Con una almohada cubriéndole el rostro para evitar ser captada por la prensa, llegó al tribunal la mañana de este jueves Carmen Magalys Medina Sánchez, la hermana del expresidente Danilo Medina acusada en el escándalo de corrupción de la Operación Antipulpo.

A Carmen Magalys Medina, quien está bajo arresto domiciliario, se le revisará la medida de coerción y con ella, también a su hermano Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado en este caso de corrupción. Además de otros nueve acusados de prestanombres y ser testaferros en el entramado.

El Ministerio Público asegura que Carmen Magalys, en su condición de vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), maniobró para que su hermano Juan Alexis Medina Sánchez y sus empresas fueran beneficiados con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado.

El pasado lunes, la directora de Persecución de la Procuraduría General, Yeni Berenice Reynoso, dijo que tiene evidencias de que los implicados en este caso han hecho maniobras para ocultar y destruir pruebas. “Y eso, frente al proceso, el legislador manda a que se sancione con una medida que garantice que esas evidencias no van a ser destruidas”, agregó.

Entiende que en este caso, la prisión preventiva será la medida que garantiza que los imputados respondan ante la sociedad por los delitos cometidos.

Se recuerda que esta revisión se llevaría a cabo el pasado lunes, cuando el Ministerio Público solicitó al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez Abreu, que no se conociera la revisión de la medida a seis de los imputados a los que la Corte les había ratificado la prisión preventiva.

Sin embargo, el juez rechazó este pedimento ordenando que este jueves se le revise la medida a los once procesados.

Además de los hermanos Medina Sánchez, están en el proceso Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); y Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oisoe, quienes están en prisión.

También Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Wacal Vernabel Méndez Pineda, Julián Esteban Suriel Suazo y a José Dolores Santana Carmona, imputados como presuntos testaferros de Alexis Medina.

Se le revisará el arresto domiciliario a Carmen Magalys; Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República, y la presentación periódica impuesta al encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz.

FUENTE: Diario Libre

Los representantes legales del exdirector de la Ofici­na para el Reordenamien­to del Transporte (Opret), Diandino Peña, asegura­ron este miércoles que su cliente retornará a las ofi­cinas de la Procuraduría Especializada en Persecu­ción de la Corrupción Ad­ministrativa (Pepca) cuan­tas veces sea necesario.

Así lo expresaron tras la finalización del interro­gatorio del exfuncionario con las autoridades de la justicia, minutos antes de la 5:00 de la tarde.

Sin embargo, no espe­cificaron cuándo volvería a ser entrevistado o si la Pepca requirió su presen­cia otra vez.

Asimismo, Peña se re­husó a comentar sobre la interpelación, como igual­mente lo hizo a su llegada al Ministerio Público.

El exfuncionario llegó a la Pepca antes de las 4:00 de la tarde, hora pautada para su entrevista con el órgano persecutor, y al ser abordado por periodistas afirmó que no tiene cono­cimiento de la razón por la que lo llamaron.

La acusación
Peña fue citado para comparecer ante la Pep­ca luego de que a media­dos del pasado mes se de­positara una querella en su contra en la Procuradu­ría General de la Repúbli­ca (PGR), donde lo acu­saron de sustraer más de RD$9,200 millones duran­te su gestión en la Opret, a través de múltiples compa­ñías.

En la querella se acusa a Peña, su esposa y otros fa­miliares y presuntos testa­ferros, presuntamente de cometer los crímenes de asociación de malhecho­res, estafa contra el Esta­do, prevaricación, lavado de activos provenientes de la corrupción y otros delitos sancionados por el Código Penal Dominicano.

La querella de la orga­nización “Sed de Justicia” especifica que Peña, en su condición de director de la Opret, usó como cortina a 14 empresas asociadas a sus hijos, esposa, yerno y amigos íntimos para ha­cerse con una considera­ble cantidad de contratos de obras en la construcción de las líneas del Metro de Santo Domingo, violando varias leyes, incluida la Ley 340-06 de Compras y Con­trataciones Públicas, y la de administración pública .

Según la querella penal, el esquema de corrupción incluyó contratos grado a grado, simulación de proce­sos de compras por compa­ración de precios y el desvío de los materiales del Me­tro de Santo Domingo para Diandino Peña y sus socios construir la lujosa plaza co­mercial Silver Sun.

Destitución de Opret
También en mayo de 2017, la periodista Alicia Ortega publicó un reportaje en el programa El Informe, don­de reveló datos sobre la ale­gada fortuna no declarada del ingeniero Peña.

Durante la entrevista que generó un gran debate en el país, Peña dijo: “No estoy preparado para esta entre­vista. Puedo traer a mis fi­nancieros y los documen­tos. No puedo recordar 45 años de trayectoria profe­sional”,

Y gregó: “Yo puedo traer a mi equipo para dar las ex­plicaciones, porque dijo a mi asistente hablaríamos sobre mi trayectoria profe­sional, no sobre las intimi­dades de mis empresas”, agregó el funcionario.

Cuatro días después de presentada esta investiga­ción de El Informe el inge­niero Diandino Peña fue destituido de su cargo como director de la Opret el 13 de mayo, mediante el decreto el decreto 168-17, emitido por el entonces presidene Danilo Medina, y en su lu­gar designó a Manuel Anto­nio Saleta García.

CRONO
2000
En el 2000, con la llega­da del gobierno de Hipó­lito Mejía, Diandino Pe­ña fue uno de los acusa­dos de malversar más de RD$1,438 millones del programa gubernamen­tal Plan Eventual Míni­mo de Empleo (PEME), pero fue excluido del ca­so en 2007. or.

2007
En abril de 2007, siendo Leonel Fernández otra vez presidente de la Re­pública, la Fiscalía del Distrito Nacional retiró la querella del caso PE­ME, la cual fue acogida por el Segundo Tribu­nal Colegiado del Juzga­do de Primera Instancia del Distrito Nacional y declaró la absolución de Diandino Peña y los de­más acusados.

FUENTE: Listín Diario