La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, condenó este martes al creador de contenido Ángel Martínez a tres meses de prisión suspendida y al pago de una multa de dos millones de pesos, tras ser hallado culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Moya (Gory).

El tribunal determinó que Martínez violó los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, al difundir imputaciones consideradas injuriosas y difamatorias en contra del legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Condicionantes de la pena suspendida
A pesar de que la pena de prisión fue suspendida, la magistrada Almonte impuso rigurosas condiciones que el imputado deberá cumplir estrictamente.

De lo contrario, la medida será revocada.

Las reglas establecidas son:

Fijeza de domicilio: Martínez deberá permanecer en su residencia actual.

En caso de requerir un cambio de domicilio, tendrá que notificarlo previamente al tribunal.

Impedimento de salida: Queda totalmente prohibido que el creador de contenido salga del país.

Restricción de acercamiento: El sentenciado no podrá aproximarse a los lugares frecuentados por el diputado Sergio Moya.

Advertencia del tribunal: La jueza fue enfática al advertir que, si Martínez infringe cualquiera de estas disposiciones, deberá cumplir de manera efectiva los tres meses de prisión en el centro correccional de Las Parras.

Próximos pasos del proceso
El tribunal anunció que la lectura íntegra de la sentencia ha sido fijada para el próximo miércoles 10 de junio, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que se conocerán los detalles y fundamentos jurídicos de la decisión.

Cabe destacar que este no es el único frente legal que maneja el creador de contenido, ya que Martínez también fue enviado recientemente a juicio de fondo bajo cargos similares de difamación, tras una acusación interpuesta por la dirigente política Faride Raful.

Agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional, capturaron en el Distrito Nacional a un hombre señalado como el presunto cabecilla de una poderosa estructura criminal dedicada al fraude financiero y a delitos de alta tecnología.

El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, cuyo arresto se ejecutó en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln.

Los agentes de operaciones actuaron en estricto cumplimiento de la orden judicial No. 0194-MARZO-2026, emitida por un tribunal competente de la jurisdicción del Distrito Nacional.

El «modus operandi» desde el interior del banco
De acuerdo con las investigaciones preliminares de los organismos de inteligencia, Cepeda Núñez se habría aprovechado de las funciones y el acceso que desempeñaba dentro de una entidad bancaria nacional para orquestar el esquema delictivo.

El entramado fraudulento consistía principalmente en:
La aprobación irregular y masiva de préstamos digitales.

La captación ilícita de datos bancarios confidenciales.

El reclutamiento de terceros, conocidos en el ámbito delictivo como «mulas», quienes eran utilizados para movilizar y blanquear los fondos obtenidos de manera fraudulenta a través del sistema financiero.

Las autoridades técnico-científicas indicaron que las operaciones atribuidas a esta presunta red criminal provocaron pérdidas millonarias que ascienden aproximadamente a los RD$305 millones en perjuicio de la entidad financiera afectada.

Imputaciones legales y curso de la investigación
Por la gravedad de los hechos, el caso involucra la violación flagrante a múltiples normativas jurídicas del país, entre las que destacan:

Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Disposiciones penales tipificadas en el Código Penal Dominicano.

Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Actualmente, Cepeda Núñez se encuentra bajo el control del Ministerio Público para el conocimiento de las medidas de coerción correspondientes de ley.

Por su parte, la Dirección de Policía Cibernética informó que las investigaciones se mantienen abiertas y en pleno desarrollo con el objetivo de identificar, localizar y apresar a otros posibles implicados o colaboradores que formen parte de esta estructura delictiva.

Asimismo, la institución del orden reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las labores de inteligencia para combatir los delitos tecnológicos y salvaguardar la seguridad del sistema financiero nacional.