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Panorama

Diputados aprueban reforma al Código Penal pero Senado no descarta realizar modificaciones

Publicado hace

12 meses

en

Tras más de 14 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión el proyecto de ley que reformaría el Código Penal del país con una adición superior a las 70 tipificaciones y agravamiento de sanciones.

Esto significa que la pieza legislativa pasará al Senado de la República para ser conocida en una única lectura. En caso de ser convertida en ley, el Poder Ejecutivo tendrá el veredicto, decidiendo sobre la promulgación o no de lo que puede ser el primer marco penal dominicano.

La votación final terminó con 159 a favor y 4 votos en contra.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, reveló que sus colegas no descartan modificar nuevamente el documento al recibirlo. De ser alterado, regresaría a manos de los diputados, donde debe ser aprobada de manera definitiva, ya que, si no lo hiciesen, el proyecto de ley pasa a ser desechado.

En el hemiciclo, más de 50 diputados solicitaron un turno a la palabra y más de 60 propusieron modificaciones, de las cuales no todas fueron aceptadas, reseña el Listín Diario.

Carreras ilegales
Los representantes de la Cámara Baja permanecieron durante horas optando por manifestar sus posiciones en el hemiciclo, valorando la propuesta consensuada con la Procuraduría General de la República (PGR).

Dentro de las acciones por las cuales podrían ser los ciudadanos dominicanos encarcelados se encuentra la realización de carreras ilegales, siendo condenados con entre 10 o 20 años de prisión mayor.

Junto a una multa de 20 a 30 salarios mínimos del sector público.

Ciberbullying
Adiciona un artículo luego del 122 para que incluir el “ciberbullying”, el cual sucede cuando, a través de cualquier medio o plataforma digital, una persona comparta o difunda información personal, fotos, vídeos o cualquier otro tipo de material íntimo o humillante, o mensajes, correos electrónicos, comentarios o cualquier otra comunicación en plataforma digital o electrónica con contenido amenazante, obsceno, insultante o intimidatorio.

Este delito sería penado con dos a cinco años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos.

Eximente para el aborto
Los congresistas entendieron que no era necesario eliminar las sanciones para la interrupción al feto en las tres causales: estas se registran cuando el embarazo sea producto de una violación, al igual que en los casos en los cuales la vida del feto o la madre sea inviable.

No obstante, a diferencia del conjunto de leyes actual originado en Francia durante el año 1810, aceptaron colocar un eximente que sí permite al personal médico realizar este tipo de operaciones para «interrumpir» la vida de la criatura.

“La interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado, no será sancionada si, para salvar la vida de la madre del feto o ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho”, indica el párrafo del artículo 112, titulado “Eximente”.

Sin embargo, este apartado no especifica el tipo de tribunal o procedimiento que se desarrollará para determinar que los doctores no tuvieron otra opción, antes de paralizar los signos vitales. El senador Moisés Ayala, quien es doctor en ginecología, sugirió el pasado 22 de julio un párrafo para aclarar este acápite. Pero, su moción no fue acogida.

Excención penal de las iglesias
Senadores como Rogelio Genao, principal proponente del documento legislativo, intentan desde la anterior legislatura aprobar en el artículo 13, de lo que sería el nuevo marco penal del Poder Judicial, una exención para las iglesias.

«En el caso de las iglesias, sacerdotes, pastores, líderes o autoridades religiosas comprometerán su responsabilidad penal cuando cometan una infracción en supuesta o real representación o gestión de la iglesia, en tales caso, la responsabilidad recaerá sobre el infractor», esta propuesta presentada por Pacheco fue acogida.

En tanto, la responsabilidad de los partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas, reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE), serán regulados por la Ley 20-23 y 33-18.

Ácido del diablo
En tanto, el artículo 103 condenaría los daños por sustancias químicas.

Quien arroje a otra persona una sustancia tóxica, corrosiva, inflamable o de similar naturaleza, que le cause a la víctima alguna lesión, sería sancionado con una pena de 30 años de prisión mayor y multa de 30 a 40 salarios mínimos.

«Si la infracción causa la muerte a la víctima, el autor será sancionado con pena de cuarenta años de prisión mayor y multa de cincuenta a mil salarios mínimos del sector público», indica el tercer párrafo.

Caso Jet Set
El artículo 112 tipifica los atentados culposos contra la vida, para que quien por torpeza, imprudencia, inadvertencia o negligencia cause u ocasione la muerte a otro sería sancionado con dos a tres años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público.

