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Lo que dice el Poder Judicial sobre caso hombre denuncia detención injusta

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Luego de casi una semana de que circulara en redes sociales la historia de Ruddy Roberto Santos Ramírez, quien denunció estar detenido de manera injusta por una situación de inquilinato con una prisión preventiva que ya se extiende por tres años, el Poder Judicial emitió un comunicado aclaratorio del caso.

“El señor Santos Ramírez fue condenado a cinco años de prisión en primera instancia en octubre de 2021 y en la actualidad, su proceso se conoce en juicio de fondo luego de que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís anulara la sentencia y ordenara apertura a un nuevo juicio”, explicó el alto tribunal.

De acuerdo con la alta corte, a Santos Ramírez “se le acusa de violencia de género, tipificado en el artículo 309, numerales 1 y 3 del Código Penal dominicano y 396-B, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (abuso sicológico contra un menor de edad)”.

Señaló en el documento difundido a medios de comunicación que “su proceso se está conociendo en base a las garantías que establecen la Constitución y el Código Procesal Penal”.

“La Corte emitió la sentencia número 334-2022-SSEN-00219 de fecha 6 de mayo de 2022, que anula y deja sin ningún efecto jurídico, por falta de motivación la sentencia número 340-03-2021-SSENT-00075, de fecha 5 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la jurisdicción de San Pedro de Macorís, y dispuso la celebración de nuevo juicio”, expresó.

Especificaron que el expediente de Santos Ramírez data de 2020 y que “se le conoce en base al debido proceso de ley establecido en el artículo 69 de la Constitución” y, además, indicaron que “está fundamentado en las garantías procesales que establece el Código Procesal Penal”.

FASES DEL CASO
Puntualizaron que el caso llegó a sus manos el 27 de junio de 2022 y fijado mediante auto número 340-03-2022-TFIJ-00211 para el 24 de agosto de 2022, fecha en la que “fue aplazada para que el tribunal sea constituido de manera válida ya que dos de los magistrados habían participado del juicio que fue anulado”.

Posteriormente, aseguraron que la audiencia fue fijada para el 30 de noviembre de 2022 y aplazada para el 20 de febrero de 2023, “a los fines de citar a un testigo y dictar orden de arresto contra otros dos que no comparecieron al tribunal”.

El 20 de febrero de este año, la audiencia fue aplazada nuevamente, de acuerdo con la corte, “a los fines de que el imputado estuviera asistido de su abogado” y quedó fijada para el 9 de mayo, “fecha en la que se aplazó para ejecutar la orden de arresto contra los testigos que no asistieron al tribunal”.

El caso será conocido nuevamente el 30 de agosto del presente año, dijo el tribunal.

Ruddy Roberto Santos Ramírez, de 36 años y padre de tres hijos, se quejó con evidente desesperación de los tantos reenvíos en su caso.

LA MADRE DEL JOVEN
De acuerdo al Listín Diario la madre de Santos Ramírez informó que a su hijo lo colocaron en celda de castigo al parecer en represalia por lo que expuso en el vídeo que se hizo viral en redes sociales.

“Mi hijo está muy mal y con una frustración que ya está de psicólogo”, declaró Altagracia Ramírez, quien reveló que no ha podido ver a su vástago desde que el pasado miércoles se quejó amargamente por su encierro y las deficiencias del sistema judicial dominicano.

La madre, sin ocultar la indignación, indicó que a su hijo se le está haciendo un daño irreparable al mantenerlo preso por una acusación sin ningún sustento jurídico. “Está preso injustamente, en base a mentiras”, añadió la dama.

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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