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Gobierno haitiano no tiene poder para detener construcción de canal en río Masacre porque es “privado”

El presidente Luis Abinader manifestó que el Gobierno haitiano está en desacuerdo con la construcción de un canal en el río Dajabón o Masacre pero bajo el contexto actual, en que se encuentra Haití, se declaró sin poder para detener la obra ilegal.
Durante La Semanal con la Prensa, Abinader reveló que el canal es privado y es construido por grupos empresariales y políticos que tienen el interés de llevar el agua hasta sus fincas.
Reseña Diario Libre que el mandatario no reveló los nombres de quienes están detrás de este ilícito, pero indicó que dispuso la prohibición de la entrada de estos a suelo dominicano.
Que la infraestructura hídrica esté siendo construida por un sector privado incontrolable por las autoridades haitianas hace que la solución del problema sea difícil para el gobierno dominicano que desde ya planea la reactivación del canal La Aduana, el diseño de la presa de Don Miguel y Artibonito como medidas técnicas para detener las pretensiones del empresariado haitiano involucrado.
No obstante, Abinader señaló que la construcción aún no ha causado daños a la República Dominicana porque no ha sido conectado al río Masacre y para realizarlo deberían adquirir varias bombas centrífugas.
Indicó que afectaría más al país si llegan a construir bajo el diseño original que contempla un dique. Ese dique desviaría el caudal afectando directamente a los habitantes fronterizos y lesionando el ordenamiento territorial.
“No podemos permitir que incontrolables de un país hagan lo que se les dé la gana”, dijo Abinader ante la posición del Gobierno haitiano, que se declaró sin poder para controlar al grupo de empresarios y políticos detrás de la obra.
A organismos internacionales
El mandatario dijo que contempla denunciar el hecho ante instancias internacionales, aunque indicó que el problema tiene un componente Sui géneris que en otras circunstancias debería ser resuelto por el país donde se comete la violación de derechos territoriales de otro país.
Recalcó que se mantiene en comunicación con el gobierno haitiano dirigido por Ariel Henry. “No tenemos problemas con el gobierno haitiano”, aclaró al tiempo de indicar que el cuerpo consular dominicano se mantendrá en Haití hasta tanto se emitan otras medidas.
Medidas contra construcción de canal
A falta de un interlocutor válido en Haití, la solución del problema ha sido difícil para el Gobierno dominicano que desde hoy anunció la toma de seis de medidas.
· Mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y, si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo.
· Suspensión definitiva de la entrada al país de todos los involucrados en el conflicto.
· Detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso.
· Reactivar la Toma de la Aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos.
· Comenzar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la construcción llevará unos 30 meses, con un costo aproximado de 2,700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato».
· Solicitar una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva.

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.
La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.
La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.
Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.
Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.
FUENTE: Listín Diario
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