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Condenan a 15 de años de prisión a ucraniana por torturar a exnovio dominicano
También recibieron igual sentencia sus dos cómplices, los dominicanos Michael Jaironel Castillo y Luis Alberto Pineda Medrano

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impusieron una condena de 15 años de prisión contra la ciudadana ucraniana Natalya Kasianova y los ciudadanos dominicanos Michael Jaironel Castillo y Luis Alberto Pineda Medrano, tras ser hallados culpables de cometer los delitos de tortura y actos de barbarie en perjuicio de Miguel Ángel Linares, expareja de la extranjera, en un incidente ocurrido el 23 de mayo de 2022, en el sector El Cacique, Distrito Nacional.
Los jueces adoptaron la decisión luego de acoger en todas sus partes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por las fiscales Leydi Nayra García y Angie Castro, con las que demostraron la responsabilidad penal de los tres acusados en los hechos cometidos contra la víctima.
El Ministerio Público demostró ante el tribunal que las acciones cometidas por los agresores constituyen una violación a los artículos 303 y 303-4, numerales 7 y 9, del Código Penal Dominicano, que castigan la tortura o actos de barbarie, ya sea cometido por el cónyuge, excónyuge o la pareja consensual o por varias personas actuando en calidad de autores o de cómplices.
También, los hoy sentenciados fueron encontrados culpables de violar los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, ya que, al momento de la brutal agresión, los imputados estaban armados de cuchillos y otras armas cortopunzantes, según confirman las heridas certificadas por el médico legista actuante en el caso.
Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2022, cuando la víctima, Miguel Ángel Linares, acudió a una cita en un apartamento de la Torre Ibiza, ubicado en la Autopista 30 de Mayo de la capital, atendiendo una invitación que le hiciera su expareja, Natalya Kasianova.
Al llegar a la residencia de la procesada, Linares fue recibido por el nombrado Pineda Medrano, quien lo acompañó hasta el apartamento, una vez allí la víctima se percató de que la acusada estaba acompañada del nombrado Jaironel Castillo, quienes lo amarraron de pies y manos y posteriormente lo amordazaron y lo golpearon todo el día, hasta que la víctima quedó inconsciente, agresión que aseguró fue presenciada por la extranjera y grabada por los dispositivos electrónicos de la imputada y los coautores.
En horas de la noche, la víctima fue transportado en un vehículo por los agresores, quienes lo condujeron por la Autopista 30 de Mayo, y lo lanzaron del vehículo próximo a la avenida Núñez de Cáceres, donde logró desatarse minutos después y pidió auxilio a varios transeúntes, se explica en la investigación.
La Fiscalía aportó en el proceso un certificado médico legal emitido el 31 de mayo de 2022 por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en el que los forenses afirman que Linares presentaba lesiones curables de 11 a 21 días, entre ellas, un trauma contuso con edema en el ojo derecho, acompañado de hemorragia conjuntiva en ojo derecho, escoriaciones en ambos codos en región facial y heridas en muslo derecho.
Por disposición de los jueces, Kasianova cumplirá la pena en el Centro de Rehabilitación Najayo Mujeres, Michael Jaironel Castillo en la cárcel pública El Pinito, de La Vega, y Luis Alberto Pineda Medrano en Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
Vía Diario Libre

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.
La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.
La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.
Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.
Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.
FUENTE: Listín Diario
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