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Gobierne dispone cierre de iglesias hasta el 10 de enero; religiosos se quejan

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El presidente Luis Abinader dispuso este miércoles la clausura de actividades religiosas con el fin de cesar los contagios por el coronavirus que han aumentado en los últimos días.

Mediante el decreto 740-20 se estableció que desde el 1 al 10 de enero de 2021 cesen las actividades de las diferentes iglesias o denominaciones religiosas de todo tipo.

Las informaciones las ofreció la vicepresidenta Raquel Peña durante una rueda de prensa realizada por el Gabinete de Salud del Gobierno, en el Palacio Nacional.

A principios de junio las iglesias habían reabierto sus templos de forma parcial, luego de alrededor de dos meses cerrados para evitar la propagación del Covid-19.

Esta decisión forma parte de las nuevas disposiciones que buscan contrarrestar la propagación del coronavirus en el país.

En esta semana el país alcanzó uno de los mayores niveles de positividad diaria de las muestras procesadas del virus del Covid-19, al detectarse el martes 37.21 casos positivos por cada 100 pruebas de laboratorio realizadas, diagnosticándose 860 nuevos casos en 3,844 muestras.

Luego de que el presidente de la República, Luis Abinader, endureciera este miércoles las medidas del toque de queda para frenar la segunda ola de contagios de COVID-19, la Iglesia católica ha corroborado a medias con esta disposiciones.

Religiosos se quejan
El padre Nelson Acevedo, de la parroquia Santo Cura de Ars, del barrio capitalino Capotillo, indicó: «Yo estoy plenamente de acuerdo con las medidas que ha tomado el presidente, porque es indudable que en los barrios y demás, la gente no ha cumplido y las medidas las han tomado de relajo».

Sin embargo, dijo que con lo que no está de acuerdo es con que «metan a mansos y cimarrones», a los que cumplen y los que no cumplen con las disposiciones del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, declaró que la Iglesia ha estado cumpliendo todas las medida dispuestas, sin embargo la entraron en el mismo saco de aquellos que no han obtemperado las disposiciones.

Lamentó que los templos, aún cumpliendo sus normas, tengan que ser juzgados de las misma manera de aquellos que no se han acogido al protocolo para evitar la enfermedad.

La asistencia de religiosos ha disminuido mucho debido a la enfermedad COVID-19 y la mayoría de las iglesias ha colocado señales en sus asientos, para que en lugar de cinco personas solo lo ocupen dos.

De igual manera, feligreses han resaltado desde inicios de la temporada navideña la buena intención de la población de reunirse en la iglesia cumpliendo con las normativas, pese a las dificultades existentes.

El padre Jorge Montoya, de la parroquia San Judas Tadeo, en el sector Naco, del Distrito Nacional, entiende que tiempos difíciles hemos tenido todos y que ante las dificultades de la pandemia lo ideal es, en vez de sacar las luces que existen hacia fuera, iluminar hacia adentro.

El Gobierno dispuso este miércoles nuevas medidas tendentes a contener la propagación del COVID-19, que incluyen inicio de toque de queda a las 7:00 de la noche el 31 de diciembre, eliminando la gracia de libre tránsito hasta la 1:00 de la madrugada del 1 de enero.

El presidente Luis Abinader emitió el decreto 740-20 que sustituye al 698-20, el cual establece en su artículo 12 que las medidas entran en vigencia a partir de este jueves 31 de diciembre.

Se ordenó que desde el próximo 1 de enero hasta el 10 de enero el toque de queda será desde la 5:00 de la tarde hasta las 5:00 de la madrugada de lunes a viernes, con dos horas de libre tránsito para llegar a sus casas hasta las 7:00 de la noche. En tanto, los sábados 2 y 9, así como los domingos 3 y 10, de enero de 2021, el toque de queda será desde las 12:00 del mediodía hasta las 5:00 de la mañana.

Las medidas también establecen que en el intervalo del 1 al 10 de enero de 2021 cesen las actividades de las diferentes iglesias o denominaciones religiosas.

“Estamos cerca de ver la luz al final del túnel. Las vacunas son prometedoras y hoy fue aprobada por la autoridad sanitaria británica la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, tras considerarla segura, de calidad y efectiva para ser usada en Gran Bretaña”, dijo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

FUENTES: LD y DL

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Procuraduría dice indaga supuestas irregularidades en allanamiento realizado a oficina de Abel Martínez

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La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al fiscal de Santiago información sobre el allanamiento realizado la mañana de este viernes en una vivienda de la urbanización El Paraíso, en la que opera la oficina política delalcalde de esa ciudad.

El inspector Juan Medina de los Santos dijo que el fiscal José Francisco Núñez adelantó que intervino en el allanamiento como parte de una investigación en la que participan la Dirección de Inteligencia Contra el Tráfico de Drogas para el Consumo Interno (DICTCI) y la división Santiago de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El allanamiento se realizó con una orden expedida por Cirilo Salomón, juez de la instrucción de este distrito judicial.

El alcalde Abel Martínez Durán denunció supuestas irregularidades en el procedimiento, una denuncia que busca esclarecer el inspector Medina de los Santos.

El fiscal de Santiago comunicó, luego del allanamiento, que no se trató de una operación en contra de Abel Martínez, como lo reportaron algunos medios informativos y que, aunque el allanamiento se ampara en el Auto No. 00217-2021, de fecha 13-1-2021, no fue dirigido en contra del alcalde.

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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