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Panorama

CNM escoge a José Alejandro Vargas como juez al Tribunal Constitucional

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El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió al juez de Instrucción de la Fiscalía del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, como juez al Tribunal Constitucional (TC).

Vargas Guerrero estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Eugenio María de Hostos, graduándose el 25 de febrero de 1993.

En 2003 culminó un postgrado de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y un año más tarde se graduó de otro postgrado en Procedimiento Civil en la misma alta casa de estudios.

En 2010 terminó su maestría en Derecho Penal en la UASD, mientras que en septiembre del 2012 terminó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales con una doble titulación entre la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad de Castilla-La Mancha.

En agosto del 2015 finalizó la maestría en Derecho de la Administración del Estado con una doble titulación entre el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal) y la Universidad de Salamanca.

En los 24 años que tiene ejerciendo como abogado, Vargas Guerrero ha aspirado a juez de paz de la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2005. En el 2017 aspiraba a ocupar una vacante en el Tribunal Superior Electoral (TSE), aunque después declinó por sentir que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no le tenían confianza.

En el 2019, Vargas Guerrero fue aspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Aunque el intento fue fallido, la Coalición por un Ministerio Público Independiente, conformada por seis organizaciones de la sociedad civil, había entregado al presidente electo Luis Abinader una propuesta para la designación Vargas como procurador general de la República.

La entrega fue hecha por Pablo Linares Pereyra, Rafael Burgos Gómez, Bienvenido Ruiz Lantigua, Rigoberto Saldívar Olivo, Ariel Tavárez Sosa y Luis Octavio Peña, en representación del Patronato del Ministerio Público, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Santo Domingo, la Fundación Global Justicia Social, el Grupo Armonía y Desarrollo Nacional, la agrupación Abogados Hatomayorenses por una Nueva justicia y la organización Juristas por la Democracia.

Vargas Guerrero ha sido profesor de grado en las materias de derecho del pensamiento social dominicano y derecho de los contratos, además de impartir docencia en la maestría de derecho constitucional y derecho procesal penal.

También es el autor de los libros “El Tribunal Constitucional y las garantías de derechos fundamentales”, de la “Guía práctica de la acción de la inconstitucionalidad y de las dos ediciones de “Medidas de Coerción Personal”.

Cuando Vargas Guerrero aspiraba al Tribunal Superior Electoral, declaró en su solicitud que en su carrera profesional se ha desempeñado con todos los rigores que exige esta clase de ejercicio, poniendo en práctica el contenido esencial de su conciencia forjada a la luz de los valores.

Aseguró que en este trayecto ha aprendido que si la medicina tiene la virtud de curar el cuerpo, entonces la justicia es el remedio indispensable para lograr una sociedad sana, evitando que las injusticias erosionen la paz social.

En esta declaración, el juez mostró cuál es su principal interés como parte de la administración de justicia en República Dominicana, citando una frase que alguien le predicó una vez: “en un país donde los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo”.

Al magistrado Vargas Guerrero le ha tocado casos de narcotráfico, atracos, asesinatos y otros actos ilícitos.

José Alejandro Vargas Guerrero fue quien el año pasado dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a la pareja de César Emilio Peralta alias “César el Abusador”, Marisol Franco, y otros dos, acusados de pertenecer a la organización criminal de narcotráfico y lavado de activos que supuestamente este dirigía.

En 2009 dictó prisión preventiva para Mary Peláez, por su vinculación al caso José Figueroa Agosto.

FUENTE: N Digital

Panorama

Violencia en el tránsito: salir a la calle es un deporte extremo en RD

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En cuestión de días, varios episodios de violencia registrados en las calles dominicanas han vuelto a generar preocupación.

Lo que comenzó como diferencias cotidianas terminó con personas agredidas y armas de fuego desenfundadas, evidenciando el nivel de tensión con el que muchas personas enfrentan conflictos diarios.

Uno de los hechos ocurrió en las inmediaciones del peaje de la autopista Las Américas.

De acuerdo con la Policía Nacional, un conductor fue captado en video presuntamente amenazando con un arma de fuego a otro hombre tras un conflicto relacionado con el paso de los vehículos en el peaje.

«Si te metes te doy un tiro», advertía al otro conductor.

La institución informó que investiga el incidente para establecer responsabilidades y reiteró el llamado a la prudencia, la tolerancia y la resolución pacífica de las controversias.

Reseña El Dia que otro video, difundido ampliamente en redes sociales, muestra una escena igualmente alarmante.

En esta ocasión, un hombre desciende de un vehículo con un arma de fuego y se dirige hacia otro automóvil en el que viajaban mujeres y niños.

