Panorama
Grupo ABRISA desmiente que SCJ anulara autorización de construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro
El Grupo Abrisa, que encabeza el empresario Abraham Hazoury, desmintió que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) haya anulado la autorización para la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, como fuera publicado en un diario impreso matutino, y que ha encontrado el rechazo de la Corporación Aeroportuaria del Este, que encabeza el propietario del Grupo Puntacana, Frank Rainieri.
El desmentido lo hizo Grupo Abrisa en relación a una noticia publicada en el Listín Diario donde se hacía referencia a que la “Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación interpuesto por el Grupo Abrisa y el Aeropuerto Internacional Bávaro, contra una resolución del Tribunal Superior Administrativo que establece posición contra la construcción de una terminal aeroportuaria en Bávaro”.
Listín Diario publicó que “El recurso de casación buscaba anular una sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo que revocó la resolución 007/2020 del Ministerio de Obras Públicas, la cual ordenaba la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro”.
La explicación de Grupo Abrisa es que en realidad, mediante la referida resolución 007/2020, se rechazaba el Recurso Jerárquico interpuesto por la Corporación Aeroportuaria del Este y Grupo Puntacana, ante el MOPC, contra la Resolución 6799 de la Comisión Aeroportuaria que, a su vez, rechazaba el Recurso de Reconsideración interpuesto por las mismas entidades contra la Resolución 6976 de la Comisión. Es falso que la Resolución 007/2020 “ordenara la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro”, competencia que no tiene el MOPC, explica la nota remitida a este diario.
GRUPO ABRISA manifestó que el recurso de casación fue interpuesto contra una sentencia del TSA donde declaraba inadmisible un recurso de Tercería, mediante la cual AIB y GRUPO ABRISA, solicitaban la revocación de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que declaraba nula la resolución 007/2020 del MOPC, al haberse dictado sin haber permitido que AIB y GRUPO ABRISA fueran parte del proceso y, en consecuencia, vulnerando sus derechos constitucionales.
El planteamiento coincide con el voto disidente redactado por el magistrado Moisés A. Ferrer Landrón quien establece, que “en la sentencia impugnada se cometen varios vicios que a nuestro entender la hacen susceptibles de casación”, entre otros que “el tribunal superior Administrativo incurrió en una infracción constitucional ya que todo juez, esta en obligación de dar respuesta a lo que le ha sido planteado de manera formal en conclusiones, como ha ocurrido en la especie, más aún cuando se trata de violaciones de índole constitucional”.
Además señala, que en la sentencia se produjo contradicción de motivos, “vicio que se advierte cuando el Tribunal Superior Administrativo, para rechazar el recurso de Tercería interpuesto por Grupo Abrisa y Aeropuerto Internacional Bávaro, SAS, y validar la sentencia impugnada lo hace bajo el entendido de que a la parte entonces recurrente y hoy recurrida Corporación Aeroportuaria del Este le fue vulnerado su derecho de defensa en la fase administrativa porque no le fue notificado el escrito de defensa de la hoy recurrente, Grupo Abrisa y Aeropuerto Internacional de Bávaro, SAS, sin embargo, en ninguna parte de la sentencia hoy impugnada se advierte si esta alegada violación le impidió a la entonces recurrente defenderse”.
GRUPO ABRISA aclaró que la Sentencia de la SCJ no afecta los derechos establecidos por el Decreto 270-20 de 21 de julio de 2020 ni el contrato suscrito por AIB, SAS, con el Estado Dominicano para la construcción, operación y explotación económica del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que mantienen plenamente su vigencia.
GRUPO ABRISA anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la referida Sentencia de la SCJ.
Panorama
Los que se quejan por altos precios de combustibles que compren carros eléctricos, recomienda Tony Peña Guaba
El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Tony Peña Guaba, sugirió a las personas que se quejan del alto costo de los combustibles que opten por cambiar sus vehículos, recomendando especialmente la transición hacia los modelos eléctricos.
