Jonathan Natera, quien luchaba por su vida en la unidad de Cuidados Intensivos del hospital Darío Contreras tras el derrumbe del centro nocturno Jet Set, falleció en las últimas horas, según confirmaron fuentes médicas.

Su muerte eleva a 232 el número de víctimas mortales de la tragedia ocurrida en la madrugada del martes 8 de abril, cuando el techo del local colapsó durante una concurrida fiesta.

Natera, esposo de Angélica Álvarez Correa —quien también perdió la vida en el mismo suceso—, se había mantenido en estado crítico desde la noche del accidente.

La pareja forma parte de la larga lista de familias destrozadas por el colapso, considerado uno de los peores desastres en espacios de entretenimiento de la historia reciente del país.

Con el deceso de Natera, las autoridades sanitarias reiteraron que varios heridos continúan ingresados en distintos centros de salud, algunos en condición delicada. Mientras tanto, las investigaciones sobre las causas del derrumbe avanzan, aunque aún no se han revelado conclusiones definitivas.

Las sospechas de negligencia en la construcción del lugar, señaladas previamente por testigos y expertos, siguen siendo el eje central de las pesquisas.

La tragedia ha generado indignación nacional, especialmente tras revelarse posibles fallas estructurales en el edificio.

Durante un novenario organizado por la Diócesis Padre Montesinos, familiares y sobrevivientes exigieron justicia, exigencia que se ha intensificado con cada nueva víctima reportada.

«Es inaceptable que la diversión se convierta en una trampa mortal por falta de supervisión», declaró recientemente un vocero comunitario.

El caso del Jet Set no solo ha expuesto grietas en infraestructuras, sino también en los mecanismos de regulación estatal.

Mientras las autopsias y peritajes técnicos continúan, la sociedad reclama respuestas claras y sanciones ejemplares para evitar que hechos como este se repitan.

Por ahora, el dolor de las 232 familias enlutadas sigue siendo un recordatorio de la urgencia de justicia y reformas.

La Diócesis y organizaciones civiles mantienen vigilias y acompañamiento a los afectados, mientras el país espera que las promesas de transparencia se traduzcan en acciones concretas.

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre al que acusa de hacerse pasar por “asimilado” de la Policía Nacional utilizando un carnet falsificado.

La medida, presentada por la fiscal Francisca Arias Patrocino, adscrita al Departamento de Investigación de Falsificaciones, detalla que el imputado Rafael Rosario Mota («Foster») fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos, del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones, realizadas por la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional, determinaron que el imputado se hacía pasar por policía asimilado a través de publicaciones en redes sociales.

Según los fiscales, Rosario Mota se promovía como una persona que participaba en labores de socorro, y vendió la idea de que estuvo como recatista de víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva, y practicada por la Policía Científica, concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, en virtud de que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.