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Condenan a 10 años de prisión a ex funcionario por desfalco en Ayuntamiento de Santiago

René Guzmán Corporán se desempeñaba como director de recursos humanos del cabildo

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El Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, condenó hoy a diez años de prisión a René Guzmán Corporán, ex director de Recursos Humanaos del Ayuntamiento de Santiago, quien fue sometido a la justicia por el alcalde Abel Martínez, acusado de lavado de activos y desfalco por más de diez millones de pesos en perjuicio del cabildo santiaguero.

El tribunal acogió las pruebas sometidas por la parte demandante, que estuvo representada por los abogados Jesús Méndez, Ambiorix Encarnación y Fernando de Jesús Ramírez, en representación del Ayuntamiento de Santiago, después que el alcalde Abel Martínez hiciera de conocimiento público que el ex funcionario había cometido serias irregularidades.

La sala, compuesta por los jueces Rubén Darío Cruz Uceta, Rubén Rodríguez Cuello y Yazmin de los Santos, dispusieron que el condenado cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.

El juez Rodríguez Cuello destacó que con la sentencia se establece un precedente al imponer una condena mayor a los cinco años solicitados por el Ministerio Público y explicó que motivaron el fallo debido a que la Ley de Lavado de Activos establece que la pena mínima es de 10 años de prisión.

Una nota de prensa de la Alcaldía de Santiago establece que fue a raíz de una denuncia pública del alcalde Abel Martínez, que la población se enteró de la comisión de hechos dolosos en el departamento de Recursos Humanos de la institución edilicia por parte del entonces director René Guzmán Corporán, cuya estafa ronda los diez millones de pesos, acciones que resultaron en el manejo irregular de los recursos municipales, lo que fue demostrado con las pruebas presentadas por el cabildo, el mismo día de la denuncia.

En aquella ocasión, el alcalde Abel Martínez, convocó a la prensa nacional y dio a conocer las irregularidades cometidas por el funcionario, que inmediatamente fue destituido del cargo y sometido a la justicia por dichas acciones anómalas y huyó a Madrid, España, de donde fue pedido en extradición y a su llegada al país de forma voluntaria en marzo del año 2018, fue apresado.

El Tribunal fijó para el día diez de julio próximo la lectura íntegra de dicha sentencia, en la que fija en diez años de cárcel contra el imputado René Guzmán Corporán, encontrado culpable de cometer dicho desfalco.

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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