El actual presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, quien aspira a continuar en el cargo durante el período 2024-2028, fue entrevistado este miércoles por la Comisión Especial del Senado encargada de seleccionar a las nuevas autoridades del organismo.

Durante su intervención, Jáquez Liranzo destacó varios aspectos que quedaron fuera de la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral.

Entre ellos, propuso una posible reducción significativa de los topes de gastos y el fortalecimiento de las sanciones para los actores políticos que los excedan.

“Se propuso que los topes de gastos tengan sanciones y no hay sanciones. Se propuso para que la campaña electoral fuese menos impactante desde el punto de vista económico, que los topes fueron reducidos. Pero, esto no se materializó. Creo que hay darles garras a la JCE”, expresó.

Asimismo, Jáquez Liranzo consideró que la normativa debe incluir a los coordinadores de recintos electorales y a los coordinadores de delegados políticos, ya que su incorporación facilitaría la agilidad en la celebración de las votaciones

“Creo que es el momento en una reforma electoral de implementar los coordinadores de recintos, incluso los coordinadores de los delegados políticos en los recintos, esto vino a eficientizar y agilizar la dinámica del proceso electoral”, planteó

No obstante, el candidato destacó que uno de los principales logros de la reforma electoral, con la aprobación de esta ley, es la tipificación de la violencia política contra la mujer como un delito.

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Además de Román Andrés Jaquez Liranzo, la comisión del Senado entrevistó a Nurys Forchue, Carmen Yannis Fulcar, Richard de Jesús García Rodríguez, Luis Rafael García, Prado Antonio López Cornielle, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, Nathanael Lora Mota, Feliciano Lacen Custodio, Patricia Lorenzo, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Milagros Hilario Liz y Lenis Rosangela García Guzmán.

Según la temática establecida por la comisión, los aspirantes tendrán cinco minutos para hablar de su hoja de vida y de los planes a desarrollar, en caso de ser electos para ser parte de la JCE. Posteriormente, serán sometidos a preguntas por parte de los miembros de la comisión evaluadora durante diez minutos.

Las preguntas abordaron temas clave, como las debilidades actuales de la JCE y propuestas de mejora, la prevención de delitos electorales, la unificación de las elecciones, el método D’Hondt, el sistema de arrastre a nivel municipal, y la igualdad de género, entre otros aspectos fundamentales.

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Los legisladores dominicanos están evaluando tres importantes propuestas: la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma constitucional. A continuación, te presentamos los 10 cambios que podrían tener un gran impacto en el país si estas iniciativas se aprueban:

Incremento en el costo de bebidas no alcohólicas
La reforma fiscal aumentaría el precio de refrescos, jugos y otras bebidas en un 25% a 50%, afectando el bolsillo de los consumidores.

Impuestos a compras en línea
Las compras por internet de productos que no superen los 200 dólares, actualmente exentas, serán gravadas, lo que encarecerá las adquisiciones internacionales.

Impuesto a productos alimentarios
Alimentos básicos como frutas no procesadas, que actualmente están exentos, estarían sujetos a un 18% de ITBIS o IVA, lo que impactaría a la canasta básica dominicana.

Teletrabajo oficializado
La reforma laboral introduciría formalmente el teletrabajo, obligando a los empleadores a proporcionar las herramientas necesarias para que los empleados trabajen desde casa.

Más días de vacaciones
El proyecto de reforma laboral aumentaría el número de días de vacaciones pagadas a 15 días tras tres años de trabajo continuo, mejorando el descanso de los empleados.

Restricción del uso de celulares
Los empleados no podrán usar sus dispositivos electrónicos para fines personales durante el horario laboral, limitando el uso de celulares en el trabajo.

Unificación de elecciones
La reforma constitucional unificaría las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, simplificando el proceso electoral y reduciendo costos.

Reducción del número de diputados
El número de diputados se reduciría a 170, con una mayor representación de la diáspora y un enfoque en la acumulación de votos.

Nombramiento de procuradores
El presidente podrá proponer un Procurador General de la República y siete procuradores adjuntos al inicio de su mandato, lo que podría influir en el sistema judicial.

Limitación de beneficios para funcionarios electos
Ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional aprobada durante su mandato, garantizando la transparencia y evitando la manipulación de reglas electorales en favor de incumbentes.

Estos cambios propuestos prometen alterar significativamente la vida política, económica y laboral en República Dominicana, impactando tanto a los ciudadanos como a las instituciones.