«Angelo no bajes el vidrio… hay niños», se escucha decir con desesperación a una de las ocupantes mientras intenta impedir cualquier confrontación.

«Yo tengo una niña», repite en medio del miedo, consciente de que un momento de ira podía terminar en tragedia.

El hecho provocó múltiples reacciones, no solo por la presencia de menores de edad, sino por la facilidad con la que una discusión entre conductores escaló hasta una amenaza con arma de fuego.

Los recientes episodios de violencia en las vías públicas no son hechos aislados.

En los últimos días también circularon otros dos videos que generaron preocupación.

En uno de ellos, ocurrido en las inmediaciones del peaje de la autopista Las Américas, dos conductores protagonizaron una confrontación en la que uno de ellos presuntamente amenazó al otro con un arma de fuego, hecho que es investigado por la Policía Nacional.

En otro audiovisual, un hombre desciende de su vehículo portando un arma y se dirige hacia otro automóvil donde viajaban mujeres y niños.

«No bajes el vidrio… hay niños», se escucha decir con angustia a una de las ocupantes mientras intenta evitar que la situación escale.

Otro de los casos que más conmocionó al país fue el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de desechos, quien murió tras ser perseguido por un grupo de motoristas luego de un aparente incidente de tránsito en Santiago.

La investigación del Ministerio Público sostiene que la víctima fue acorralada hasta el parqueo del Palacio de Justicia, donde fue atacada con armas blancas.

Por el caso, siete motoristas enfrentan prisión preventiva, acusados de actuar de manera coordinada para perseguir y dar muerte al chofer.

A ese hecho se suma otro incidente ocurrido en Santo Domingo Oeste.

Una jueza impuso tres meses de prisión preventiva contra Gregrori Gelabert González, alias «Negro Malo», acusado de agredir física y verbalmente a Henry Yubane Arias González, conductor de un autobús del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), durante un altercado ocurrido tras un roce vehicular en el sector El Café de Herrera.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el imputado también agredió a la asistente del conductor, Ybianca Yinet Castillo, y a Wilkins Emergido, quien intentó grabar el incidente con su teléfono celular.

El hecho ocurrió mientras el autobús transportaba estudiantes, tres de los cuales entraron en pánico y descendieron del vehículo al presenciar la agresión.

El altercado, captado por las cámaras de seguridad del autobús, volvió a evidenciar cómo una diferencia cotidiana en la vía pública puede escalar rápidamente hacia la violencia.

Aunque ocurrieron en contextos distintos, todos estos casos tienen un elemento en común: conflictos cotidianos que terminaron convirtiéndose en expresiones de violencia extrema.

¿Qué está pasando con la forma en que los dominicanos enfrentan las diferencias?

Para el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Julio Ravelo Astacio, no se debe asumir automáticamente que estos comportamientos responden a un trastorno mental.

«Muchas personas creen que solamente hay agresión o acciones violentas cuando la persona tiene un trastorno mental franco. Pero no es así. La mayor parte de los actos agresivos y violentos, e incluso muchos feminicidios, son cometidos por personas que no tienen un trastorno mental ni han estado nunca en tratamiento psiquiátrico», explica.

El especialista considera que el país atraviesa un momento de creciente irritabilidad y baja tolerancia a la frustración.

«La gente se ha vuelto más irritable de la cuenta. Tolera menos cualquier ofensa, cualquier chiste o cualquier broma. Hoy día cuenta enormemente esa actitud tan agresiva que estamos teniendo frente al otro», afirma.

Ante ese panorama, Ravelo Astacio insiste en la necesidad de fortalecer la inteligencia emocional como una herramienta para enfrentar los conflictos sin recurrir a la violencia.

«Hace falta una inteligencia emocional que ayude a que la persona, cuando tenga que enfrentar un conflicto o una dificultad, analice primero y valore su respuesta. Porque en el asunto de un pleito no hay ganador. Si una persona muere, una familia queda destruida; y quien sobrevive probablemente termine en prisión durante muchos años. En ambos casos, las familias resultan profundamente afectadas», sostiene.

Para el especialista, cada reacción impulsiva puede desencadenar consecuencias irreparables.

La pregunta que queda abierta es cómo detener esa escalada antes de que una diferencia cotidiana vuelva a convertirse en una tragedia.

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Panorama

Envían al área de psiquiatría de Najayo a sargento acusada de matar a su hija en Manoguayabo

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El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.

La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.

El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.

El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.

Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde en la vivienda familiar de la calle Deni Moreta, cuando la imputada atacó a la menor dentro de su habitación con el equipo, causándole una herida en el cuello que le provocó la muerte.

El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.

Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.

Vía Listín Diario/Ramón Cruz Benzán

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