«El propietario, o la persona que ostente la posesión o el dominio, de un inmueble o instalación destinada a la operación de comercio, espectáculos de cualquier naturaleza, aparcamiento de vehículos, hospedaje, prácticas o competencias deportivas, reuniones o convenciones, o cualquier otra actividad pública, privada o comercial, que en violación a las normativas lo obligue a introducir las reparaciones que sean necesarias, o a observar regulaciones específicas de construcción y seguridad física, a realizar ampliaciones con la debida autorización, provoque la muerte de varias personas», estos casos serían clasificado de la siguiente manera:

– Si muere una persona, se sancionará con cinco años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público;

– Si mueren entre dos y cinco personas, se sancionará con cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público;

– Si mueren más de cinco personas, se sancionará con diez años de prisión mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos del sector público.

Violencia intrafamiliar
Ante la preocupación que manifestaron en la opinión pública diversos sectores de la sociedad, los diputados también agregaron un párrafo para garantizar que la educación y disciplina a los hijos por parte de los padres o tutores, «siempre que se haga respetando el principio del interés superior del niño», no termine siendo una violación.

Prisión para policías
La mayoría de legisladores de la Cámara Baja están de acuerdo con adicionar varios párrafos a un artículo incluido para los agentes de la Policía Nacional e integrantes de cuerpos castrenses que les impidan a ciudadanos la grabación durante sus intervenciones.

El artículo 286 no permitiría que ningún miembro militar o policial detenga la grabación o filmación de un «arresto, registro o allanamiento» practicado en su contra o contra un tercero.

«(Sería) sancionado con quince días a un año de prisión menor y multa de una a dos veces el salario que perciba el imputado al momento de la comisión de la infracción», dispone.

No obstante, uno de los parrados incluidos por los diputados aclara que el artículo no es aplicable «cuando se interfiera con la labor del agente o ponga en riesgo su integridad».

Además, protege a la persona intervenida, ya que, a pesar de garantizarle el derecho a una tercera persona evidenciar el hecho, «la grabación solo podrá ser publicada» con su consentimiento.

Vehículos de ciudadanos
Los diputados también acordaron agregar un artículo que versa sobre la revisión injustificada de vehículos de motor.

«El agente policial, militar o funcionario encargado de hacer cumplir la ley que ordene o realice la revisión de un vehículo de motor, fuera de los supuestos expresamente autorizados por la ley, o en ausencia de causa probable de una infracción penal, será sancionado con quince días a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público», indica en el contenido.

Si la acción de policías o militares fuese producida con el «uso de la fuerza injustificada, daño al vehículo, intimidación o daño personal» la pena sería aumentada de uno a dos años de prisión menor. Al igual que elevaría la multa de tres a seis salarios mínimos.

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Panorama

Violencia en el tránsito: salir a la calle es un deporte extremo en RD

Publicado hace

27 minutos

en

julio 21, 2026

Por

En cuestión de días, varios episodios de violencia registrados en las calles dominicanas han vuelto a generar preocupación.

Lo que comenzó como diferencias cotidianas terminó con personas agredidas y armas de fuego desenfundadas, evidenciando el nivel de tensión con el que muchas personas enfrentan conflictos diarios.

Uno de los hechos ocurrió en las inmediaciones del peaje de la autopista Las Américas.

De acuerdo con la Policía Nacional, un conductor fue captado en video presuntamente amenazando con un arma de fuego a otro hombre tras un conflicto relacionado con el paso de los vehículos en el peaje.

«Si te metes te doy un tiro», advertía al otro conductor.

La institución informó que investiga el incidente para establecer responsabilidades y reiteró el llamado a la prudencia, la tolerancia y la resolución pacífica de las controversias.

Reseña El Dia que otro video, difundido ampliamente en redes sociales, muestra una escena igualmente alarmante.

En esta ocasión, un hombre desciende de un vehículo con un arma de fuego y se dirige hacia otro automóvil en el que viajaban mujeres y niños.

«Angelo no bajes el vidrio… hay niños», se escucha decir con desesperación a una de las ocupantes mientras intenta impedir cualquier confrontación.

«Yo tengo una niña», repite en medio del miedo, consciente de que un momento de ira podía terminar en tragedia.

El hecho provocó múltiples reacciones, no solo por la presencia de menores de edad, sino por la facilidad con la que una discusión entre conductores escaló hasta una amenaza con arma de fuego.

