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Ana Julia ahora dice que mató al niño Gabriel por efectos de pastillas

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ESPAÑA.- Ana Julia Quezada, autora confesa del asesinato del niño Gabriel Cruz en Rodalquilar (Níjar, Almería), escribió desde la cárcel una carta de puño y letra a Ángel Cruz, progenitor del menor y su pareja en el momento del crimen, en la que pide le perdón “de todo corazón” y en la que dice “lamentar” todo el daño que le ha hecho a él y a la madre de Gabriel, Patricia Ramírez.

“Te quité lo más grande que uno puede tener, un hijo”, dice la mujer, que sostiene que no le importa pasar el resto de su vida en la cárcel porque lo que hizo “está muy mal”.

La asesina confesa agrega que no planificó el crimen, en contra de lo que sostiene el instructor en el sumario, y culpa a las pastillas que tomaba.

La carta de Quezada, que mantuvo enterrado el cuerpo del niño durante 13 días hasta que la Guardia Civil la detuvo cuando lo transportaba en el maletero de su coche, se encuentra entre los 1.800 folios del sumario, cuyo secreto ha levantado parcialmente el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería que investiga la causa.

En el sumario consta otra carta, enviada a un programa de televisión, en la que, al igual que la del padre, asegura que fue “un accidente” y que actuó “bloqueada por el miedo”.

Quezada asegura que si no se entregó, fue porque no fue “suficientemente fuerte” para confesarlo y que poco a poco se fue “metiendo en una bola más grande”.

La mujer, investigada como presunta autora de los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral por la muerte del pequeño en una casa paterna de este en Rodalquilar, permanece en el centro penitenciario de El Acebuche desde que se decretara su ingreso en prisión el pasado 15 de marzo, tras su segunda citación ante el juez, donde se mantiene interna en el módulo de mujeres sin que se le haya concedido el traslado a otras cárceles. Se enfrenta a 25 años de prisión.

Los informes forenses que contiene el sumario descartan tóxicos en el cuerpo del niño y ratifican que murió asfixiado.

El niño murió entre una y dos horas después de la “última ingesta de alimento sólido” al sufrir una “anoxia anóxica” tras una “asfixia mecánica por sofocación manual”, en concreto una “oclusión extrínseca de los orificios respiratorios, fosas nasales y boca.

El estudio criminalístico, según recoge el sumario, señala que la muerte del niño se produjo entre las 15.30 y las 16.30 del 27 de febrero del 2018, poco después de que supuestamente se produjese su desaparición en Las Hortichuelas Bajas, en Níjar.

“Los alimentos encontrados se tratan de macarrones, tomate, cebolla y fibras musculares compatibles con carne, pescado o algún tipo de embutido”, indican los forenses.

Fuente: El País

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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