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Familia Rosario designa al condenado por estafa Jhonny Portorreal como su abogado

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La familia Rosario y parientes de apellidos diversos, que aseguran sumar cerca de 51,000 herederos, celebraron un encuentro el pasado domingo en Santiago de los Caballeros, donde reafirmaron su unidad y ratificaron la designación del abogado Johnny Portorreal Reyes como único representante legal para las gestiones relacionadas con la denominada herencia Rosario.

Portorreal se encuentra privado de libertad desde marzo de 2024 por estafa en el caso.

Cumple condena de cinco años de prisión, reseña el periódico Diario Libre.

La reunión en Santiagodecisiones y objetivos

Durante el encuentro, los asistentes acordaron:

  • Ratificar la unificación de la familia Rosario y la estructuración de una representación colectiva.
  • Designar al Dr. Johnny Portorreal Reyes como único representante legal de la familia para las gestiones en curso, decisión que la organización familiar entiende como una forma de centralizar trámites y solicitudes ante autoridades y entidades.
  • Expresar que consideran la inocencia del mismo.
  • Reafirmar la intención de continuar las acciones legales y administrativas para reclamar la supuesta herencia, apelando a vías institucionales y administrativas hasta que se aclare el origen y destino de los bienes reclamados.
  • La organización denominada Dirección Central Rosario (DCR) se presenta como la instancia encargada de coordinar esfuerzos sociales, administrativos y jurídicos, con el objetivo de proteger los intereses colectivos de los herederos.

Contexto de la reclamación

El reclamo conocido como la herencia Rosario se basa en la tradición familiar que atribuye a los antepasados Jacinto y Celedonio del Rosario la posesión de bienes, presuntamente tierras y recursos minerales en la zona de Cotuí, cuyos frutos habrían sido transferidos o depositados en cuentas en bancos internacionales (principalmente en España y Suiza).

Los reclamantes sostienen que esos bienes constituyen un patrimonio pendiente de entrega a sus descendientes.

No obstante, a la fecha no existe confirmación pública de la existencia de dichas cuentas en las entidades señaladas, y al menos una institución financiera mencionada en el reclamo, el Banco Santander de España ha declarado no tener constancia de fondos vinculados a esta presunta herencia.

Situación judicial de Johnny Portorreal

La Procuraduría General de la República (PGR), en nota de prensa del 11 de marzo de 2024, informó que el Ministerio Público logró la condena a cinco años de prisión contra el abogado Johnny Portorreal por estafa a 283 personas identificadas como reclamantes de la herencia.

Según el expediente consignado por la PGR, Portorreal y otras personas habrían obtenido pagos mediante la otorgación de poderes (cuota litis) y la promesa de gestionar la supuesta fortuna en entidades bancarias internacionales.

La lectura de la sentencia fue fijada en abril de 2024, conforme al comunicado oficial.

En ese mismo proceso, dos imputados —Miguel D’ Óleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz— resultaron exonerados.

La acusación pública detalló que algunas personas intervenían en la captación de supuestos herederos y en la organización de diligencias y viajes relacionados con las gestiones internacionales reclamadas por los familiares.

Entre la exigencia y las dudas verificadas

El caso ha generado atención pública y controversia: por un lado, hay una movilización sostenida de personas que aseguran ser herederos y reclaman acceso a un patrimonio familiar.

Por otro, autoridades financieras descartaron la existencia de los fondos reclamados, y la investigación del Ministerio Público derivó en condenas por estafa en perjuicio de reclamantes que pagaron por gestiones relacionadas con la supuesta herencia.

Ante este panorama, la familia Rosario ha decidido mantener su reclamo y promover la representación centralizada, al tiempo que enfrenta el reto de demostrar ante organismos nacionales e internacionales la existencia y trazabilidad de los bienes que reivindican.

 

 

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Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre y mujer planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente en Santiago

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Al acoger la solicitud del Ministerio Público, una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre y una mujer que planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente.