Los recientes episodios de violencia en las vías públicas no son hechos aislados.

En los últimos días también circularon otros dos videos que generaron preocupación.

En uno de ellos, ocurrido en las inmediaciones del peaje de la autopista Las Américas, dos conductores protagonizaron una confrontación en la que uno de ellos presuntamente amenazó al otro con un arma de fuego, hecho que es investigado por la Policía Nacional.

En otro audiovisual, un hombre desciende de su vehículo portando un arma y se dirige hacia otro automóvil donde viajaban mujeres y niños.

«No bajes el vidrio… hay niños», se escucha decir con angustia a una de las ocupantes mientras intenta evitar que la situación escale.

Otro de los casos que más conmocionó al país fue el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de desechos, quien murió tras ser perseguido por un grupo de motoristas luego de un aparente incidente de tránsito en Santiago.

La investigación del Ministerio Público sostiene que la víctima fue acorralada hasta el parqueo del Palacio de Justicia, donde fue atacada con armas blancas.

Por el caso, siete motoristas enfrentan prisión preventiva, acusados de actuar de manera coordinada para perseguir y dar muerte al chofer.

A ese hecho se suma otro incidente ocurrido en Santo Domingo Oeste.

Una jueza impuso tres meses de prisión preventiva contra Gregrori Gelabert González, alias «Negro Malo», acusado de agredir física y verbalmente a Henry Yubane Arias González, conductor de un autobús del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), durante un altercado ocurrido tras un roce vehicular en el sector El Café de Herrera.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el imputado también agredió a la asistente del conductor, Ybianca Yinet Castillo, y a Wilkins Emergido, quien intentó grabar el incidente con su teléfono celular.

El hecho ocurrió mientras el autobús transportaba estudiantes, tres de los cuales entraron en pánico y descendieron del vehículo al presenciar la agresión.

El altercado, captado por las cámaras de seguridad del autobús, volvió a evidenciar cómo una diferencia cotidiana en la vía pública puede escalar rápidamente hacia la violencia.

Aunque ocurrieron en contextos distintos, todos estos casos tienen un elemento en común: conflictos cotidianos que terminaron convirtiéndose en expresiones de violencia extrema.

¿Qué está pasando con la forma en que los dominicanos enfrentan las diferencias?

Para el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Julio Ravelo Astacio, no se debe asumir automáticamente que estos comportamientos responden a un trastorno mental.

«Muchas personas creen que solamente hay agresión o acciones violentas cuando la persona tiene un trastorno mental franco. Pero no es así. La mayor parte de los actos agresivos y violentos, e incluso muchos feminicidios, son cometidos por personas que no tienen un trastorno mental ni han estado nunca en tratamiento psiquiátrico», explica.

El especialista considera que el país atraviesa un momento de creciente irritabilidad y baja tolerancia a la frustración.

«La gente se ha vuelto más irritable de la cuenta. Tolera menos cualquier ofensa, cualquier chiste o cualquier broma. Hoy día cuenta enormemente esa actitud tan agresiva que estamos teniendo frente al otro», afirma.

Ante ese panorama, Ravelo Astacio insiste en la necesidad de fortalecer la inteligencia emocional como una herramienta para enfrentar los conflictos sin recurrir a la violencia.

«Hace falta una inteligencia emocional que ayude a que la persona, cuando tenga que enfrentar un conflicto o una dificultad, analice primero y valore su respuesta. Porque en el asunto de un pleito no hay ganador. Si una persona muere, una familia queda destruida; y quien sobrevive probablemente termine en prisión durante muchos años. En ambos casos, las familias resultan profundamente afectadas», sostiene.

Para el especialista, cada reacción impulsiva puede desencadenar consecuencias irreparables.

La pregunta que queda abierta es cómo detener esa escalada antes de que una diferencia cotidiana vuelva a convertirse en una tragedia.

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Panorama

Envían al área de psiquiatría de Najayo a sargento acusada de matar a su hija en Manoguayabo

Publicado hace

1 hora

en

julio 21, 2026

Por

El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.

La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.

El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.

El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.

Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde en la vivienda familiar de la calle Deni Moreta, cuando la imputada atacó a la menor dentro de su habitación con el equipo, causándole una herida en el cuello que le provocó la muerte.

El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.

Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.

Vía Listín Diario/Ramón Cruz Benzán

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