Panorama
MINERD dice someterá a quien le difame sin pruebas
El Ministerio de Educación (MINERD) advirtió este domingo que se reserva el derecho de llevar ante las instancias judiciales correspondientes a quienes sin aportar la mínima prueba se dedican a emitir «juicios difamatorios» y a «juzgar» a las actuales autoridades educativas.
El director de comunicaciones del Ministerio de Educación, Rafael Alonso Rijo, dijo en un documento que «las autoridades del Minerd estamos totalmente apegadas a las advertencias del presidente Luis Abinader de que en el ejercicio de nuestras funciones podemos tener colaboradores y amigos, pero nunca cómplices».
Alonso Rijo hizo el señalamiento al referirse a un video que, aseguró, circula en la red social TikTok en el que «el ya cancelado capitán de fragata Huáscar de Peña emite juicios calumniosos y difamatorios contra el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Ángel Hernández».
De acuerdo al funcionario en ese video, De Peña acusa de corrupción al gobernante y al ministro de Educación por el anunciado cambio del uniforme escolar, a iniciarse en el año lectivo 2023-2024 y completarse en el 2024-2025, y que posibilitará que al mismo costo unitario de producción actual lo estén recibiendo más de dos millones de estudiantes, mientras que actualmente solo lo reciben 600,000 estudiantes.
Alonso Rijo aseguró que De Peña está emitiendo juicios de valor sobre las actuales autoridades del Gobierno y del Minerd basado en la actuación de pasados gobiernos, «que sumieron al país en la corrupción, impunidad e irrespeto» a las leyes y la institucionalidad.
«Sus alusiones de que el cambio de uniforme sugeridos desde el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y aprobado por el Consejo Nacional de Educación se trataría de supuestos negocios, sin aportar el menor fundamento, es una irresponsabilidad propia del discurso mentiroso que viene poniendo en práctica sectores políticos rechazados y condenados por el pueblo dominicano», dijo.
Al respecto, Alonso Rijo precisó que Huáscar de Peña, y quienes pueden estar detrás de él, deben considerarse advertidos de que difamar «irresponsablemente» a gente de correcto proceder constituye un «abuso inaceptable», por lo que «hacemos reservas de acudir a los medios legales correspondientes para que sus infundios tengan consecuencias ejemplarizantes».
Sobre el excapitán de fragata Huáscar de Peña, Rafael Alonso Rijo afirmó que fue cancelado junto a otros tres oficiales, luego de «comprobarse la denuncia de ciudadanos franceses residentes en la costa norte (del país)» de que recibió 500,000 pesos por autorizar la construcción de una vivienda dentro de un área prohibida.
Panorama
MP solicita siete años de prisión para Elizabeth Silverio
El Ministerio Público solicitó ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional la imposición de siete años de prisión a la autodenominada neurocientífica Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).
Asimismo, el órgano acusador solicitó la imposición de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de las pruebas ocupadas y la variación de la medida de coerción existente, al considerar que la imputada ya fue condenada en un primer juicio y enfrenta la probabilidad de una nueva condena, lo que incrementa el peligro de fuga, sumado a la gravedad del daño causado a varias familias y a toda la sociedad.
Durante la presentación de sus conclusiones, el órgano acusador, representado por la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, sostuvo que la procesada desarrolló un esquema de estafa en perjuicio de padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA), haciéndose pasar por doctora en neurociencia y psicóloga, sin contar con la formación académica ni las acreditaciones legales exigidas y que regulan el ejercicio en dichas áreas.
El Ministerio Público explicó a la jueza Milagros Ramírez Cabrera que, tras tener conocimiento de los hechos, inició una investigación objetiva que permitió verificar que la imputada no posee registro académico válido ni habilitación legal para ejercer profesiones vinculadas a la salud, conforme a certificaciones emitidas por universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.
Como parte de su accionar, Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía, logrando así generar confianza en las familias y captar pacientes a los que ofertaba servicios en su centro.
Las pruebas testimoniales presentadas ante el tribunal, especialmente las ofrecidas por los padres de los menores afectados, constituidos en querellantes y actores civiles, evidenciaron que la encartada realizaba evaluaciones, emitía diagnósticos y aplicaba terapias sin aval profesional, llegando incluso a diagnosticar condiciones clínicas inexistentes, lo que provocó afectaciones en la salud de los niños y retrasos en la aplicación de las terapias profesionales adecuadas.
El órgano persecutor también destacó que el centro operado por la acusada funcionaba sin las habilitaciones requeridas por las autoridades competentes, siendo posteriormente clausurado por el Ministerio de Salud Pública, tras comprobarse las irregularidades en su funcionamiento.
De igual forma, informes financieros incorporados al proceso evidenciaron que la actividad desarrollada por Silverio Silien tenía fines lucrativos y le permitía percibir ingresos significativos producto de los servicios ofrecidos a las familias, lo que confirma que el engaño fue utilizado como mecanismo para obtener beneficios económicos.
El Ministerio Público destacó que dichas maniobras constituyen un hecho gravísimo, al tratarse de víctimas en condición de vulnerabilidad, por tratarse de niños que requieren cuidados especializados, por lo que sus familias depositaron su confianza en Silverio Silien con la esperanza de encontrar soluciones.
En ese sentido, indicó que la conducta desplegada por la acusada se subsume en los tipos penales de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, en violación de los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 92, 93 y 156, numeral 7, de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Tras la presentación de las conclusiones del Ministerio Público, así como de la parte querellante y la defensa, la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, cerró los debates y se retiró a deliberar, fijando el fallo de la decisión para el próximo martes, 14 de abril de 2026, a partir de las 2:00 de la tarde.
Panorama
Así quedó la entrada a Cuesta Hermosa tras las lluvias
Las intensas lluvias registradas ayer volvieron a poner en evidencia la vulnerabilidad de varias comunidades de Bonao, donde sectores como Cuesta Hermosa, Las 800, El Condado y Nuevo Amanecer figuran nuevamente entre los más afectados por los efectos de los fenómenos climáticos.
Las fuertes precipitaciones provocaron preocupación entre residentes de estas zonas, que de manera recurrente enfrentan dificultades cada vez que se producen aguaceros de consideración, principalmente por el desbordamiento de ríos y cañadas que atraviesan o rodean estas comunidades.
Estos sectores suelen aparecer entre los más perjudicados durante episodios de lluvias intensas, debido a su exposición a inundaciones repentinas y a la limitada capacidad de drenaje, una situación que mantiene en alerta a las familias que residen en áreas vulnerables.
El panorama reaviva el llamado de los comunitarios a las autoridades para que se ejecuten soluciones definitivas que reduzcan el impacto de las lluvias y prevengan mayores daños en futuras temporadas ciclónicas

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