Las personas que durante años utilizaron una cédula de identidad y electoral dominicana, pero que posteriormente quedaron imposibilitadas de renovarla debido a irregularidades en sus documentos, podrían recibir una identificación especial aun cuando no se haya podido determinar jurídicamente su nacionalidad.

Así lo contempla un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados por la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almánzar de Ogando, que procura establecer un régimen especial para la reconstrucción de la identidad y la regularización de la documentación personal de quienes enfrentan dificultades por inconsistencias, falsedad de datos, duplicidad de registros o suplantación de identidad.

La iniciativa, identificada con el número 06435-2024-2028-CD, contempla la creación de un registro especial de identidad y nacimiento, a través del cual la Junta Central Electoral (JCE) podría expedir una cédula a personas cuya nacionalidad dominicana no haya podido ser acreditada, luego de agotar los procedimientos de investigación correspondientes.

El documento tendría carácter oficial y permitiría a sus titulares realizar trámites y mantener relaciones jurídicas para las cuales no se exija la nacionalidad dominicana, pero llevaría de manera visible la expresión “NO VOTA”.

Asimismo, cuando no se haya podido acreditar ninguna nacionalidad, la identificación consignaría la expresión “Nacionalidad no determinada”, sin que esto implique el reconocimiento de la nacionalidad dominicana ni la adquisición de derechos ciudadanos.

La cédula especial tampoco habilitaría a sus portadores para obtener un pasaporte dominicano ni otros documentos cuya expedición requiera esa nacionalidad.

¿Quiénes podrían beneficiarse?
El proyecto, compuesto por 69 artículos distribuidos en ocho capítulos, está dirigido específicamente a personas que desarrollaron su vida civil, familiar, laboral y económica utilizando documentos de identidad dominicanos que posteriormente fueron cuestionados por las autoridades.

Se trata de individuos que, amparados en una identificación expedida por el propio Estado, contrajeron matrimonio, declararon hijos, adquirieron propiedades, abrieron cuentas bancarias, asumieron préstamos, obtuvieron empleos o acumularon derechos en la seguridad social.

La propuesta parte de que las irregularidades en el origen de esos documentos no necesariamente deben provocar la desaparición de las relaciones jurídicas constituidas durante años.

En ese sentido, plantea preservar, cuando corresponda, los efectos legales de los matrimonios, contratos, propiedades, pensiones y otras obligaciones, garantizando al mismo tiempo los derechos de terceros que pudieran resultar afectados.

Uno de los aspectos más relevantes es que el proyecto permitiría acogerse al procedimiento incluso a personas que hayan participado en las irregularidades que dieron origen a su documentación, aunque esto no las eximiría de las responsabilidades penales correspondientes.

Con ello se procura ofrecer una solución a situaciones que quedaron fuera del alcance de la Ley 169-14, que excluyó de su régimen especial determinados casos de falsedad documental y suplantación de identidad.

La JCE tendría 30 días para decidir
La iniciativa establece que la Junta Central Electoral sería responsable de recibir, investigar y decidir las solicitudes de regularización mediante un procedimiento gratuito que no requeriría representación de abogados.

Las solicitudes podrían presentarse presencialmente, por vía electrónica o iniciarse de oficio cuando el organismo detecte una situación comprendida en la legislación.

Para determinar la identidad de los solicitantes, la JCE podría consultar registros civiles, documentos oficiales, informaciones biométricas, archivos institucionales y otros elementos que permitan reconstruir su trayectoria documental.

También podrían valorarse los vínculos familiares, laborales, educativos, comerciales y patrimoniales desarrollados en República Dominicana, entre ellos la existencia de hijos, matrimonios, propiedades, cuentas bancarias, empleos y cotizaciones a la seguridad social.

No obstante, el arraigo no sustituiría los requisitos constitucionales para adquirir la nacionalidad dominicana.

El organismo electoral dispondría de un plazo máximo de 30 días laborables para decidir cada expediente, que excepcionalmente podría extenderse hasta 45 días laborables cuando la complejidad del caso requiera investigaciones adicionales.

Si se determina que la persona tiene derecho a la nacionalidad dominicana, deberá expedírsele la documentación ordinaria correspondiente.

En cambio, cuando agotadas las verificaciones no pueda establecerse jurídicamente ese derecho, procedería su inscripción en el registro especial de identidad y nacimiento y la expedición de la cédula especial.

Vía Eldia.com.do

Madrid, España.- El presidente Luis Abinader propuso ante los mandatarios presentes en la XXX Cumbre Iberoamericana, que la República Dominicana se convierta en sede de un centro que contribuya a consolidar los propósitos a la alianza iberoamericana de inteligencia artificial acordados en este escenario.

Para ello, dijo que el país pone “a disposición todos los recursos de infraestructura institucionales y técnicos con los cuales contamos”.

Ese centro, continuó, podría operar como la entidad que motorizará la consolidación de ese importante instrumento, tan necesario para impulsar el desarrollo de estos países.

“La inteligencia artificial debe ser una herramienta para cerrar brechas, no para ensanchar desigualdades. En tal sentido, no olvidemos nuestro compromiso con la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, adoptada en Santo Domingo en 2023, la cual coloca la dignidad humana en el centro de la revolución tecnológica”, recalcó el jefe de Estado.

Junto con el jefe de Estado estuvieron en el salón de la Asamblea el canciller Víctor “Ito” Bisonó; su asistente, Eilyn Beltrán, y el viceministro Rubén Silié.

Durante su intervención, hizo también un llamado a fortalecer la colaboración mediante acciones concretas que permitan hacer frente a las crisis globales, potenciando la cooperación en materia de agricultura familiar, protección social y sistemas de alerta temprana para la gestión de riesgos climáticos.

A nivel nacional, el presidente resaltó los logros alcanzados en materia de desarrollo social e institucional.

Entre ellos, que el país logró reducir la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %, un hito reconocido por la FAO que le ha permitido salir del Mapa del Hambre.

En el ámbito económico, indicó que la nación ha demostrado una sólida resiliencia al disminuir la pobreza monetaria del 19 % en 2024 al 17.3 % en 2025, y aún más en 2026.

Finalmente, en el plano institucional, subrayó la consolidación del Estado de derecho y la reforma constitucional de 2024 para reforzar los límites del ejercicio presidencial y garantizar la alternancia democrática, reafirmando que las instituciones deben ser siempre más fuertes que quienes las dirigen.

“Tenemos el talento, los recursos y la voluntad necesarios para construir sociedades más justas y prósperas. Pero ninguna transformación verdadera nace de la resignación. Nace de la responsabilidad, del esfuerzo y de la determinación de convertir nuestras aspiraciones en realidades”, concluyó el presidente Abinader.