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Panorama

CNM escoge a José Alejandro Vargas como juez al Tribunal Constitucional

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El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió al juez de Instrucción de la Fiscalía del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, como juez al Tribunal Constitucional (TC).

Vargas Guerrero estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Eugenio María de Hostos, graduándose el 25 de febrero de 1993.

En 2003 culminó un postgrado de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y un año más tarde se graduó de otro postgrado en Procedimiento Civil en la misma alta casa de estudios.

En 2010 terminó su maestría en Derecho Penal en la UASD, mientras que en septiembre del 2012 terminó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales con una doble titulación entre la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad de Castilla-La Mancha.

En agosto del 2015 finalizó la maestría en Derecho de la Administración del Estado con una doble titulación entre el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal) y la Universidad de Salamanca.

En los 24 años que tiene ejerciendo como abogado, Vargas Guerrero ha aspirado a juez de paz de la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2005. En el 2017 aspiraba a ocupar una vacante en el Tribunal Superior Electoral (TSE), aunque después declinó por sentir que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no le tenían confianza.

En el 2019, Vargas Guerrero fue aspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Aunque el intento fue fallido, la Coalición por un Ministerio Público Independiente, conformada por seis organizaciones de la sociedad civil, había entregado al presidente electo Luis Abinader una propuesta para la designación Vargas como procurador general de la República.

La entrega fue hecha por Pablo Linares Pereyra, Rafael Burgos Gómez, Bienvenido Ruiz Lantigua, Rigoberto Saldívar Olivo, Ariel Tavárez Sosa y Luis Octavio Peña, en representación del Patronato del Ministerio Público, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Santo Domingo, la Fundación Global Justicia Social, el Grupo Armonía y Desarrollo Nacional, la agrupación Abogados Hatomayorenses por una Nueva justicia y la organización Juristas por la Democracia.

Vargas Guerrero ha sido profesor de grado en las materias de derecho del pensamiento social dominicano y derecho de los contratos, además de impartir docencia en la maestría de derecho constitucional y derecho procesal penal.

También es el autor de los libros “El Tribunal Constitucional y las garantías de derechos fundamentales”, de la “Guía práctica de la acción de la inconstitucionalidad y de las dos ediciones de “Medidas de Coerción Personal”.

Cuando Vargas Guerrero aspiraba al Tribunal Superior Electoral, declaró en su solicitud que en su carrera profesional se ha desempeñado con todos los rigores que exige esta clase de ejercicio, poniendo en práctica el contenido esencial de su conciencia forjada a la luz de los valores.

Aseguró que en este trayecto ha aprendido que si la medicina tiene la virtud de curar el cuerpo, entonces la justicia es el remedio indispensable para lograr una sociedad sana, evitando que las injusticias erosionen la paz social.

En esta declaración, el juez mostró cuál es su principal interés como parte de la administración de justicia en República Dominicana, citando una frase que alguien le predicó una vez: “en un país donde los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo”.

Al magistrado Vargas Guerrero le ha tocado casos de narcotráfico, atracos, asesinatos y otros actos ilícitos.

José Alejandro Vargas Guerrero fue quien el año pasado dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a la pareja de César Emilio Peralta alias “César el Abusador”, Marisol Franco, y otros dos, acusados de pertenecer a la organización criminal de narcotráfico y lavado de activos que supuestamente este dirigía.

En 2009 dictó prisión preventiva para Mary Peláez, por su vinculación al caso José Figueroa Agosto.

FUENTE: N Digital

Panorama

Anadegas reafirma decisión de desconectar verifone este viernes 25 de septiembre

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La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) reafirmó que el próximo viernes 25 de septiembre, a partir de las 6:00 de la mañana, procederá a desconectar el servicio de Verifone en las 780 estaciones que integran el sector, al considerar agotados los plazos otorgados para encontrar una solución a su reclamo.

El presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, afirmó que durante las últimas semanas la organización ha participado en diversas reuniones convocadas para buscar una salida al conflicto, pero aseguró que estas no han producido resultados concretos.

“Hemos asistido a reuniones improductivas cada vez que se nos ha invitado, sin resultados concretos en favor de nuestro reclamo. Es simple: estos comerciantes no podrán quedarse con el 27 por ciento de las utilidades brutas por el uso de los servicios electrónicos de pago”, declaró Pérez.

El dirigente sostuvo que República Dominicana se encuentra entre los países de la región donde los detallistas de combustibles asumen mayores costos por el uso de tarjetas y terminales de pago, afirmando que, de acuerdo con las comparaciones realizadas por el sector, “somos dentro de 34 países la nación que más caro pagamos por el uso de tarjetas y Verifón”.

“Simplemente no lo vamos a aceptar”, enfatizó.

Pérez informó que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) convocó a una última reunión para este martes, a la cual asistirá una comisión de Anadegas.

No obstante, advirtió que la participación en ese encuentro no significa la suspensión de la decisión anunciada para el viernes.

“Si esta reunión resulta ser más de lo mismo, no suspenderemos nuestro llamado”, manifestó el presidente de Anadegas.

La organización reconoció los esfuerzos de mediación realizados por Pro Consumidor y el MICM, calificándolos como una intervención importante para procurar un entendimiento entre las partes.

El uso de verifone para el pago con tarjeta tiene costos que afectan la ganancia de los comerciantes.

Sin embargo, Pérez sostuvo que la solución definitiva requiere una decisión al más alto nivel.

“El presidente Luis Abinader sabe dónde se debe resolver esto, tal como se le ha planteado”, afirmó.

Anadegas informó que las organizaciones regionales de los detallistas de combustibles permanecen activadas y coordinadas ante el vencimiento del plazo.

Pérez indicó que todas las provincias se encuentran debidamente coordinadas, mientras que San Francisco de Macorís permanece en atención como centro de la movilización del sector en la región del Cibao.

El presidente de Anadegas resaltó además la trayectoria de la organización, que alcanza 67 años de fundada, señalando que durante ese período los detallistas han procurado mantener una actividad empresarial basada en reglas claras y transparencia.

“En Anadegas hemos trabajado duramente durante 67 años, siendo ejemplo de reglas claras y muy limpias”, expresó.

La entidad reiteró que su reclamo está dirigido a revisar los costos asociados al uso de los servicios electrónicos de pago en las estaciones de combustibles y que, si no se alcanza un acuerdo satisfactorio antes del viernes 25 de septiembre, mantendrá vigente la decisión de desconectar el Verifone en sus estaciones afiliadas.

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Panorama

INABIE suspende contratos a más de 40 cocinas adjudicadas para el almuerzo escolar

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El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) dispuso la suspensión de más de 40 cocinas que habían sido adjudicadas hace tres semanas para el suministro del servicio de almuerzo escolar, según informó el director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez de León.

La medida fue dada a conocer durante una entrevista concedida a la periodista Edith Febles, en la que el funcionario abordó el proceso de licitación y la fiscalización a los suplidores del programa de alimentación del sistema educativo público.

Revisión de licitaciones
La decisión responde a las verificaciones internas y cuestionamientos surgidos sobre los procedimientos de selección de los contratistas.

La suspensión temporal busca auditar la regularidad de las adjudicaciones y asegurar el cumplimiento de las normativas de contratación pública en el programa de alimentación.

Desde el organismo estatal se precisó que las revisiones técnicas y administrativas continúan vigentes para determinar la idoneidad de los contratos otorgados y garantizar el funcionamiento del servicio conforme a los estándares legales establecidos.

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