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Dictan tres meses de prisión preventiva a Elizabeth Silverio

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El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a Elizabeth Silverio Silien, conocida como la “neurocientífica”, quien está acusada de ursurpar funciones en el área de la salud en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, donde se atendían niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

La jueza Fátima Veloz dispuso que la privación de libertad preventiva sea cumplida en la cárcel Najayo Mujeres, de San Cristóbal.

Tanto la defensa legal de los padres de los niños atendidos en el centro y del Ministerio de Salud Pública, que se querellaron, como víctimas, estuvieron satisfechos con la resolución.

Mientras, que la defensa legal de Silverio Silien anunciaron que recurriràn el fallo.

La jueza declaró el caso complejo.

El abogado de las víctimas, Felix Porte, dijo que la jueza acogió su petición de prisión preventiva porque valoró documentaciones que aportaron de que la acusada hizo diagnósticos médicos sin ser médico.

El abogado Mario Radhamés Matías Parris, encargado de litigios de Salud Pública, dijo que la magistrada pudo constatar que hay peligro de fuga, que se trata de un caso grave, y que afecta la salud de niños.

José Ignacio Encarnación, padre de un menor inscrito en el centro, valoró la medida de coerción como la correcta y consideró que «empezamos con buen pie».

SOLICITUD DE MEDIDA DE COERCIÓN
El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de corrección el viernes, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

La Fiscalía del Distrito Nacional había solicitado prisión domiciliaria, presentación periódica e impedimento de salida del país contra Silverio Silien.

La solicitud de medida de coerción fue presentada por Magalys Sánchez Guzmán y Laura Vargas Toledo, ministerios públicos ante el Departamento de Investigación y Litigación Estratégica.

Fue arrestada el pasado miércoles luego de que se ejecutara en su contra una orden judicial, emitida por la jueza Kenya Romero, coordinadora de la Oficina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

En la audiencia, el Ministerio de Salud Pública estuvo representada por los abogados Pablo Miguel José Viloria y Mario Radhamés Matías Parris.

Como víctimas está el Estado dominicano, a través de Salud Pública, así como Corflor Luna Rodríguez, Samanta Moquete Duval, José Ignacio Encarnación, Yokasta Cuevas, Yeimi Durán, Germanie Russel, Misee Abreu, Brenda Mejía, Pamela Sánchez, Basília Ortíz, y Flor Alcántara.

Silverio estuvo representada por los abogados Rafael Helena Regalado, Manuel Minaya y Ramón Bonifacio.

FUENTE: Listin Diario

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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