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Panorama

Maxy Montilla y sus empresas devolverán más de RD$3,000 millones al Estado tras acuerdo con la Pepca

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El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó un acuerdo, de criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$ 2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.

El magistrado Raymundo Mejía acogió el acuerdo establecido por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), como resultado de una de las líneas de investigación seguida en la Operación Antipulpo.

El acuerdo fue presentado al tribunal por Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, quienes valoraron la resolución del tribunal e indicaron que esta decisión viene a reforzar los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que impulsa la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.

La decisión lleva a Montilla a pagar una indemnización de RD$ 600 millones a las Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) y Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones.

También, deberá disolver las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globale, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation en un plazo de dos años.

Asimismo, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$ 431,816,307.90.

Además, autoriza el decomiso de una porción de terreno con una superficie de 200.18 metros cuadrados, dentro de la parcela núm. 5-C-Prov.- 85, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza núm. 2, casi esquina avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.

En el acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, las distribuidoras se hicieron representar por Celso Marranzini, quien funge como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE).

Las empresas distribuidoras de energía fueron asistidas legalmente por Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo, mientras que la defensa técnica del imputado y sus empresas la encabezaron Joaquín Antonio Zapata Martínez y Edward Veras Vargas.

El Ministerio Público establece en el documento que Montilla Sierra, investigado en el proceso contra Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, utilizó las empresas como como vehículo societario para participar en los procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación a las normativas que regulan las contrataciones del Estado dominicano, “logrando con ello adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público”.

Señala que durante el tiempo que lo hizo gozó de privilegio y acceso a informaciones privilegiadas.

Recuerda además que los actos de corrupción impactaron empresas que operan con deficiencia funcional y operativa en el servicio fundamental que deben prestar al país.

Esta situación obedeció, en gran medida, a pérdidas derivadas de prácticas de competición y de un manejo fraudulento por parte de funcionarios públicos y contratistas.

Explica que Montilla Sierra muestra un incremento significativo en las contrataciones públicas adjudicadas a sus empresas.

“Desde ese momento, varios miembros de su entorno familiar y de confianza, tanto de manera directa como indirecta, aumentaron de forma sustancial su presencia e influencia en los procesos de compras y contrataciones del Estado, especialmente en áreas estratégicas como la energética, utilizando como plataforma la cercanía con el poder político», señaló el Ministerio Público.

Indica que al suplir al Estado incurrió en un monopolio de proveedores en el sector eléctrico que, además, operó con información privilegiada.

Asimismo, manipuló los plazos de entrega e incurrió en estafa al Estado.

“A los fines de obtener ventajas en los procesos, se realizaron pagos de sobornos a funcionarios públicos responsables de las compras y contrataciones en el sector eléctrico. Estos pagos buscaban influir en decisiones administrativas, facilitar modificaciones contractuales irregulares y agilizar desembolsos”, indica el acuerdo homologado.

El Ministerio Público impulsó el acuerdo en base al numeral 6, del artículo 370, del Código Procesal Penal, el cual establece la procedencia del Criterio de Oportunidad cuando el caso refine las condiciones para ser declarado complejo, tal como ocurrió en la investigación de la Operación Antipulpo.

“Esta disposición faculta al Ministerio Público a solicitar la aplicación de dicho criterio cuando el imputado colabore eficazmente con la investigación, aporte información que permita evitar la continuación de la actividad delictiva o la comisión de nuevas infracciones, contribuya al esclarecimiento de los hechos investigados o proporcione datos relevantes, siempre que la acción penal que se pretende excluir sea considerablemente menos grave que los hechos punibles cuya reiteración se evita”, dice el documento.

Vía Listín Diario

Panorama

Abinader anuncia inversión de RD$20 mil millones en Boca Chica

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BOCA CHICA.– El presidente Luis Abinader anunció este martes una intervención integral del Gobierno para transformar por completo el municipio de Boca Chica. Mediante una inversión público-privada que supera los RD$20,000 millones, la demarcación será proyectada como un gran polo logístico, centro de desarrollo económico, espacio de innovación y un destino turístico renovado.

El mandatario aseguró que este plan va más allá de la construcción de infraestructuras, definiéndolo como una visión de país planificada donde convergen el Gobierno central, el sector privado y la comunidad.

«Se trata de la visión de un país que decide mirar su territorio con otros ojos, deja de ver potenciales aislados y comienza a construir oportunidades integrales en cada rincón del país. Yo quiero que Boca Chica vuelva a creer», afirmó Abinader.

Ejes principales de la transformación

La intervención estatal y privada se estructurará en varios pilares fundamentales para garantizar el orden, la inclusión y la sostenibilidad del municipio:

1. Agua potable y saneamiento histórico

Con una inversión liderada por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) que supera los RD$11,000 millones, se ejecutarán obras críticas para las próximas décadas:

  • Construcción de alcantarillado sanitario.
  • Instalación de una planta de tratamiento y un emisor submarino para proteger la playa.
  • Mejora y preservación de las aguas subterráneas.

2. Conectividad e infraestructura vial

Para consolidar el perfil logístico de la zona, el Ministerio de Obras Públicas avanzará en proyectos viales clave:

  • Extensión de la avenida Ecológica hasta el Puerto Multimodal, conectando a Boca Chica con las regiones Sur, Norte y Nordeste a través de la Circunvalación y la autopista Juan Pablo II.
  • Conclusión de la ruta marginal de Las Américas.
  • Asfaltado de más de 125 kilómetros de calles internas.

