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Gobierno ordena la reapertura de la frontera con Haití este miércoles para el comercio

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La Presidencia de la República informó hoy de nuevas medidas tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad sobre el cierre fronterizo y procedió a establecer corredores comerciales provisionales.

El Gobierno informó la reapertura de la frontera con Haití para fines comerciales a partir del miércoles 11 de octubre a las 6:00 de la mañana.

Dentro de las medidas anunciadas se encuentra el establecimiento de un registro biométrico en la frontera y que se creará un fondo para la mecanización del trabajo agrícola.

En un primer comunicado, el Gobierno indicaba que la reapertura se produciría el viernes 13.

Por igual, han informado que no se permitirá el paso de personas.

Estas son las nuevas medidas tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad el lunes 9 de octubre:

1. A través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) activaremos un fondo para financiar un amplio programa de mecanización agrícola para reducir la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados.

2. Reforzaremos la militarización de la frontera para hacer más difícil aún el acceso a nuestro territorio a los pandilleros que huyan de la fuerza multinacional.

3. Mantendremos el cierre migratorio de la frontera, de manera indefinida, para impedir el tránsito de personas desde territorio haitiano.

4. Extenderemos indefinidamente la suspensión de la entrega de visas a ciudadanos haitianos.

5. Prohibiremos la exportación de productos electrónicos, cemento, varillas y otros materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales.

6. Habilitaremos Corredores Comerciales Provisionales (CCP), con estrictas medidas de control militar y registro biométrico obligatorio, en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales para facilitar el comercio de productos esenciales dominicanos como alimentos y medicinas, especialmente para los infantes.

7. Instruimos a la Consultoría Jurídica la redacción urgente del reglamento operativo de la Ley 216-11 sobre mercados fronterizos, para garantizar elevados niveles de seguridad.

El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, explicó que con el cierre de la frontera se mantiene fuera del territorio dominicano a las bandas haitianas; se estimula el retorno voluntario de miles de inmigrantes; se reduce la entrada de indocumentados; se controla el contrabando de armas y sustancias prohibidas.

Además, indicó que con la medida tomada el pasado 11 de septiembre del 2023 se mostró a la Comunidad Internacional la firme oposición del país a cualquier solución dominicana al problema haitiano.

“Con la reactivación del canal de La Vigía salvamos el caudal del río Dajabón, garantizamos agua a nuestros productores agropecuarios y preservamos la biodiversidad de los humedales de la laguna Saladillo”, manifestó el vocero.

El vocero de la Presidencia, reiteró lo que ha dicho el presidente Luis Abinader que la frontera no puede ser y no será la misma.

“Por esta razón, estas medidas continuarán siendo la nueva normalidad en la frontera hasta que logremos un retorno de la gobernabilidad en Haití. Nuestra prioridad seguirá siendo la defensa del interés nacional y la seguridad de nuestros ciudadanos”, puntualizó.

MENSAJE SOBRE SITUACIÓN EN LA FRONTERA CON HAITÍ

En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad del 11 de septiembre del 2023 se dispuso el cierre de la frontera con Haití para el comercio y la migración; la suspensión de la entrega de visados; y la reactivación del canal de La Vigía en Dajabón, entre otras medidas.

Después de una profunda reflexión se tomaron estas decisiones para garantizar la seguridad nacional ante la inestabilidad política y social causada por las pandillas en Haití y para proteger la integridad medioambiental amenazada por la construcción unilateral de un canal en el río Dajabón.

Hoy podemos decir que hemos conseguido los dos objetivos.

Con el cierre de la frontera mantenemos fuera de nuestro territorio a las bandas haitianas; estimulamos el retorno voluntario de miles de inmigrantes; se reduce la entrada de indocumentados; controlamos el contrabando de armas y sustancias prohibidas; y, lo más importante, mostramos a la Comunidad Internacional nuestra firme oposición a cualquier solución dominicana al problema haitiano.

Con la reactivación del canal de La Vigía salvamos el caudal del río Dajabón, garantizamos agua a nuestros productores agropecuarios y preservamos la biodiversidad de los humedales de la laguna Saladillo.

La semana pasada, como resultado de tres años de perseverante diplomacia del presidente Luis Abinader, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución que autoriza el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití.

Esta decisión nos coloca frente a nuevos desafíos y oportunidades que abordaremos con determinación y creatividad, fortaleciendo algunas de las medidas y reformulando otras; aunque manteniendo siempre como prioridad la defensa del interés nacional.

En este sentido, anunciamos al país las nuevas medidas tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad el lunes 9 de octubre:

1. A través del Bandex activaremos un fondo para financiar un amplio programa de mecanización agrícola para reducir la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados.

2. Reforzaremos la militarización de la frontera para hacer más difícil aún el acceso a nuestro territorio a los pandilleros que huyan de la fuerza multinacional.

3. Mantendremos el cierre migratorio de la frontera, de manera indefinida, para impedir el tránsito de personas desde territorio haitiano.

4. Extenderemos indefinidamente la suspensión de la entrega de visas a ciudadanos haitianos.

5. Prohibiremos la exportación de productos electrónicos, cemento, varillas y otros materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales.

6. Habilitaremos Corredores Comerciales Provisionales (CCP), con estrictas medidas de control militar y registro biométrico obligatorio, en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales para facilitar el comercio de productos esenciales dominicanos como alimentos y medicinas, especialmente para los infantes.

7. Instruimos a la Consultoría Jurídica la redacción urgente del reglamento operativo de la Ley 216-11 sobre mercados fronterizos, para garantizar elevados niveles de seguridad.

El presidente Luis Abinader ha dicho que la frontera no puede ser y no será la misma. Por esta razón, estas medidas continuarán siendo la nueva normalidad en la frontera hasta que logremos un retorno de la gobernabilidad en Haití.

Nuestra prioridad seguirá siendo la defensa del interés nacional y la seguridad de nuestros ciudadanos.

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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