La reciente Operación Dis­covey desmantelada por las autoridades del Minis­terio Público, la organi­zación criminal operaba a través de centros de lla­madas “call centers” que estaban compuestos por diversas personas que ma­nejan el idioma inglés, la tecnología y se prestaban para ser agentes operado­res que contactan a las víc­timas estafándolas y ex­torsionándolas conforme a un guion previamente establecido por el propie­tario o administrador del mismo.

El uso de la tecnología ha sido su principal he­rramienta, toda vez, que utilizan sistemas de redi­reccionamiento para lla­madas simuladas para la comisión del ilícito.

Enriqueciéndose por más de cien millones de dólares, relacionados a los hechos punibles de estafa internacional, extorsión, usurpación de funciones, porte ilegal de armas, aso­ciación de malhechores y lavado de activos, reseña el Listín Diario.

Su modus operandi era a través de llamadas uti­lizando diversos subter­fugios, como “extorsión”, intimidación, envío de medicamentos utilizan­do “delivery”, usurpación de funciones de oficiales de los Estados Unidos de América como agentes del FBI, robo de identidad en­tre otros para obligar a los estafados a enviar dinero.

Los acusados realiza­ban estafas internaciona­les desde la República Do­minicana en perjuicio de personas residentes en los Estados Unidos de Nor­teamérica para posterior­mente transferir los capi­tales ilícitos obtenidos y blanquearlos.

Además, utilizaban co­mo medio para el movi­miento de estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos, depósitos a tra­vés de remesadoras, como Caribe Express, Western Union, entre otras. Estos movimientos económicos se realizaban a favor de be­neficiarios y terceras perso­nas.

Inversiones del grupo
Colocaron millonarios fon­dos en efectivo que reci­bían de sus operaciones ilícitas, como la estafa in­ternacional y el tráfico de armas, a través de empre­sas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, te­le servicios, tele atención, inmobiliarias, empresas de elaboración y venta de puertas, ventanas y renta de vehículos.

También de servicios de transporte de personas, in­termediario de ventas de vehículos, servicios de trac­king vía GPA, servicios de chofer personalizado, a tra­vés de la producción de mú­sica y video del género ur­bano, dealers, vehículos de lujo, fincas, prendas coto­sas (relojes, cadenas), entre otros.

Otra de las característi­cas de esta organización cri­minal es la tenencia y co­mercialización de armas de fuego de forma ilegal, su afiliación a la organización criminal internacional de­nominada “Los Trinitarios”.

La mayoría de los inte­grantes de esa organización han sido deportados de los Estados Unidos de Améri­ca, otros tienen anteceden­tes penales en el país, así co­mo su vinculación constante a individuos que se dedican a la venta de drogas en la ciu­dad de Santiago de los Caba­lleros donde tenían su centro de mando y operación.

Portaban armas de fue­go de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas pa­ra uso de policías y militares como es el caso de las suba­metralladoras Uzi.

Invirtieron dinero ilíci­to en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compran conciencias, leal­tades e impunidad.

La red criminal utilizaba diversas maneras para esta­far a sus víctimas, utilizan­do habilidades de ingenie­ría social.

Según plantea el Minis­terio Público en su solicitud de medidas de coerción, la red infundía terror en sus víctimas luego de obtener datos personales de ellos para que estos les deposita­ran dinero.

De manera resumida el Ministerio Público plantea que los miembros de la des­mantelada red “infundían terror a personas diciéndo­les que podían secuestrar­los a ellos y su familia. Es­to les garantizaba que las víctimas pudieran deposi­tar altas sumas de dinero en dólares, logrando así el re­sultado del crimen”.

Ya de manera más especí­fica, el ente de justicia detalla que la red utilizaba diversas maneras en que los estafado­res adulteraban, en primer lugar, su identificación.

Sobre esto, explica en el expediente que utiliza­ban proveedores especiali­zados en servicios de “caller ID spoofing”, basados en in­ternet.

Tras esto, el atacante, quien buscaba disfrazar su número, iniciaba sesión en el sitio web del proveedor de servicios de spoofing y proporcionaba la informa­ción de pago.

“Una vez dentro del sitio, provee su propio número -generalmente pertenecien­te a una tarjeta prepaga ad­quirida sólo con propósitos maliciosos-, el número de la víctima, y la identificación falsa a ser mostrada a esta última”, explica.

El paso siguiente consis­tía en que el proveedor lla­ma al atacante al número suministrado, luego llama a la víctima y acto siguien­te unen ambas comunica­ciones junto con la informa­ción legítima.

Habiendo concretado to­dos estos pasos, el destina­tario de la estafa ve la iden­tificación falsa, contesta la línea y es comunicado di­rectamente con el atacante, quien procede con su mo­dus operandi para conseguir grandes sumas de dinero.

Aplazan coerción
La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Yibeti Polan­co, aplazó para el lunes 14 de este mes el cono­cimiento de medida de coerción contra los im­plicados la Operación Discovery.

La magistrada tomó la decisión tras la solicitud realizada por los abo­gados de los acusados, quienes pidieron el ex­pediente de manera físi­ca y no digital.

Operación Discovery se dio a conocer la sema­na pasada, tras el des­mantelamiento de una presunta red acusada de estafar a cientos de ciu­dadanos en Estados Uni­dos de diversas formas, incluyendo la extorsión sexual, económica y el robo de identidad.