3. Recuperación de espacios públicos y recreación

El proyecto contempla devolver la ciudad a sus habitantes mediante la renovación urbana:

  • Gran Parque Recreativo: Se utilizarán los terrenos del antiguo ingenio para crear un espacio familiar con áreas deportivas, senderos y un anfiteatro, preservando la emblemática chimenea como memoria histórica.
  • Intervenciones en la calle Duarte, el parque central, la parroquia San Rafael Arcángel, la plaza de vendedores y el futuro malecón de Andrés.

Alianza Estratégica: El proyecto Costa Blanca

El relanzamiento del municipio contará con el respaldo del sector privado a través del proyecto Costa Blanca, una iniciativa de desarrollo inmobiliario mixto liderada por Terra Partners que abarca más de 600,000 metros cuadrados.

Tania Ramírez, socia gestora del proyecto, destacó que Boca Chica concentra más de US$1,700 millones en inversiones estratégicas (como AES Dominicana, DP World Caucedo y el AILA). Costa Blanca sumará espacios residenciales, comerciales, un hotel y un parque lineal de playa de 38,000 metros cuadrados de acceso público, además de la reubicación digna de los vendedores playeros en un área de 15,000 metros cuadrados.

Educación, salud y fortalecimiento eléctrico

El plan integral también impactará directamente los servicios básicos y la seguridad jurídica de los comunitarios:

  • Educación: Apertura de nuevas estancias infantiles, centros educativos, el Politécnico Ave María (44 aulas) y programas técnicos junto al INFOTEP.
  • Salud y Deporte: Reconstrucción de la emergencia del hospital municipal, construcción del Hospital Pediátrico San Andrés y nuevas instalaciones deportivas.
  • Energía: Modernización de redes, ampliación de subestaciones y la instalación de 5,145 luminarias LED inteligentes.
  • Titulación: Entrega de títulos de propiedad a más de 2,000 familias, garantizando estabilidad patrimonial.

El ministro sin cartera y director del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, enfatizó que este conjunto de iniciativas representa «el nacimiento de una nueva ciudad», validando el esfuerzo coordinado para generar empleos y desarrollo a largo plazo.

Para cerrar el acto —que contó con la bendición de Monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa—, el presidente Abinader destacó la calidez de los residentes locales y, con tono distendido, bromeó señalando que irse de Boca Chica sin comer un pescado frito o un yaniqueque «sí sería un error imperdonable de planificación nacional».

Al evento asistieron destacadas figuras políticas y empresariales, incluyendo al expresidente Hipólito Mejía; ministros y directores generales; así como los principales ejecutivos del grupo INICIA y el CONEP.

 

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Panorama

Muere adolescente de 16 años durante persecución policial en San Francisco de Macorís

Ángel Manuel Luna, de 16 años, falleció luego de un incidente que sus familiares atribuyen a una persecución de agentes policiales; un video difundido en redes sociales ha elevado la indignación por el caso

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La muerte de Ángel Manuel Luna, un adolescente de 16 años, ha generado consternación e indignación en San Francisco de Macorís, luego de que sus familiares denunciaran que el menor habría sido perseguido por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en la ciudad.

De acuerdo con el relato ofrecido por su madre, antes de fallecer el adolescente alcanzó a pedirle perdón y decirle que la amaba. La mujer aseguró que su hijo le manifestó que estaba siendo perseguido por una patrulla policial.

Video muestra momento del incidente

El caso tomó mayor notoriedad luego de que circulara en redes sociales un video que muestra el momento en que una patrulla policial intercepta y derriba de una motocicleta al adolescente, quien posteriormente falleció.

La difusión de las imágenes ha provocado reacciones de dolor y reclamos de esclarecimiento por parte de ciudadanos y comunitarios, que cuestionan la forma en que se ejecutan algunos operativos policiales en distintos sectores de San Francisco de Macorís.

Cuestionan operativos policiales

Según los comunitarios, en varios sectores de la ciudad se realizan operativos frecuentes dirigidos por la comandancia policial encabezada por el general Natera Melenciano, acciones que suelen ser difundidas por medios locales. En algunos de esos recorridos se observa la detención de decenas de jóvenes, incluso cuando portan documentos personales.

La tragedia ha abierto nuevamente el debate sobre los límites de la actuación policial, el respeto a los derechos fundamentales y la necesidad de protocolos claros en operativos que involucren a jóvenes y adolescentes.

Familia exige respuestas y comunidad se tira a las calles

Hasta el momento, las circunstancias exactas del hecho permanecen bajo investigación. La familia de Ángel Manuel Luna reclama que se haga justicia por lo ocurrido. El caso mantiene bajo tensión a sectores de San Francisco de Macorís, donde comunitarios han expresado preocupación por lo que consideran una actuación excesiva en algunos operativos de seguridad.

El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y varios grupos populares realizaron protestas y quema de neumáticos en San Francisco de Macorís, exigiendo justicia por la muerte del joven Ángel Manuel Luna, de 16 años de edad.

Durante las manifestaciones, los protestantes reclamaron una investigación transparente y sanciones contra los responsables del hecho. La situación generó tensión en varios puntos de la ciudad, mientras continúan los reclamos de justicia por la muerte del adolescente.

La muerte del adolescente se suma a una serie de hechos que han reactivado el reclamo ciudadano por mayor control, transparencia y rendición de cuentas en las acciones policiales, especialmente cuando terminan con personas heridas o fallecidas.

Vía Acento.com.do

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