El dirigente perremeísta y excoordinador del Gabinete de Políticas Sociales reveló que en los próximos días, él mismo comenzará a reemplazar sus automóviles de combustión interna por unidades eléctricas.
“Les voy a dar una primicia: próximamente estaré cambiando algunos de mis vehículos por modelos eléctricos”, afirmó Peña Guaba durante una entrevista concedida a un podcast.
Como referencia internacional, destacó el caso de Holanda, donde este año entró en vigor una legislación que exige que todos los vehículos sean eléctricos, así como los ejemplos de Dinamarca y Noruega, naciones de altos ingresos donde cerca del 97 % del parque vehicular ya es eléctrico.
Reiteró que estos países europeos sirven como modelo de hacia dónde se dirige la movilidad, subrayando cómo economías desarrolladas han apostado de manera masiva por la electrificación del transporte para reducir la dependencia de los hidrocarburos.
En cuanto al incremento en los carburantes, Peña Guaba afirma que no se trata de una medida adoptada por el Gobierno, sino de un fenómeno económico global que afecta a diversos mercados.
Para un tanque de 12 galones de gasolina premium, llenarlo costaba RD$3,481.20 en septiembre de 2025. Con el precio actual cuesta RD$4,201.20, por lo que el conductor necesita RD$720 adicionales para adquirir la misma cantidad de combustible.
“El combustible está caro en todas partes, no solo en la República Dominicana. Si importamos petróleo a precios elevados, lamentablemente ese costo se traslada a la población, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por subsidiar una parte para amortiguar el impacto”, explicó.
Asimismo, puso como referencia a Estados Unidos, donde el galón de gasoil se cotiza entre cinco y seis dólares, un precio que supera el monto al que se comercializa actualmente en el mercado dominicano.
Al ser cuestionado sobre por qué las rebajas internacionales del barril de petróleo no se reflejan de inmediato en el costo local, Peña Guaba justificó que el Estado debe destinar importantes recursos financieros al subsidio del transporte masivo, como el Metro, y a la ejecución de obras de alto impacto social.
Vía El Nacional.
Panorama
MP solicita prisión preventiva contra médico involucrada como cómplice en caso de violencia
El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una médico psiquiatra implicada como cómplice en el caso donde una mujer, en medio de un proceso de divorcio, raptó a su esposo en una empresa constructora propiedad de ambos y luego lo ingresó en un centro de salud mental.
Ylsa Emperatriz Quero Cabrera habría ordenado a la imputada Nancy Estervina de Jesús, también procesada por el caso, ingresar a su pareja, de manera supuestamente irregular, en un centro psiquiátrico.
El expediente detalla que, De Jesús, investigada por violar los artículos 307 y 309-2 del Código Penal Dominicano, presuntamente cometió los hechos tras presentarse a la citada empresa, que funciona en el sector Alma Rosa II, de Santo Domingo Este, junto a otras tres personas a los que habría contratado para cometer el hecho.
Detalla que las tres personas, una de ellas vestida con indumentaria de enfermería, «sin mediar palabras y de forma violenta», sometieron a la víctima, un ingeniero de profesión. Asimismo, alega que procedieron a esposarlo y a aplicarle una inyección de contenido desconocido. Posteriormente, lo retiraron a la fuerza del lugar.
La víctima fue llevada por su expareja a un centro psiquiátrico, donde, posteriormente, fue localizado dos días después.
De Jesús indicó en el proceso que lo ingresó en el establecimiento de salud por orden de Quero Cabrera, quien fue detenida el pasado 14 de octubre al ejecutarse en su contra la orden judicial No. RAJ-2026-15866 por existir una denuncia en su contra, la cual fue interpuesta por familiares de la víctima.
La médico Quero Cabrera es imputada de violar las disposiciones contenidas en los Artículos 59, 60, 309-2 у 309-3 en su literal h; 303, 303-1 y 303-4, en sus numerales, 7, 9 y 10 del antiguo Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, en perjuicio de la víctima y el Estado dominicano.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, a solicitud de la defensa, aplazó para el próximo domingo, 18 de octubre de 2026, la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción.
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