Los imputados Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana, son imputados de violar la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

La medida fue impuesta debido a la amenaza colectiva que representan para la población de niños, niñas y adolescentes, por cuanto planificaban y coordinaban captar menores de edad a los fines del hombre obtener gratificación sexual y sostener relaciones sexuales con estos menores de edad, y la mujer obtener valores económicos.

El escenario que dio lugar al arresto y posterior judicialización de los imputados se originó en un video, difundido a través de plataformas y redes sociales, donde Peña Henríquez ofrecía una cantidad de dinero de entre RD$15,000 a RD$20,000 pesos, para que Stfrent, quien se dedica a captar personas adultas y menores de edad, para ofrecer servicios sexuales a cambio de pagos en las provincias La Vega y Santiago, le ubicara y cediera menores de edad, a fin de abusarlas sexualmente.

En la audiencia de medidas de coerción, las fiscales María Dolores Rojas, Martha González y Wendy Sánchez, presentaron a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, las evidencias de que existe un latente peligro y amenaza contra esta población vulnerable, por cuanto se debía imponer la prisión preventiva, al ser considerada la medida idónea para proteger a las potenciales víctimas y permitir la continuidad del proceso.

Además de imponer la medida solicitada por el órgano acusador, el tribunal también autorizó la extracción de información que pueda resultar de interés para la investigación, del teléfono celular que le fue ocupado a la imputada.

Peña Henríquez, dominicano, y Stfrent, de nacionalidad haitiana, fueron arrestados mediante las órdenes tramitadas ante el tribunal competente 2025-AJ0071635 y 2025-AJ0071634.

De manera provisional, la Fiscalía de Santiago ha imputado contra los procesados la violación a los artículos 1, 3, y 5 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, principios V, VI y VII y el artículo 14 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que tipifican la captación de menores de edad a los fines de gratificación y obtención de favores sexuales y por violación a los derechos de la imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad, en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano.

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Le cantan tres meses de prisión preventiva a acusado de herir de bala a una niña en Capotillo

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El joven John Lariel Báez Álvarez (John 42), cumplirá tres meses de prisión preventiva tras ser imputado por herir de bala a una niña de nueve años de edad en el sector Capotillo, del Distrito Nacional,

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, ordenó este miércoles que Báez Álvarez cumpla la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Victoria.

De acuerdo con la solicitud de medida presentada por el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde, del pasado 29 de octubre, en la calle Respaldo 16, esquina calle 42, del referido sector.

Según la investigación, el implicado realizó un disparo que impactó en la espalda a la niña y le provocó una lesión medular que la dejó sin movilidad en las piernas.

Reseña El Nuevo Diario que las pesquisas del Ministerio Público indican que el incidente se originó a raíz de una discusión tras una apuesta entre el padre del imputado, Juan Pablo Báez (Juan Pablo Sport) y los nombrados Jimmy, Panchito y Enyer. Luego de perder la apuesta, estos últimos se marcharon molestos y regresaron momentos después, incluso portando un cuchillo, como quedó captado en un video.

Durante el altercado, Juan Pablo Báez tomó un machete tipo mocha, mientras que su hijo, el imputado John Lariel Báez Álvarez, subió al segundo nivel de su vivienda, tomó un arma de fuego y disparó en dirección a los jóvenes. El proyectil impactó a la niña, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde fue atendida por las heridas que le ocasionaron graves daños en la médula espinal, conforme al certificado médico emitido por Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Posteriormente, el señor Juan Pablo Báez entregó a las autoridades el arma de fuego, tipo pistola, marca Super, calibre 9mm, serie Núm. AB 34061, utilizada por el imputado durante el hecho.

El imputado Báez Álvarez fue arrestado el 30 de octubre de 2025, en virtud de una orden judicial, luego de haberse presentado voluntariamente ante las autoridades.

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó la imposición de prisión preventiva, al considerar que se trata de un hecho grave y que el imputado evidencia un peligro de fuga que amenaza asegurar su presencia en el proceso judicial.

El órgano acusador ha calificado provisionalmente los hechos como violación a los artículos 295, 297 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la tentativa de homicidio, así como la violación a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por la portación y uso ilegal de arma de fuego.

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