La Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, realizó una serie de propuestas para el combate de la pandemia del Covid-19, entra ellas quitar las limitaciones al libre tránsito, debido a que esto está conllevando muchas situaciones entre la ciudadanía y las autoridades.

Sin embargo, consideran necesario continuar controlando las actividades que conllevan aglomeraciones, para que estas no se produzcan.

También entienden que las sanciones a las disposiciones para controlar la pandemia, deben ser de carácter individual y o particular y no colectiva.

A fin de lograr una mayor integración de la población y de una más eficiente descentralización de las medidas a aplicarse, plantean las siguientes propuestas:

Que las autoridades convoquen y declaren en sesión permanente al Consejo Nacional de Salud, órgano de cogestión, instituido por la Ley General (42-01), representado por las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Salud y espacio de concertación y coordinación, para la asesoría en la formulación, seguimiento y evaluación de la ejecución de políticas y estrategias de salud, donde participan además, diferentes sectores e instituciones estatales, autónomas, privadas, organizaciones profesionales, gremiales, populares, incluidas las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la salud.

Se propone a las autoridades sanitarias poner en marcha una amplia campaña de comunicación que ofrezca información técnica y científica, sobre la importancia del proceso de vacunación contra el coronavirus, que genere la confianza suficiente en toda la población y ofrezca garantías sobre transporte, conservación, almacenamiento, capacitación del personal, selección de grupos prioritarios, para su distribución y aplicación, según factores de riesgo y vulnerabilidad.

Crear una mesa técnico-científica nacional que tenga entre sus funciones el análisis e interpretación de las estadísticas y los resultados de las pruebas, que permita monitorear la situación y recomendar medidas de prevención y control de la enfermedad y los rebrotes. A esta mesa deben ser integradas las sociedades médicas especializadas de Epidemiología, Infectología, Neumología y Medicina Interna.

Crear una mesa técnica intersectorial e interinstitucional en cada provincia, con capacidad de analizar la situación y recomendar y ejecutar las acciones locales de respuesta, conforme al perfil epidemiológico de su área geográfica de influencia, bajo la conducción de la Dirección Provincial de Salud.

Elaborar un Protocolo Nacional para el manejo y tratamiento de la COVID -19 basado en la experiencia de los profesionales de la salud de los centros médicos nacionales públicos y privados sustentado en evidencia científica, conjuntamente con las sociedades especializadas correspondientes, las universidades y entidades internacionales de cooperación técnica en la materia.

Habilitar un laboratorio en cada provincia o región de salud, con capacidad resolutiva para el procesamiento de muestras y producción de resultados, con la finalidad de atender la demanda local y evitar sobre-saturación del Laboratorio Nacional Dr. Defilló.

Crear un fondo de contingencia, a favor de las Direcciones Provinciales y de áreas de Salud (DPS/DAS) para que estas puedan disponer de recursos financieros necesarios y oportunos ante situaciones de emergencia que requieren una respuesta local inmediata.

Fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria en Salud y aumento de la capacidad resolutiva del primer nivel en infraestructura, recursos humanos, equipamiento e insumos de protección personal, para garantizar su involucramiento efectivo en la detección, seguimiento y manejo ambulatorio de los casos de la COVID-19.

Que el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y el Colegio Dominicano de Psicólogos, elabore y ponga en ejecución un plan nacional de orientación psico-social para atender la demanda de atención de la población, generada, tanto por el confinamiento, como por los efectos de la enfermedad.

Desarrollar una campaña nacional de orientación y educación, que genere la confianza que requiere la población, para aceptar y cumplir de manera consciente las medidas y recomendaciones que adopten las autoridades.