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Defensa familia monaguillo asesinado refuta Arzobispado

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La defensa legal de la familia del monaguillo asesinado el 4 de agosto de 2017, Fernelis Carrión Saviñón, por cuyo hecho guarda prisión preventiva el sacerdote Elvin Taveras Durán, refutó ayer el escrito de defensa del Arzobispado de Santo Domingo, que pidió la nulidad de la querella penal con constitución civil en su contra y la exclusión del proceso.

El Arzobispado está demandado civilmente en el caso por la familia de la víctima y está pidiendo, a través de sus abogados, una indemnización de RD$1,000 millones de pesos, el 50% para ser entregado a instituciones que trabajan a favor de la adolescencia y la niñez como Unicef y Conani , y el otro 50% como reparación de los daños causados a la familia.

El abogado Marco Tulio Reyes consideró que el Arzobispado quiere en el caso de la especie tratar de desligarse del sacerdote para que no caiga sobre ellos el resarcimiento pecuniario.
Señaló que en su defensa técnica el Arzobispado niega el nombramiento del sacerdote Taveras Durán como vicario, que según precisó, lo hizo el cardenal Nicolás de Jesús cardenal López Rodríguez, cuando dirigía el arzobispado, el 16 de octubre del 2007.

Igualmente, afirmó que sólo el Código Procesal Penal dominicano garantiza la aplicación de la norma sobre los delitos punibles a través de los juzgados y tribunales de la justicia ordinaria de la República Dominicana, no por tribunales «Canónicos».

“Ya basta de que la iglesia católica sea mofado «burlado» de la ignorancia del pueblo dominicano, lo cual tiene que venir sobre ello un régimen de consecuencias por no tener la vigilancia y supervisión de sus eclesiásticos entregándolos a la sociedad para que ministren la iglesia y estos sacerdotes utilicen su poder jerárquico para abusar, violar y asesinar a niños y adolescentes los cuales son vulnerables a su maldad”, manifestó.

Indicó que el artículo 126 del Código Procesal Penal dominicano establece lo siguiente: “es tercero civilmente demandado la persona que, por previsión legal o relación contractual, debe responder por el daño que el imputado provoque con el hecho punible y respecto de la cual se plantee una acción civil resarcitoria”.

Puntualizó que el artículo 1384 del Código Civil dominicano también conecta al Arzobispado de Santo Domingo, porque contempla que “No solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado”.

Receso
El viernes en la noche, el Segundo Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo recesó el conocimiento de la audiencia preliminar seguida al sacerdote Elvin Taveras Durán.

Hoy, martes, el juez Máximo Santiler continuará escuchando los planteamientos del ministerio público, de la defensa de los familiares de la víctima que se constituyeron como parte civil, del imputado y del arzobispado de Santo Domingo, que fue demandado civilmente.

El abogado Marco Tulio Reyes, quien representa a los familiares de la víctima, señaló el sábado a Listín Diario que en la audiencia del pasado viernes el juez le dio oportunidad al sacerdote para que hablara, pero que éste guardó silencio.

El inicio de la audiencia preliminar estaba previsto para el viernes, primero de junio, pero en esa ocasión fue aplazada para el 15 de junio, por la no comparecencia de la defensa del imputado.

Luego, el 15 de junio volvió a ser pospuesta para el 29 de junio, a fin de que las partes tengan conocimiento de los escritos depositados por los abogados del imputado y del Arzobispado de Santo Domingo.

El adolescente Carrión Saviñón, de 16 años, fue asesinado a martillazos y puñaladas en agosto pasado, y luego degollado, en la casa curial de la parroquia Santa Cecilia, municipio Santo Domingo Este. La familia acusó al sacerdote del crimen y de abuso sexual.

LISTIN DIARIO

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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