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ONE dice que solo adeudan a 548 de los 35 mil empadranores del Censo

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La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó que hasta la fecha, solo 548 personas de las 35 mil que laboraron en el X Censo Nacional Población y Vivienda (XCNPV) no han recibido aún los pagos correspondientes a los trabajos realizados.

A través de un comunicado, la ONE explicó que «ocurrieron incidencias predecibles y otras contingencias en el terreno, como las deserciones y las salidas imprevistas por enfermedad, implicando cambios dentro de la estructura, los cuales, por la misma naturaleza del trabajo en campo, imposibilitó la comunicación expedita por parte de la estructura censal, hacia el área que llevaba el control de reclutamiento desde la ONE, y la recolección de la debida documentación que exigen las normas y procedimientos de control interno para el proceso de contratación de personal que trabaja en las instituciones centralizadas del Poder Ejecutivo».

Agrega que el 30 de diciembre del 2022 la institución, a través del boletín censal informativo No. 22, había honrado los honorarios y viáticos del 99% del personal que estuvo habilitado para trabajar en el censo.

El 1% restante pertenece a quienes hasta este martes han reclamado pagos, debido a las incidencias antes mencionadas, los cuales quedaron como una deuda que debía ser sometida a las instancias correspondientes, puesto que, la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, no permite que se pasen los recursos de un año a otro, por lo que, los organismos financieros rectores hacen apropiación de los recursos disponibles en las cuentas de instituciones estatales, al cerrar el año.

«Esto significa que, independientemente de que la ONE contara con la planificación presupuestaria, no podría disponer de estos fondos hasta que le sea asignado el mismo nuevamente, para el año fiscal correspondiente», añade la institución.

Detalla Noticia SIN que la Oficina Nacional de Estadísticas aclaró que «día tras día, la ONE ha recibido y atendido a toda persona que se ha acercado a nuestras oficinas proveyéndole información sobre el estatus de sus pagos y, en los casos que ha ameritado, solicitándoles la documentación necesaria para completar sus expedientes.

A la vez, asegurándonos de que las personas que vienen a oficina no tengan pagos disponibles en el banco y que, por alguna razón u otra, no haya cambiado el número de celular en la que debían recibir la notificación de pago por parte del banco estatal, y que no estuviesen informados de que, desde el año pasado, tenían pagos disponibles en el banco«.

Destacó que desde diciembre 2022 hasta este mes de abril 2023, hubo 2,213 personas con sus pagos disponibles en la entidad financiera estatal correspondiente, y que, por diversas razones relacionadas directamente con las personas, no pudieron retirar sus pagos.

La entidad aseguró que actualmente está realizando gestiones para reactivar el PIN de pago de aquellos que quedaron con montos disponibles, quienes estarán siendo informados a través de los canales oficiales, para el retiro de sus pendientes. Además, indica que en lo que va de año hasta el 26 de abril de 2023, se han ido desembolsando 132 pagos de honorarios parciales o totales, de las 548 personas que estaban pendientes de algún pago.

«Reiteramos nuestra preocupación para con cada uno de los(as) colaboradores(as) que tienen pagos parciales o totales pendientes y sobre todo nuestro compromiso para entregar al país datos de calidad y confiabilidad para los tomadores de decisiones del país», culmina el comunicado.

Este comunicado fue emitido por la Oficina Nacional de Estadísticas luego de que se hiciera viral un video de una mujer suplicando arrodilladas en sus oficinas, el pago de su trabajo realizado en el Censo Nacional.

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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