Panorama
Diputados aprueban compra de vacunas Pfizer por US$119,999,880
La Cámara de Diputados aprobó el contrato suscrito con la farmacéutica Pfizer, por un monto de US$119,999,880 para adquirir 9,999,990 dosis de vacuna para prevenir el COVID-19.
La iniciativa fue aprobada con 99 votos a favor, 57 votos en contra y 8 abstenciones.
El pleno de la Cámara de Diputados acogió el informe favorable rendido por la Comisión de Salud, presidida por el diputado Francisco Alberto Díaz García, con 95 votos a favor, 11 en contra y 54 abstenciones.
Siete de 15 diputados no firmaron dicho informe. Se trata de los diputados peledeístas María Mercedes Fernández Cruz, Getrude Ramírez Cabral, Ivannia Rivera Núñez, Magda Rodríguez Azcona y Damaris Vásquez Castillo. Tampoco firmaron el informe los diputados perremeístas Ramón María Ceballo Martes y Jhonny de Jesús Medina Santos.
El contrato de fabricación y suministro, remitido el pasado 10 de mayo por el presidente Luis Abinader al Senado de la República, sustituye íntegramente el anterior pliego de condiciones vinculante, aprobado en el Congreso Nacional el 29 de enero pasado.
El nuevo contrato fue sancionado el pasado 11 de mayo en el Senado, luego de liberar el procedimiento de remitirlo a comisión.
Debates
Al pedir el voto favorable de sus colegas de hemiciclo, Francisco Alberto Díaz García, presidente de la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados, recordó que el país está viviendo un nuevo brote del COVID-19 y que hoy la tasa de positividad es de un 18 por ciento y ayer se registraron 13 muertes.
Argumentó que con la llegada de esas nuevas dosis de vacunas contratadas con la Pfizer los adolescentes de más de 12 años podrán ser vacunados.
Destacó que el gobierno sigue siendo responsable al remitir ese tipo de contrato y que se trata de la salud del pueblo de “nuestros hijos”.
En tanto que el diputado peledeísta Víctor Suárez dijo que esa bancada no apoyaría la renovación de dicho contrato de préstamo porque se trata de un convenio que no se cumplió y que la República Dominicana renunció a la posibilidad de actuar judicialmente si la farmacéutica incumple, como lo ha hecho.
Para él es cuestionable que se quiera decir ahora que los niños entre 12 y 15 años puedan ser vacunados, cuando eso científicamente no está comprobado.
También advirtió que el país ha contratado la compra de 26 millones de vacunas que, si se aplican en dos dosis, se podrían vacunar unas 13 millones de personas y que solo se pueden vacunar unas 7.8 millones de personas.
Cuestionó que vayan a sobrar unos 10 millones de dosis de vacunas y que, además, se esté inventando con reformar con una tercera dosis, lo que tampoco está científicamente comprobado.
Para él “hacer negocio con el Estado de manera maliciosa es malo” y lamentó que las autoridades se aprovechen de la pandemia para incurrir en ese tipo de acciones.
Indicó que “es doblemente inmoral si queremos involucrar niños” en el proceso de vacunación”.
Asimismo, Omar Fernández, diputado de la Fuerza del Pueblo, aunque afirmó que esa bancada otra vez apoyara con su voto favorable un préstamo para comprar vacunas, llamó al gobierno a revisar bien los contratos que suscribe y a reflexionar profundamente al respecto.
Cuestionó que la Pfizer no haya ni siquiera cumplido con la primera parte de las dosis de las vacunas contra el COVID-19 y que el actual contrato no solo sustituye el anterior, que fue sancionado en el Congreso Nacional, sino que lo amplia.
Mientras que el vocero de los diputados reformistas, Máximo Castro Silverio, manifestó que aunque ese bloque “ha pagado caro por ser coherente” mantendrá su posición de apoyar todo lo que sea a favor del sistema sanitario.
Reconoció que a veces no encuentra respuestas ante preguntas de los electores sobre la modificación de ese contrato de préstamo sin haber el país recibido una primera dosis de esa vacuna.
“El bloque del partido reformista va a votar por esta inequidad”, expresó.
El vocero del bloque de diputados PLD, Gustavo Sánchez, advirtió que esa bancada votaría en contra de lo que consideró “una ignominia y un arrodillamiento” del pueblo dominicano.
Mientras que el vocero del bloque de diputados PRM, Julito Fulcar, pidió el cierre de debates, lo que fue aprobado por el pleno con 91 votos a favor y 64 en contra.
Exhortó al diputado peledeísta Víctor Suárez a presentar las pruebas sobre su denuncia de corrupción que supuestamente se habría incurrido en torno a la suscripción de ese contrato de préstamo con la farmacéutica Pfizer.
FUENTE: Diario Libre
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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