El pasado 19 de enero fue publicado el nuevo Reglamento de Generación Distribuida para regir todas las instalaciones de paneles solares en residencias, comercios e industrias en el país con los prestadores de servicio.

Esos prestadores de servicio son las EDES públicas, las privadas (Puerto Plata Electricidad, El Progreso El Limón, y Compañía Luz y Fuerza Las Terrenas) y los Sistemas Aislados (CEPM, Costasur, Punta Cana y Cenetur).

El consenso para el Reglamento se logró luego de más de 3 años de reuniones y vistas públicas entre los sectores empresarial, social y gubernamental. El objetivo es apostar al desarrollo sostenible de la energía solar de autoconsumo y su masificación en el país.

Carlos Janariz, presidente de Rensa Solar y de la Asociación de Empresas de Energía Renovable y Eficiencia Energética (ASEEFER), se mostró satisfecho con la mayoría de las nuevas reglas establecidas en el Reglamento y publicadas por la Superintendencia de Electricidad (SIE).

“La población sí se podrá beneficiar del sol sin tanta burocracia e interpretaciones innecesarias, ahora si se pueden poner paneles solares”, manifestó.

Entre los beneficios estratégicos que considera Janariz que han sido mejorados son:

-La medición neta no se cambia

-El que una persona instale paneles solares no es razón para que la prestadora le cambie la tarifa que tiene.

-Los medidores o contadores bidireccionales ahora ya no los tiene que pagar el usuario, le salen gratis.

-La instalación de paneles solares “cero inyección” no requiere de permisos, solo de cumplir con enviar los diseños e instalar un sistema de “anti-vertido”.

-Se elimina el límite de instalación de 25 kw para las residencias y de 1,5 MW para las empresas. Ahora el limite es el consumo de los 12 meses del año mas 5% o 10% para empresas y residencias de menos de 10 kw, respectivamente.

-Si la prestadora no contesta a su solicitud en 45 días, el proyecto se considera como aprobado, y se puede instalar. Existen por fin consecuencias ante el silencio administrativo.

-La fecha de revisión es en 10 días laborables máximo para hacer la prueba de inspección. Y después que la Prestadora va, tiene 2 días laborables para entregar el Formulario de Inspección al Peticionario.

-Desde la aprobación del proyecto por la prestadora se tiene 6 meses para instalar el proyecto.

-Ahora se puede instalar un medidor testigo y certificado por el usuario.

-Se quitó el 15% de límite de penetración solar por circuito, que no tenía sentido, y las prestadoras están obligadas a publicar el nivel de penetración de cada circuito.

-Los instaladores tienen que estar certificados por la SIE en un plazo de 3 años.

-Ninguna Empresa Prestadora podrá exigir normas de diseño y construcción que no consten en los Reglamentos o códigos de construcción en vigor, que previamente hayan sido aprobadas por la SIE.

-En caso de denegación de proyecto, la prestadora está obligada a justificar técnicamente, con resultados de estudios de potencia, fluctuación de voltaje, estudio de cortocircuito, estabilidad, etc. Y después puede ponerse de acuerdo para los cambios que tenga que hacerse que sean reembolsables.

-La evaluación de un proyecto por la prestadora, para informar si está aprobado o no, pasa de 45 días antes a 10 días ahora, mejorando los tiempos.

-Existe un procedimiento bien claro para determinar el nivel de penetración de generación distribuida por las prestadoras.

“Lo único negativo del Reglamento es que se otorgue un plazo de 5 años para cambiar a la nueva regulación, desde el momento en que se firmó el contrato de interconexión para usuarios que ya tengan paneles solares instalados y que los monómicos van a tener que pagar 25% de la energía inyectada al precio de la energía de compra, lo que afecta a las residencias que consumen menos de 10 kw de potencia y a todos los usuarios de los Sistemas Aislados”, expresó Janariz.

“Lo mejor es enemigo de lo bueno, pero por lo menos hemos tenido un avance positivo considerable para el desarrollo sostenible de la energía solar en la Republica Dominicana, lo que favorecerá tanto a los sectores de clase media como al sector comercial e industrial, y debemos abocarnos a dejar que el sol pague por ti”, concluyó.

Miguel Valerio el abogado del doctor Santiago Hazim, dijo que su defendido padece esclerosis múltiple y ha experimentado una pérdida de peso de entre 70 y 80 libras mientras permanece privado de libertad, situación que, según indicó, fue comprobada mediante una resolución emitida por el juez de primer grado.

Valerio anunció la interposición de un recurso de apelación contra la medida de coerción impuesta a Hazim.

Señaló que el juez de la instrucción reconoció la condición médica del imputado y explicó que, en su momento, una junta médica evaluará formalmente su estado de salud para confirmar lo que ha sido planteado por la defensa.

El jurista indicó que la apelación presentada incluye una excepción de inconstitucionalidad, al considerar que la prisión preventiva resulta irracional y desproporcionada.

Defensa cuestiona fundamentos y solicita revisión de medida
En ese sentido, sostuvo que la ley establece revisiones periódicas de la medida y que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre los límites de la prisión preventiva, lo cual, afirmó, deberá ser tomado en cuenta por la Corte.

Valerio también cuestionó los fundamentos de la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva, al señalar que, a su juicio, no se abordaron aspectos como el peligro de fuga ni la posible destrucción de pruebas.

Indicó que la motivación de la decisión se apoyó en elementos ajenos al marco legal, lo cual, dijo, ha sido señalado por la defensa como una irregularidad.

El abogado manifestó que la defensa espera que la Corte varíe la medida de coerción impuesta al doctor Hazim, al entender que la resolución recurrida es nula y contraria a los principios del Estado de derecho.

Además precisó que el recurso presentado plantea la necesidad de revisar tanto el tiempo de la medida como su proporcionalidad, conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional.