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Peruano enfrenta cargos por terrorismo tras falsa amenaza de bomba en avión que salió del AILA

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El Ministerio Público acusó este martes formalmente por terrorismo a Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, de nacionalidad peruana, acusado de realizar una falsa amenaza de bomba que obligó a activar los protocolos de seguridad nacional en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el pasado 6 de enero de 2026.

El órgano persecutor solicitó prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso, alegando la gravedad de los hechos, el impacto generado en la seguridad del Estado, peligro de fuga, riesgo de obstrucción del proceso y una alta probabilidad de reiteración delictiva

Según la solicitud de medida de coerción, el imputado realizó una llamada telefónica en la que alertó sobre la supuesta existencia de un artefacto explosivo a bordo del vuelo CM299 de Copa Airlines, con destino a Panamá, cuando la aeronave ya se encontraba en pleno trayecto.

La información fue canalizada a través del centro de atención de la empresa concesionaria del aeropuerto, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de amenazas.

El expediente señala que, al momento de realizar la llamada, Del Pino Cuya se identificó como gerente de un restaurante de postín del centro de Santo Domingo y afirmó inicialmente que la información le había sido suministrada por un familiar. Pero luego, cambió su versión y aseguró que fue un amigo de la familia, quien le habría comunicado la supuesta alerta.

El documento sostiene que durante la llamada, el acusado dijo que era una persona procedente de Francia.

Retorno forzoso
La falsa alarma provocó el retorno forzoso del avión, la evacuación controlada de los pasajeros, la inspección total de la aeronave y del equipaje, así como la suspensión temporal de las operaciones aéreas.

También se desviaron varios vuelos hacia otras terminales, para su aterrizaje en Punta Cana y Santiago de los Caballeros, respectivamente.

En el operativo participaron el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), organismos militares y otras agencias de seguridad del Estado.

Las solicitud señala que el incidente generó una paralización aproximada de tres horas de las operaciones en el AILA, así como el desvío de varios vuelos hacia otros aeropuertos del país.

No había tal explosivo
El Ministerio Público sostuvo que, aunque no se encontró ningún explosivo, la conducta imputada encaja en el tipo penal de terrorismo, al tratarse de una acción deliberada destinada a generar pánico colectivo, alterar el orden público y afectar un servicio estratégico esencial como la aviación civil.

La acusación subraya que el solo anuncio de una amenaza de esta naturaleza es suficiente para poner en riesgo vidas humanas y comprometer la seguridad nacional.

El expediente incluye transcripciones completas de las llamadas, registros telefónicos certificados, informes técnicos de compañías de telecomunicaciones y reportes de inteligencia que, según las autoridades, vinculan de forma directa al imputado con la amenaza.

También se consigna que Del Pino Cuya habría intentado eliminar rastros de la comunicación mediante el cambio del chip telefónico utilizado para realizar la llamada.

Tras concluir los protocolos de seguridad, el vuelo CM299 de Copa Airlines logró despegar con destino a Panamá alrededor de las 7:16 de la noche, aunque 19 pasajeros decidieron no abordar la aeronave luego del incidente.

Las autoridades estiman que el hecho generó pérdidas económicas, alteraciones logísticas y un despliegue extraordinario de recursos humanos y técnicos.

Fue apresado en Los Girasoles
Del Pino Cuya fue apresado el pasado 28 de enero en la vivienda en la que residía en Los Girasoles, Distrito Nacional.

Está detenido en San Luis
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público estableció una calificación jurídica provisional contra Ángel del Pino Cuya y/o Ricardo Casas por presunta violación a los artículos 3, inciso 1, literal e; 63 y 78 de la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, así como a los artículos 11 y 30 de la Ley No. 267-08 sobre Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.

El imputado se encuentra actualmente detenido en la cárcel preventiva de San Luis, mientras se conoce la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue fijada para este jueves 5 de febrero en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.

Hasta la máxima pena
Del Pino Cuya podría enfrentar una pena de 30 a 40 años de prisión por violar la Ley 267-08 sobre Terrorismo.

En su artículo 11, la legislación establece que «ataques a puertos y aeropuertos serán castigados con penas de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión, todo aquél que mediante violencia, soborno, engaño o coacción, o cualquier otro medio ilícito, usando o no armas o instrumentos peligrosos, reales o supuestos, se apodere, capture, bloquee, dañe o perturbe, todo o parte de las instalaciones de puertos o aeropuertos nacionales o internacionales, o interfiera, inutilice o bloquee sus sistemas operativos, o de las aeronaves o naves en ellos estacionados o atracados».

En el país ya existen precedentes de este tipo de delitos.

En 2016, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenció a 35 años de prisión a Frankeli Holguín Medina, acusado de cometer un atentado en la segunda línea del Metro, en el que 18 personas resultaron con quemaduras y heridas.

Esta condena lo convirtió en el primer dominicano sentenciado por violación a la ley de terrorismo.

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Investigan fallecimiento en Piantini de esposa de funcionario canadiense

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La Policía Nacional informó que investiga el fallecimiento de Ángela Jean Ortega, de 52 años, esposa de un funcionario de la embajada de Canadá, quien murió tras caer desde la Torre Mónaco, ubicada en el sector Piantini, del Distrito Nacional.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, aclaró que la víctima no era esposa del cónsul, como se había informado inicialmente, sino de un funcionario diplomático, por lo que ofreció disculpas por la confusión.

Pesqueira explicó que el proceso investigativo se desarrolla bajo la estricta coordinación del Ministerio Público, cumpliendo con todos los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Indicó que se han realizado levantamientos de cámaras de seguridad y que se llevan a cabo entrevistas a personas clave, incluyendo al esposo y al hijo de la fallecida, las cuales se desarrollan o ya habrían sido realizadas durante el transcurso de este día.

Asimismo, señaló que documentaciones preliminares han sido presentadas a las autoridades sobre el estado de salud mental de la señora Ortega; sin embargo, precisó que será el fiscal a cargo quien tendrá la responsabilidad de recopilar, evaluar y validar toda la información para emitir el informe final.

“La Policía Nacional, junto al Ministerio Público, está agotando todas las fases del proceso investigativo, y será oportunamente cuando se ofrezcan conclusiones oficiales que puedan ser compartidas con la ciudadanía”, concluyó el vocero.

Vía Deultimominuto.net

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Tres meses de prisión preventiva para imputada de matar a una hermana menor en SFM

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La Oficina de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a una mujer imputada por la muerte de su hermana de 13 años de edad y de provocar heridas de gravedad a un hombre en un hecho ocurrido el pasado 28 de enero de 2026, en el sector Los Solares de Duarte Arriba, San Francisco de Macorís.

La imputada Ankelsy Valerio de Jesús mató a la adolescente Anelsy Ceballos de Jesús y provocó heridas de gravedad a Enmanuel Núñez Batista.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Benedicto Reynoso, Elington Santiago y Engels Polanco, dice que demostró ante el tribunal la necesidad de aplicar la prisión preventiva a la imputada, con el objetivo de garantizar el desarrollo del proceso judicial.

De acuerdo con la investigación preliminar, el hecho se produjo en medio de una confrontación familiar que escaló hasta el uso de un arma de fuego, resultando la adolescente fallecida a causa de un choque hemorrágico por herida de proyectil, mientras que Núñez Batista permanece bajo atención médica especializada tras recibir impactos de bala.

El Ministerio Público estableció que la imputada, quien previamente había sostenido una pelea con las víctimas, regresó al lugar del conflicto portando una pistola con la que realizó múltiples disparos.

En la escena fueron ocupados cinco casquillos calibre 9 mm, así como armas blancas utilizadas previamente en el altercado.

Asimismo, el arma de fuego calibre 9 mm utilizada por la imputada fue entregada voluntariamente a las autoridades por un familiar de la procesada.

La imputada fue arrestada el 29 de enero de 2026, en cumplimiento de una orden judicial.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como asesinato, tentativa de asesinato y porte y tenencia ilegal de arma de fuego, conforme a los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley núm. 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Por decisión de la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís, Valerio de Jesús cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Privación de libertad Juana Núñez, en Salcedo.

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