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Ana Julia ahora dice que mató al niño Gabriel por efectos de pastillas

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ESPAÑA.- Ana Julia Quezada, autora confesa del asesinato del niño Gabriel Cruz en Rodalquilar (Níjar, Almería), escribió desde la cárcel una carta de puño y letra a Ángel Cruz, progenitor del menor y su pareja en el momento del crimen, en la que pide le perdón “de todo corazón” y en la que dice “lamentar” todo el daño que le ha hecho a él y a la madre de Gabriel, Patricia Ramírez.

“Te quité lo más grande que uno puede tener, un hijo”, dice la mujer, que sostiene que no le importa pasar el resto de su vida en la cárcel porque lo que hizo “está muy mal”.

La asesina confesa agrega que no planificó el crimen, en contra de lo que sostiene el instructor en el sumario, y culpa a las pastillas que tomaba.

La carta de Quezada, que mantuvo enterrado el cuerpo del niño durante 13 días hasta que la Guardia Civil la detuvo cuando lo transportaba en el maletero de su coche, se encuentra entre los 1.800 folios del sumario, cuyo secreto ha levantado parcialmente el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería que investiga la causa.

En el sumario consta otra carta, enviada a un programa de televisión, en la que, al igual que la del padre, asegura que fue “un accidente” y que actuó “bloqueada por el miedo”.

Quezada asegura que si no se entregó, fue porque no fue “suficientemente fuerte” para confesarlo y que poco a poco se fue “metiendo en una bola más grande”.

La mujer, investigada como presunta autora de los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral por la muerte del pequeño en una casa paterna de este en Rodalquilar, permanece en el centro penitenciario de El Acebuche desde que se decretara su ingreso en prisión el pasado 15 de marzo, tras su segunda citación ante el juez, donde se mantiene interna en el módulo de mujeres sin que se le haya concedido el traslado a otras cárceles. Se enfrenta a 25 años de prisión.

Los informes forenses que contiene el sumario descartan tóxicos en el cuerpo del niño y ratifican que murió asfixiado.

El niño murió entre una y dos horas después de la “última ingesta de alimento sólido” al sufrir una “anoxia anóxica” tras una “asfixia mecánica por sofocación manual”, en concreto una “oclusión extrínseca de los orificios respiratorios, fosas nasales y boca.

El estudio criminalístico, según recoge el sumario, señala que la muerte del niño se produjo entre las 15.30 y las 16.30 del 27 de febrero del 2018, poco después de que supuestamente se produjese su desaparición en Las Hortichuelas Bajas, en Níjar.

“Los alimentos encontrados se tratan de macarrones, tomate, cebolla y fibras musculares compatibles con carne, pescado o algún tipo de embutido”, indican los forenses.

Fuente: El País

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Intrant retira muro en el Malecón ante rechazo de conductores

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Luego de múltiples publicaciones en redes sociales cuestionando la instalación de un muro para reducir la velocidad en el Malecón de Santo Domingo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inició esta noche el retiro de dicha barrera.

Los usuarios de esta vía expresaron su descontento, alegando que la estructura representaba un riesgo y generaba dificultades en el tránsito.

Las quejas se viralizaron rápidamente, presionando a la institución a actuar.

Se reemplazará por una versión más baja
Informaciones extraoficiales indican que el Intrant instalará un muro más pequeño y menos obstructivo.

Hasta el momento, la entidad no ha emitido un comunicado oficial explicando la decisión.

N Digital

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Dictan garantía económica a tres empleadas del Instituto Leonardo Da Vinci por caso Stephora

La coordinadora general queda en libertad pura y simple; Ministerio Público apelará

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La jueza de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar, decisión que será apelada por el Ministerio Público.

Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel deberán hacer el pago a través de una compañía aseguradora.

En el caso de la coordinadora general del centro educativo, Gisela González, el tribunal dispuso libertad pura y simple al considerar que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que la vincule con el hecho.

La abogada María del Pilar Zuleta, representante de una de las imputadas, afirmó que la decisión fue correcta y se ajusta al derecho.

“Nuestra representada, la señora Gisela González, era señalada por el Ministerio Público como la directora del colegio. Sin embargo, el tribunal entendió que no se depositó ni una sola prueba que la conecte con lo ocurrido”, explicó.

No estaba en el lugar cuando ocurrió el hecho
Añadió que los elementos presentados demostraron que González no estaba presente en el lugar cuando ocurrió la tragedia, razón por la cual la jueza consideró que no había motivos para imponerle una medida de coerción.

Sobre las demás imputadas, el abogado Lorenzo Fermín destacó que cumplirán con la garantía económica y las visitas periódicas establecidas.

“Entendemos que es una decisión justa. Ellas están dispuestas a colaborar para que este caso sea transparente y resplandezca la verdad. Ese es su compromiso”, dijo Fermín.

El jurista también reconoció el drama humano detrás del caso.

“Es lamentable lo sucedido; afecta profundamente a esa madre y a esa familia, y nos solidarizamos con su dolor. Pero también afecta a las profesoras involucradas, para quienes ha sido desgarrador expresar públicamente sus sentimientos de pena por lo ocurrido”, expresó.

Ministerio Público apelará
El Ministerio Público anunció que apelará la decisión adoptada por la jueza Yerixa Cabral, al considerar que las medidas de coerción impuestas a las imputadas no responden a la gravedad del caso.

La procuradora de corte Olga Dina Llaverías informó que la institución “no está conforme con la decisión” y que procederán a recurrir tan pronto sean notificadas formalmente.

“Esperamos la notificación para iniciar el proceso correspondiente”, declaró.

Vía Diario Libre

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