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Panorama

Chequea los millones de pesos que se han cobrado en multas por toque de queda

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El Ministerio Público informó este lunes que han cobrado un total RD$92.7 millones por sanciones a personas y negocios, que violentan las disposiciones sanitarias para mitigar los contagios del Covid-19 en el país.

Mediante un comunicado, el órgano persecutor de la justicia indicó que las personas arrestadas por violar el toque de queda impuesto por el Gobierno y que tengan dificultades económicas para cubrir el monto de la multa correspondiente, podrán realizar trabajo comunitario, siempre que logren la autorización de un juez competente.

Así lo dispone una instrucción impartida por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a todos los miembros del Ministerio Público.

“En caso de verificar que el pago de una multa constituiría una imposibilidad para el imputado, que soliciten al juez competente la conversión de la multa en trabajo comunitario, de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro”, dice.

Indica N Digital que el instructivo, acompañado de las referencias al marco legal correspondiente, dispone que los agentes de la Policía Nacional deben presentar, “sin demora y sin falta”, por ante el Ministerio Público a toda persona arrestada por violación al toque de queda y a las medidas relativas a las aglomeraciones de más de 10 personas en espacios públicos y privados de uso público.

Dichas restricciones, que se extienden hasta el 21 de este mes, se corresponden con lo dispuesto por el Decreto 7-21, emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de enero.

La instrucción de la magistrada Germán Brito establece los montos a imponer a los ciudadanos y los negocios que desacaten las medidas dispuestas por las autoridades para contener la expansión de la COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, y que afecta a la humanidad desde el año pasado.

Los transeúntes que violen las medidas deberán pagar RD$1,000; los motociclistas RD$2,000; una persona que se desplace en un vehículo RD$5,000 y una persona sorprendida en un centro o espacio de diversión RD$2,000.

Un bar, restaurante o un centro o espacio de diversión, así como una fiesta privada que viole las medidas implicará una sanción de RD$100,000.

El propietario o responsable de un autobús que transporte personas será sancionado con RD$50,000; el de un vehículo de carga RD$30,000 y el de una gallera RD$100,000.

Cuando el cúmulo de faltas exceda los RD$100,000, “en ningún caso el monto no precisado podrá ser inferior a RD$100,000”.

Desde que se estableció el toque de queda, a la Procuraduría General de la República ha ingresado un monto de RD$92,655,290 por sanciones impuestas a personas y negocios que violentan las disposiciones sanitarias.

De esos RD$92.7 millones, un total de RD$6.4 millones ingresaron en abril; RD$13.6 millones en mayo; RD$8.4 millones en junio; RD$1.9 millones en julio; RD$6.9 millones en agosto; RD$8.8 millones en septiembre; RD$11.8 millones en octubre; RD$13.5 millones en noviembre y RD$21.3 millones en diciembre.

La Procuraduría General de la República recordó que mantiene su respaldo permanente a las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para enfrentar la pandemia de la COVID-19.

Recordó que seguirá cobrando las sanciones, pero, sobre todo, espera que los ciudadanos acaten los protocolos dispuestos para que República Dominicana pueda gestionar la pandemia, evitar muertes y disminuir las pérdidas económicas en medio de la situación sanitaria.

En su último boletín sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud Pública reporta 1,179 contagios en 24 horas, para un acumulado de 183,888 casos registrados en todo el país. El número de defunciones se sitúa en 2,47 personas.

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Conocerán coerçión a hombre acusado de matar a su hija en Los Girasoles

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A Rosi Alfredo Mota Almonte (El Locón Brake o Freddy), el hombre al que se señala de haber asfixiado a su hija de un año y de introducir su cuerpecito en un bulto y luego lanzarlo a una cañada del sector Los Girasoles, se le conocerá medida de coerción este lunes 27 de abril a las 9:00 de la mañana.

La Oficina de Atención Permanente informó este domingo que la solicitud de coerción, que estaba pautada para el pasado sábado se aplazó para el lunes porque Mota Almonte no contaba con un abogado.

La Fiscalía del Distrito Nacional, que pide prisión preventiva,señala que, tras cometer el crimen, el imputado informó a vecinos sobre la supuesta desaparición de la niña, lo que motivó una búsqueda en la comunidad.

Horas más tarde, los residentes encontraron el cuerpo dentro del bulto en la cañada y notificaron de inmediato a las autoridades.

La investigación está a cargo de la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional.

El levantamiento del cuerpo fue realizado por el Ministerio Público en conjunto con agentes de la Policía Nacional, y posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

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El imputado fue arrestado el pasado jueves 23 de abril de 2026, mediante la orden judicial No. 2026-AJ0032323, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El órgano acusador ha calificado jurídicamente los hechos como violación a los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 3, 12, 13, 462 y 463 de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Panorama

Vendían carne podrida y productos falsificados en centro clandestino SDN

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Las autoridades incautaron más de 18 mil unidades de productos vencidos, falsificados y de procedencia ilícita, así como 6.830 kilogramos de carne en avanzado estado de descomposición en un centro clandestino de almacenamiento y comercialización, ubicado en el sector Los Cazabes, en Santo Domingo Norte.

Los productos estaban presuntamente destinados a su distribución y consumo, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública. De acuerdo con las informaciones oficiales, el establecimiento recolectaba los artículos en el vertedero de Duquesa.

En la intervención, realizada mediante orden judicial por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público y organismos sanitario, también se incautaron medicamentos introducidos al país de manera irregular, productos de higiene personal y uso doméstico vencidos, así como cosméticos adulterados, alimentos procesados no aptos para el consumo y bebidas alcohólicas falsificadas y expiradas.

El operativo tenía como objetivo la localización y captura de Antoni Tejada Hernández y Marco Antonio de León, señalados como presuntos responsables de la actividad ilícita, quienes aún se encuentran prófugos.

Manejo contrario a las leyes

De acuerdo con el reporte oficial, las 6.8 toneladas de carne decomisada se encontraban almacenadas sin ningún tipo de control sanitario, lo que constituía una grave violación a las normativas de salud y seguridad alimentaria.

Por disposición de las autoridades competentes, la carne fue trasladada bajo custodia y destruida en el vertedero de Duquesa, conforme a los protocolos establecidos para el manejo de desechos biológicos y productos contaminados.

En tanto, las demás evidencias recolectadas permanecen bajo cadena de custodia, mientras se amplían las investigaciones para determinar el alcance de la red y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

En el operativo participaron miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), así como de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y de la Policía Preventiva.

Las autoridades informaron que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.

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