Connect with us

Noticias

Price Smart se querella contra Grupo Ramos y el Bravo alegando “competencia desleal”

Publicado hace

en

La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (ProCompetencia) admitió la denuncia de Price Smart contra el Grupo Ramos (propietario de La Sirena), Bravo SA y Cyngusville por alegada competencia desleal.

La escogencia de la denuncia está avalada con la resolución número DE-005-2017, “admitiendo la denuncia por posible comisión de prácticas contrarias a la ley número 42-08.

“La denuncia fue interpuesta por la sociedad comercial PRICESMART Dominicana, S.R.L.”, indica una nota de prensa.

En su denuncia, PriceSmart dice que el Grupo Ramos, Bravo y Cyngusville están “vendiendo productos sin registro sanitario y sin el etiquetado correspondiente”, lo que lo “coloca en una posición de desventaja frente a ellos”.

La resolución de ProCompetencia entre sus considerandos expresa que el artículo 37 de la Ley Núm. 42-08 establece los requisitos mínimos que debe contener una denuncia para ser declarada admisible por la Dirección Ejecutiva, a saber: (i) señalar al presunto responsable, (ii)describir en qué consiste la práctica o violación a la ley, y (iii) el daño o perjuicio que se le ha causado o se le pueda causar en un futuro.

“La Dirección Ejecutiva solicitó la colaboración del Ministerio de Salud Pública a través de su Dirección General de Medicamentos y Alimentos de Salud Pública (DIGEMAPS) y del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR), con el objetivo de que éstas determinen si en efecto existe una violación a sus normas que consecuentemente le permita la Dirección Ejecutiva establecer si se tipifica una violación al artículo 11, literal “f” de la Ley Núm. 42-08, tomando en cuenta la determinación que a tales fines realicen dichas entidades.”

Ante la acción de la empresa denunciante, los denunciados han afirmado que la acusación depositada por ante este órgano debe ser declarada inadmisible por “violación al debido proceso de ley, derecho de defensa y presunción de inocencia”, argumentando que el supuesto de competencia desleal que les atribuye el demandante “Requiere la existencia y constatación previa de un incumplimiento a las normas de salubridad y de protección al consumidor respectivamente establecidas en la Ley Núm.42-01 y la Ley Núm.358-05”16;.

Al respecto, ProCompetencia indica que “La emisión de la presente resolución que determina el inicio del procedimiento de investigación, no prejuzga en modo alguno sobre la responsabilidad de ningún agente económico, pues aún no han sido comprobadas las conductas que pueden constituir prácticas contrarias a la Ley Núm. 42-08”.

El Caribe

PERIODISTA/ PUBLICISTA

Noticias

Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

Publicado hace

en

Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

Continuar leyendo

Noticias

Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

Publicado hace

en

La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

Continuar leyendo

Lo + Trending