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Alcaldía de Santiago condena agresión de haitianos a inspectores
SANTIAGO.- Como “un abierto desafío a las leyes y normas que rigen el municipio”, definió la tarde de este jueves la Alcaldía de aquí, la agresión perpetrada el miércoles contra inspectores de la institución, por un grupo de haitianos que se opuso a ser desalojado de sus puestos de ventas informales en el centro de la ciudad.
En una declaración escrita enviada a los medios de prensa, la entidad dijo que decidió sacar del lugar a los extranjeros ilegales, tras comprobar que una gran cantidad de ellos ha retornado a ocupar espacios públicos en el casco urbano de aquí.
Al tiempo de asegurar que los haitianos el miércoles se constituyeron en turbas para enfrentar a la Policía Municipal y a las brigadas que trabajan en el ordenamiento del Municipio de Santiago.
Dice el cabildo santiaguero que haitianos “quieren por la fuerza establecer puntos de ventas de diferentes mercancías, sin contar con el permiso migratorio, ni muchos menos con la autorización del Ayuntamiento, que se rige por las normas que regulan operar negocios en los lugares públicos y que aun los dominicanos tienen que acogerse a las mismas”.
Asegura que por lo menos 200 de esos extranjeros indocumentados se resisten a cumplir las disposiciones municipales “y reaccionan con violencia ante los trabajadores de la Alcaldía de Santiago, que procuran que los negocios operen en lugares autorizados y que cuenten con el permiso correspondiente”.
Como consecuencia de la acción, la Alcaldía sostiene que un vehículo de esa entidad fue enfrentado a pedradas y resultó con los cristales, las micas y los manubrios rotos, y que cinco empleados municipales “fueron atacados por haitianos y resultaron con lesiones y arañazos por parte de las turbas de indocumentados”.
Ante esa experiencia, las autoridades municipales aseguraron no van a tolerar, ni se doblegarán “ante este tipo de inconductas y mucho menos de extranjeros que no cuentan con permiso migratorio para estar en el país y que persiguen arrabalizar la ciudad”.
Comerciantes del denominado centro histórico han manifestado sus quejas por el bloqueo que los extranjeros ilegales hacen a las entradas de sus negocios, perjudicando sus ventas y reclaman de las autoridades que actúen, porque están pagando los impuestos que establecen las leyes.
El Nacional
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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago
Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.
De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.
El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.
De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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