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Espiaban a Nuria Piera con el Pegasus israelí

Una destacada periodista de República Dominicana ha sido atacada con el software espía Pegasus de NSO Group, en el primer caso confirmado en el país, según revela Amnistía Internacional en una nueva investigación publicada en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El análisis del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional confirmó que un dispositivo móvil perteneciente a Nuria Piera había sido marcado como objetivo e infectado con Pegasus —que permite el acceso pleno y sin restricciones a un dispositivo— en tres ocasiones entre 2020 y 2021. Piera es una periodista de investigación cuyo trabajo se ha centrado en asuntos de corrupción e impunidad en República Dominicana a lo largo de una trayectoria profesional que inició hace decenios.
Indica Listín Diario que tras este último descubrimiento, son ya al menos 18 los países en los que se ha confirmado mediante análisis forenses que se estaba atacando a periodistas con software espía, aunque es probable que la magnitud real de este abuso de la tecnología de vigilancia sea muy superior.
República Dominicana es el tercer país de las Américas, después de México y El Salvador, donde Amnistía Internacional ha confirmado el uso de Pegasus tanto contra periodistas como contra defensores y defensoras de los derechos humanos.
“República Dominicana se suma a la lista de países en los que se utiliza software espía para silenciar e intimidar a periodistas valientes. Tras haber expuesto ya múltiples casos en México y El Salvador, seguiremos investigando cualquier indicio que apunte a posibles nuevos usos de Pegasus en República Dominicana. Pedimos a los Estados que adopten con urgencia una moratoria global de los programas espía”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Software espía al descubierto
La investigación de Amnistía Internacional encontró indicios de que el dispositivo de Nuria Piera se había infectado con Pegasus por primera vez sobre el 20 de julio de 2020. También se descubrieron indicios similares en torno al 8 de septiembre de 2021 y el 1 de octubre de 2021.
Además, Amnistía Internacional compartió los datos forenses con Citizen Lab para someterlos a una revisión de pares; esta organización confirmó las conclusiones utilizando su metodología independiente.
Nuria Piera declaró a Amnistía Internacional que, en las fechas en que su dispositivo fue infectado con Pegasus, trabajaba en investigaciones sensibles y de gran repercusión.
Estudiaba informes de corrupción relacionados con altos cargos gubernamentales y familiares del expresidente del país; meses más tarde se incorporaron procedimientos judiciales penales contra esas personas por presunto soborno y otros cargos.
Piera recibió por primera vez la confirmación de que estaba siendo atacada por Pegasus cuando se lo notificó el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional.
En noviembre de 2021 recibió la notificación enviada por Apple a los usuarios/as de dispositivos atacados según informes con exploits de Pegasus y del software espía de QuaDream, al que se ha vinculado con Pegasus.
Piera afirmó que nunca había recibido una orden judicial ni ninguna otra notificación oficial de las autoridades dominicanas en la que se le indicara que estaba bajo vigilancia, ni se le había comunicado ningún motivo que lo justificase.
Estas tácticas invasivas pueden ser especialmente nocivas para las mujeres periodistas, que a menudo hacen frente a ataques por motivos de género, como acusaciones de haber violado normas tradicionales de índole social, sexual o moral.
“A veces una tiene que luchar mucho para no volverse neurótica, porque siempre hay sospechas de que cualquiera puede estar informando sobre ti. Es como andar sobre arenas movedizas. Afecta mucho a tu sensación de libertad, a lo libre que te sientes para expresar tu opinión. A veces ni siquiera sabes cómo quieren hacerte daño, si a ti o a través de tus seres queridos. Entonces te sientes responsable, lo que es más grave si cabe”, ha afirmado Nuria Piera.
Amnistía Internacional insta a las autoridades a llevar a cabo sin demora una investigación independiente, imparcial y transparente sobre la vigilancia selectiva ilegítima de periodistas en el país, incluido el ataque selectivo con Pegasus contra Nuria Piera.
“En un país donde tanto periodistas como defensores y defensoras de los derechos humanos vienen denunciado desde hace tiempo que la vigilancia es habitual, descubrir el uso de Pegasus debería considerarse una amenaza preocupante. Dado que la vigilancia plantea enormes riesgos para la seguridad física y el bienestar mental de quienes ejercen el periodismo y puede poner en peligro a sus fuentes, colegas, amistades y familiares, las autoridades dominicanas deben investigar con carácter inmediato este caso y disponer salvaguardias efectivas para proteger a estas personas e impedir que estos hechos se repitan”, ha afirmado Elina Castillo Jiménez, investigadora sobre vigilancia digital de Amnistía Internacional.

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.
La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.
La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.
Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.
Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.
FUENTE: Listín Diario
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