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Defensa familia monaguillo asesinado refuta Arzobispado

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La defensa legal de la familia del monaguillo asesinado el 4 de agosto de 2017, Fernelis Carrión Saviñón, por cuyo hecho guarda prisión preventiva el sacerdote Elvin Taveras Durán, refutó ayer el escrito de defensa del Arzobispado de Santo Domingo, que pidió la nulidad de la querella penal con constitución civil en su contra y la exclusión del proceso.

El Arzobispado está demandado civilmente en el caso por la familia de la víctima y está pidiendo, a través de sus abogados, una indemnización de RD$1,000 millones de pesos, el 50% para ser entregado a instituciones que trabajan a favor de la adolescencia y la niñez como Unicef y Conani , y el otro 50% como reparación de los daños causados a la familia.

El abogado Marco Tulio Reyes consideró que el Arzobispado quiere en el caso de la especie tratar de desligarse del sacerdote para que no caiga sobre ellos el resarcimiento pecuniario.
Señaló que en su defensa técnica el Arzobispado niega el nombramiento del sacerdote Taveras Durán como vicario, que según precisó, lo hizo el cardenal Nicolás de Jesús cardenal López Rodríguez, cuando dirigía el arzobispado, el 16 de octubre del 2007.

Igualmente, afirmó que sólo el Código Procesal Penal dominicano garantiza la aplicación de la norma sobre los delitos punibles a través de los juzgados y tribunales de la justicia ordinaria de la República Dominicana, no por tribunales «Canónicos».

“Ya basta de que la iglesia católica sea mofado «burlado» de la ignorancia del pueblo dominicano, lo cual tiene que venir sobre ello un régimen de consecuencias por no tener la vigilancia y supervisión de sus eclesiásticos entregándolos a la sociedad para que ministren la iglesia y estos sacerdotes utilicen su poder jerárquico para abusar, violar y asesinar a niños y adolescentes los cuales son vulnerables a su maldad”, manifestó.

Indicó que el artículo 126 del Código Procesal Penal dominicano establece lo siguiente: “es tercero civilmente demandado la persona que, por previsión legal o relación contractual, debe responder por el daño que el imputado provoque con el hecho punible y respecto de la cual se plantee una acción civil resarcitoria”.

Puntualizó que el artículo 1384 del Código Civil dominicano también conecta al Arzobispado de Santo Domingo, porque contempla que “No solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado”.

Receso
El viernes en la noche, el Segundo Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo recesó el conocimiento de la audiencia preliminar seguida al sacerdote Elvin Taveras Durán.

Hoy, martes, el juez Máximo Santiler continuará escuchando los planteamientos del ministerio público, de la defensa de los familiares de la víctima que se constituyeron como parte civil, del imputado y del arzobispado de Santo Domingo, que fue demandado civilmente.

El abogado Marco Tulio Reyes, quien representa a los familiares de la víctima, señaló el sábado a Listín Diario que en la audiencia del pasado viernes el juez le dio oportunidad al sacerdote para que hablara, pero que éste guardó silencio.

El inicio de la audiencia preliminar estaba previsto para el viernes, primero de junio, pero en esa ocasión fue aplazada para el 15 de junio, por la no comparecencia de la defensa del imputado.

Luego, el 15 de junio volvió a ser pospuesta para el 29 de junio, a fin de que las partes tengan conocimiento de los escritos depositados por los abogados del imputado y del Arzobispado de Santo Domingo.

El adolescente Carrión Saviñón, de 16 años, fue asesinado a martillazos y puñaladas en agosto pasado, y luego degollado, en la casa curial de la parroquia Santa Cecilia, municipio Santo Domingo Este. La familia acusó al sacerdote del crimen y de abuso sexual.

LISTIN DIARIO

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Migración multará a los que le alquilen casas o den trabajo a inmigrantes ilegales

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El director General de Migración, Enrique García, advirtió que el organismo castigará con multas todas las personas que empleen a inmigrantes ilegales en el país, y que la institución incautará los vehículos que se utilicen para el transporte de indocumentados.

García precisó que las personas que alquilen casas a ilegales serán multadas, al igual que a los que contraten ilegales para realizar trabajos, como lo establece la Ley 285 que regula la migración en el país.

Indicó, asimismo, que todos los vehículos sin distinción, cuyos propietarios sean sorprendidos en esa práctica serán incautados por el personal del organismo.

Dijo que todo el que viole la Ley de Migración debe saber a las sanciones que se expone cuando facilite algún tipo de vehículo para traer o movilizar ilegales hacia la República Dominicana.

García precisó que este trabajo se realiza todos los días en todo el país con la colaboración de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras dependencias oficiales.

Dijo que en los últimos días han devuelto a su nación a miles de inmigrantes que han sido apresados en operativos realizados en todo el país.

Adelantó que en los próximos días el operativo será extendido a Puerto Plata, Samaná y otros lugares turísticos, donde residen muchos extranjeros.

Enrique García dijo que esta operación abarcará todo el territorio nacional.

FUENTE: Listín Diario

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Abel Martínez se querella ante la inspectoría del Ministerio Público por allanamiento

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El abogado del alcalde Abel Martínez, Félix Portes, se querelló este lunes ante la Inspectoría del Ministerio Público en Santo Domingo por el allanamiento realizado el pasado viernes en el comando político de Martínez.

“Hemos depositado formal querella disciplinaria contra los fiscales actuantes en el Francisco Núñez y el fiscal David Barreras”, dijo Portes hoy.

El abogado sostuvo que la acción del pasado viernes “no fue un error». «Fue una trama orquestada con el ánimo de dañar la imagen y su honra (de Abel Martínez)”, agregó.

El pasado viernes la Fiscalía de Santiago encabezó un allanamiento, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en el inmueble que Abel Martínez mantiene arrendado para su comando político desde hace 15 años en busca de Carlos Edelmiro Rossó Peña y Amílcar Rafael Soto Candelario, ambos exmiembros de la Armada Dominicana desde hace más de diez años, a quienes vinculan al mundo de las drogas, así como al porte y tenencias de armas de fuegos de manera ilegal.

Fernando Ramírez, vocero del alcalde Abel Martínez, aseguró que desde el Ministerio Público no les han permitido demostrar la legalidad de las armas de fuego que les fueron ocupadas el pasado viernes en un allanamiento en su oficina política del sector El Paraíso, ubicado en la zona norte de Santiago.

De acuerdo con la Fiscalía el allanamiento no se realizó contra el alcalde de Santiago, sino contra los individuos que supuestamente frecuentan el lugar.

FUENTE: Diario Libre

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