nuevos querellantes del caso que menciona a Gustavo Montalvo, Simón Lizardo, Donald Guerrero, Angel Lockward y José Ramón Peralta en el expediente de la operación Calamar.
Durante la audiencia se discutió si serían admitidas o no las evidencias, según informó el abogado Carlos Mesa, que representa a uno de los querellantes, y quien manifestó que en el caso de su cliente fue admitida la querella, que fue depositada en el 2021 ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
FUENTE: Listin Diario
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Interior y Policía asegura haitiano deportado por EEUU no entrará a RD
El Ministerio de Interior y Policía informó la mañana de este miércoles que el empresario haitiano Dimitri Albert Edouard Vorbe no ingresará al territorio dominicano, luego de que surgieran versiones sobre una posible deportación desde Estados Unidos hacia República Dominicana.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución indicó que Vorbe “mantiene un impedimento de entrada vigente desde el 13 de octubre de 2025, conforme a una notificación emitida por la Dirección Nacional de Inteligencia y ejecutada por la Dirección General de Migración”.
La aclaración se produjo luego de que el juez Darrin P. Gayles, del Distrito Sur de Florida, firmara una orden judicial en la que se establece que el empresario sería enviado a República Dominicana, tras ser rechazada una solicitud de habeas corpus con la que buscaba evitar ser deportado a Haití y permanecer en territorio estadounidense.

El documento judicial, fechado el 12 de mayo de 2026, señala que la petición de ser trasladado al país fue realizada por el propio empresario.
“El Departamento de Seguridad Nacional declara que facilitará la deportación del peticionario Dimitri Albert Edouard Vorbe a la República Dominicana dentro de los siete días siguientes a la emisión de la orden final de deportación, trasladándolo a un aeropuerto del sur de Florida donde abordará un vuelo comercial a la República Dominicana”, establece la orden.
Asimismo, el acuerdo judicial indica que, dos días después de su llegada a República Dominicana, tanto Vorbe como las autoridades estadounidenses presentarían una moción para desestimar el procedimiento de manera definitiva.
Arresto del empresario
Vorbe fue detenido el 24 de septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La Embajada de Estados Unidos en Haití explicó que el arresto se produjo por presuntos vínculos con la violencia de las bandas armadas.
Asimismo, las autoridades estadounidenses determinaron que Vorbe “participó en una campaña de violencia y apoyo a pandillas que contribuyó a la desestabilización de Haití”.
Por ello, el Departamento de Estado concluyó que la presencia o las actividades del empresario en EE. UU. podrían tener “graves consecuencias adversas” para la política exterior de ese país, lo que sirvió de base para el proceso de deportación.
Este hecho volvió a colocar en el centro del debate la influencia económica y política del empresario haitiano.
El magnate es heredero de la familia propietaria de Société Générale d’Énergie S.A. (Sogener), empresa que durante años fue uno de los principales suplidores de electricidad en Haití mediante contratos con la estatal Électricité d’Haïti.
En 2019, durante el gobierno del entonces presidente Jovenel Moïse, las autoridades haitianas acusaron a Sogener de sobrefacturación y pagos indebidos, reclamando más de 120 millones de dólares y ordenando la incautación de plantas eléctricas vinculadas a la empresa.
Además de sus negocios energéticos, Vorbe y su familia también fueron relacionados con contratos millonarios de obras públicas durante la administración del expresidente René Préval.
En agosto de 2020, fue detenido por el ICE y puesto bajo su custodia en el Centro de Procesamiento de Servicios de Miami.
Allí fue sometido a un proceso de deportación mediante una Notificación de Comparecencia que lo acusaba de ser deportable, debido a que luego de ser admitido como no inmigrante, permaneció en EE. UU. por un tiempo mayor al permitido.
En de abril de 2025, el ICE presentó un escrito argumentando queeste hombre era inadmisible debido a que mintió deliberada y voluntariamente en las solicitudes presentadas ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener beneficios migratorios.
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Leah Campos afirma acuerdo deportados respeta soberanía de RD
La embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, afirmó este martes que el proceso para que la República Dominicana acoja un «número limitado» de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos se realizará respetando la legislación dominicana, la soberanía del país y los procedimientos fronterizos vigentes.
Precisó que el acuerdo, que busca “facilitar” el retorno de estas personas a sus naciones de origen, excluye a ciudadanos haitianos y a menores no acompañados.
Mediante una publicación en Instagram, la embajadora señaló que hoy, la República Dominicana se ha sumado a otros países socios de la región al firmar un Acuerdo sobre Nacionales de Terceros Países (TCNA, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos para facilitar el traslado temporal, a corto plazo, caso por caso, de un número limitado de nacionales de terceros países sin antecedentes criminales que hayan sido sometidos a un proceso de selección.
Permite a EE. UU. repatriar con mayor rapidez
Indicó que este memorando de entendimiento a corto plazo permite a Estados Unidos remover y repatriar a ciudadanos de terceros países con mayor rapidez, “respetando al mismo tiempo, la legislación dominicana, la soberanía del país y los procedimientos fronterizos vigentes”.
“Estados Unidos agradece la amistad que nos une a la República Dominicana, con la que colaboramos para reforzar la seguridad regional, combatir la delincuencia transnacional y el tráfico de drogas, luchar contra el terrorismo y promover la estabilidad y la prosperidad en todo el hemisferio”, dijo la embajadora.
Este proceso se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones estrictas:
Tránsito únicamente: Los extranjeros deben estar en condiciones de tránsito y no poseer antecedentes penales.
Exclusiones: El acuerdo no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados.
Apoyo internacional: El Gobierno de los Estados Unidos proporcionará respaldo financiero y operativo para asegurar condiciones adecuadas durante la estancia y facilitar un retorno ordenado a los países de origen.
Respeto a la soberanía: La implementación se realizará caso por caso, respetando el ordenamiento jurídico nacional y sin alterar la política migratoria ni los controles fronterizos vigentes en el país.
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